La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) convocó a un paro nacional por 48 horas para con movilización a Plaza de Mayo este jueves, en la primera jornada de huelga, cuando se concretará la Marcha Universitaria de Antorchas, que se concentrará en el Congreso nacional en defensa de la universidad pública, la ciencia, la tecnología y el salario. La medida de fuerza se hará “en unidad con el resto de las federaciones docentes universitarias, los y las trabajadorxs no docentes, las agrupaciones estudiantiles y las representaciones de los organismos de ciencia y técnica”, marcó Carlos De Feo, secretario General de Conadu.
La titular de Coad, el gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, Laura Ferrer Varela, confirmó la total adhesión local. La votación en la UNR, destacó la dirigente, resultó contundente al respecto: el 74,5% de un total de 1.358 docentes votó por intensificar las medidas de fuerza.
«Los docentes universitarios paramos y nos movilizamos para denunciar el ajuste en las universidades nacionales que se expresa, básicamente, en los recortes de presupuesto y en el congelamiento salarial», señaló Ferrer Varela.
La titular de Coad recordó que la última oferta que el gobierno nacional, considerada simplemente «insuficiente», que les hizo llegar el pasado 8 de mayo consistió en un 4% de aumento en junio sobre salario de marzo 2019 (se incorpora al básico), 4% en agosto y otro 4% septiembre, también en estos casos sobre el salario de marzo, es decir, no acumulativos. A eso le acopló otro 3% octubre; la incorporación de sumas no remunerativas no bonificables de enero y febrero 2019 para noviembre; la incorporación de las sumas no remunerativas no bonificables de marzo y abril 2019 en el mes de diciembre, y cláusula de actualización salarial (gatillo) para aplicarse en noviembre de 2019 y en febrero de 2020.
El nuevo ofrecimiento del gobierno representa una mejora de anteriores ofertas, pero por goteo. Y así lo hicieron ver las asociaciones de base, que ratificaron la Marcha Universitaria de Antorchas como epicentro del plan de lucha en cuyo marco se viene desarrollando una jornada nacional de protesta con clases públicas y asambleas por 72 horas.
En ese marco, los reclamos de Conadu son:
- Aumento salarial del 35%.
- Recuperación del salario perdido en 2018.
- Actualización automática por inflación (cláusula gatillo sin fecha).
- Blanqueo de las sumas en negro.
- Regularización de docentes contratados y ad honorem
- Fondos de capacitación docente.
El conflicto incluye a las 57 universidades nacionales en las que se desempeñan alrededor de 180 mil docentes investigadores. A su vez el sistema de educación superior abarca la formación de casi dos millones de estudiantes, de los cuales el 80% cursa en las universidades públicas, siendo uno de los porcentajes más altos de América en el sistema público estatal, destacó el secretario de Organización de la Conadu, Federico Montero. “La Marcha Universitaria de Antorchas está convocada en unidad desde la totalidad de los actores de la comunidad universitaria: las federaciones docentes, estudiantiles, el sindicato no docente y las agrupaciones de científicos e investigadores, además de diversos sectores de la comunidad. Esto demuestra que el reclamo no es sectorial sino que tiene que ver con la defensa de un modelo de universidad pública que es un ejemplo en el mundo, para la formación, la producción de conocimiento y para la construcción de un país con desarrollo económico y social con inclusión para todas y todos”, resaltó el dirigente.
“Defender la universidad pública y el desarrollo científico-tecnológico hoy es el camino para defender un futuro para la Argentina. Tenemos un gobierno que pretende destruir la educación en todos sus niveles, la ciencia y la tecnología para volvernos un país proveedor de materias primas; que es lo que los grandes capitales y los países centrales necesitan para mantener su supremacía en este siglo”, agregó De Feo.
Como contraste, el titular de Conadu recordó que en el país no sólo se implementó una política de salarios docentes a la baja sino de desfinanciamiento de las universidades nacionales «sistemáticamente aplicado desde el año 2016 por el gobierno de la alianza Cambiemos». Y ejemplificó: «La subejecución y demora en la transferencia de partidas, y la licuación del presupuesto por efecto de la inflación ha provocado la paralización del desarrollo del sistema universitario y enormes perjuicios para el funcionamiento normal de las instituciones en muy diversos planos de su actividad».
Con cifras exactas
El último informe elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la Conadu relevó que la crítica situación empeoró durante 2018 y lo que va de estre año:
- En 2018 las transferencias a las universidades nacionales representaron un 22,4% más que en 2017. Eso significa que el presupuesto creció 25 puntos porcentuales menos que la inflación de 2018.
- Se redujo de manera drástica el presupuesto destinado a inversiones en las universidades (transferencias de capital), que sufrieron un recorte del 67% nominal, y una subejecución del presupuesto residual (sólo se devengó un 45% del crédito final).
- La ejecución del presupuesto universitario de los distintos Ministerios y Secretarias de Estado (excluyendo el de las transferencias de la Secretaría de Políticas Universitarias) fue sólo de 27,9%, lo cual sería indicativo de la continuación del proceso iniciado en 2016 de reemplazar por consultoras privadas a las universidades nacionales, que hasta 2015 tenían un status preferencial para el Estado nacional.
- El nivel de ejecución presupuestaria al concluir 2018 ha sido el más bajo de todo el período del gobierno de Cambiemos, quedando sin ejecutar $6.200 millones. Esa subejecución se encuentra especialmente en el presupuesto que debía llegar a las universidades desde distintos Ministerios y Secretarías de Estado, y en las partidas que administra la Secretaría de Políticas Universitarias para: infraestructura (0%), Vinculación con el sector productivo y el sector científico-tecnológico (0%), Fundar (proyectos de desarrollo universitario), Proyectos Especiales, actividad de investigación de docentes universitarios y becas en el exterior.
- Al finalizar diciembre de 2018, se adeudaban $11.916 millones en todas las actividades, con niveles muy altos de retraso en actividades de investigación, Fundar, gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas (ex Progresar).
