La reglamentación a la ley de protección integral a las mujeres, anunciada el lunes último por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entrará en hoy en vigencia tras ser publicada en el Boletín Oficial. El decreto 1011/2010 reglamenta la ley 26.485, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
El decreto, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, faculta al Consejo Nacional de las Mujeres, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación.
En sus considerandos la norma cita tratados y convenciones internacionales sobre la eliminación de todas formas de discriminación sexista, lo que obliga a los estados a “impulsar normas y políticas a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”.
Recuerda que desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Pekín en 1995, “es indudable que en la Argentina se han producido transformaciones positivas para las mujeres tales como, la elección de un significativo número de legisladoras en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, y que dos prestigiosas juristas han sido designadas ministras en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Agrega asimismo que “la incorporación de funcionarias en cargos importantes de decisión en el Poder Ejecutivo Nacional y en los Poderes Ejecutivos provinciales y municipales ha sido un jalón relevante en el camino a la igualdad entre hombres y mujeres” y destaca que “es notoria la mayor presencia de mujeres en el mercado laboral, aunque todavía con serias dificultades para acceder a puestos de relevancia y a percibir igual remuneración por igual tarea”.
La reglamentación indica también que “se evidencian en nuestra sociedad cambios graduales vinculados a transformaciones socioculturales que tienden a eliminar algunas diferencias de género”.
Sin embargo –dice la norma– “persisten las inequidades basadas en un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que, desde roles estereotipados de género y con la excusa de la diferencia biológica, fija las características de la masculinidad como parámetro de las concepciones humanas y así institucionaliza la desigualdad en perjuicio de las mujeres”.
La reglamentación remarca que la ley “es producto de años de esfuerzo de miles de mujeres que han luchado inclaudicablemente por alcanzar un espacio de igualdad real de oportunidades y de trato”.
Por último, especifica que la ley “tiene la responsabilidad ya no sólo de asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia doméstica sino que, además, le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia”.
