Alejo Ramos Padilla, el juez que investiga una red de espionaje que salpica al gobierno nacional, quedó fuera de carrera para ocupar una vacante importante en la Justicia Federal de la provincia de Buenos Aires. El presidente Mauricio Macri pidió el acuerdo del Senado para la designación de Laureano Durán, actual secretario letrado de la Cámara Federal de La Plata, como titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata con competencia electoral.
El dato curioso es que el juez federal de Dolores, Ramos Padilla, había quedado primero en la terna de méritos. Jorge Di Lorenzo, secretario letrado el Juzgado Federal N°3 de La Plata, fue el segundo mejor puntaje. Y Laureano Durán, tercero en la lista de méritos, terminó siendo el elegido por el presidente Macri.
El pliego de Durán será analizado por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, que, como es de rigor, deberá primero emitir un dictamen para luego ser sometido a consideración del pleno del cuerpo para su aval definitivo.
Un cargo clave
El Juzgado Federal N°1 de La Plata resulta clave en este año, dado que es el encargado del controlar el desarrollo del proceso electoral en lo que respecta a las categorías nacionales que se pondrán en juego en la provincia de Buenos Aires tanto en las primarias del 11 de agosto como en las generales del 27 de octubre.
Según consta en la web del Senado, el mensaje 115/19 del Poder Ejecutivo, que “solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al Dr. Laureano Alberto Durán”, ingresó el jueves por Mesa de Entradas y el viernes fue girado a la Comisión de Acuerdos, encabezada por el senador Rodolfo Urtubey, del Bloque Justicialista.
La terna con los tres candidatos a jueces que surgieron del concurso realizado en el seno del Consejo de la Magistratura para cubrir el Juzgado Federal platense con competencia electoral había sido elevada al Poder Ejecutivo el pasado 16 de abril, encabezada, según el orden de mérito, por el juez Alejo Ramos Padilla, seguido por Jorge Di Lorenzo y, finalmente, por Laureano Durán.
Si bien por el puntaje obtenido por sus antecedentes y oral que rindió en el marco del concurso convocado por el Consejo de la Magistratura Ramos Padilla quedó ubicado en primer lugar, pero para Durán jugó a su favor el hecho de haber subrogado ese Juzgado Federal durante los comicios presidenciales de 2015.
Ese año, en diciembre, Durán fue desplazado de esa subrogancia por un fallo de la Corte Suprema bonaerense, con lo cual la competencia electoral en la provincia quedó transitoriamente a cargo de la jueza federal porteña María Romilda Servini y luego pasó a manos de Juan Manuel Culotta, que organizó las elecciones legislativas de 2017.
Luego, fue designado como subrogante el juez Alfredo Ziulu para cubrir, como lo hace actualmente, el Juzgado Federal N°1 de La Plata, vacante desde la muerte de su titular, el juez Manuel Blanco, el 2 de septiembre de 2014.
Finalmente, según surge del Mensaje 115/19 del Poder Ejecutivo, el presidente Mauricio Macri optó por designar a Laureano Durán, con lo cual, tal como lo establece la Constitución Nacional, envió su pliego al Senado para conseguir su aval.
Tras el debate que se dé en la Comisión de Acuerdos, surgirá un dictamen (a favor o en contra de la designación de Durán) que deberá ser considerado en el recinto donde, para conseguir el acuerdo definitivo del cuerpo, se requiere reunir el voto de una mayoría especial de los dos tercios de los senadores presentes.
Cumplido ese paso, el Poder Ejecutivo estará en condiciones de formalizar el nombramiento del nuevo magistrado a través de un decreto y de su publicación en el Boletín Oficial.
Una causa sensible
Ramos Padilla es el juez que se encuentra a cargo de la investigación de una presunta asociación ilícita dedicada a la extorsión y al espionaje ilegal que involucraría a funcionarios políticos y judiciales, por la que se encuentra detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio y por la cual se declaró en rebeldía al fiscal Carlos Stornelli.
La conducta del juez de Dolores está siendo investigada por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en un expediente abierto merced a una denuncia presentada en marzo por el representante del Poder Ejecutivo en ese cuerpo, Juan Bautista Mahiques, a raíz de la participación de Ramos Padilla en una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, a la que fue convocado a propósito de la investigación de la presunta red de espionaje.
