Tras notificar hace dos meses al Gobierno argentino de la denuncia que hay en su contra por las pistolas Taser, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará ahora si el uso de las mismas viola los derechos humanos.
Según confirmaron desde la CIDH, la petición P-1712/16 que fue presentada hace casi tres años, entró ahora en la etapa de admisibilidad y el Estado argentino fue notificado hace unos dos meses.
«Al concluir el estudio preliminar y tomar la decisión de dar trámite, la petición fue notificada al Estado y pasó a etapa de admisibilidad. En esta etapa, la Comisión recibe información de las dos partes y debe culminar con la aprobación de un informe, sea de admisibilidad o de inadmisibilidad», comentaron desde el organismo principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Si el caso es admitido, desde la Comisión explicaron que «pasaría a ser un caso en etapa de fondo y allí es donde se va a estudiar si hubo o no hubo violación de derechos humanos en los hechos denunciados. Si determina que hubo violación, emitirá un informe de fondo que será enviado a las partes con recomendaciones para el Estado».
En tanto, esta semana, el Gobierno nacional aprobó a través de la Resolución 395/2019, la utilización de «armas electrónicas no letales» por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales, con el fin de «abordar situaciones» en las que sea necesaria la utilización de la fuerza «sin el empleo de armas de fuego».
La denuncia por el uso de las Taser ante el organismo internacional fue presentada en agosto de 2016 por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) y la Agrupación H.I.J.O.S. Capital y estuvo acompañada por una gran cantidad de personas, instituciones y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, tales como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, entre otras.
Cuestionamientos con historia
Los cuestionamientos al uso de las pistolas Taser comenzaron en 2010 cuando desde el ODH junto con HIJOS se presentó un amparo ante la justicia porteña por la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de comprar este tipo de armas para la Policía Metropolitana.
Tanto en el amparo como en la denuncia ante la CIDH se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial.
En las presentaciones se ponía en evidencia la «letalidad» de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
También señalaron que tanto Naciones Unidas como Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, ya que son considerados «elementos de tortura».
Tras varias instancias judiciales, en marzo de 2016 los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda y la jueza Elena Highton de Nolasco decidieron no analizar el caso, lo declararon «inadmisible» y autorizaron a la Policía Metropolitana usar las pistolas Taser.
La postura del gobierno
El pasado martes, el Gobierno a través del Ministerio de Seguridad, puso en funciones el «Reglamento general para el empleo de armas electrónicas por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de Seguridad federales».
Según el Gobierno, con esta norma se «permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego».
Y remarcó que las armas electrónicas resultan «un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes», al tiempo que señaló que le brindan a las fuerzas «una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego».
En el texto oficial, se hizo hincapié en que «la normativa y la doctrina internacional dan cuenta de los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en prestigiosas universidades».
Además, se concluye que «el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas».
