Este viernes la Justicia de Santa Fe ordenó un allanamiento en una casa del centro de Rosario donde, según una denuncia anónima, se hacían abortos de manera clandestina. La Policía detuvo a dos personas: un médico de 83 años y una mujer de 59, que primero dijo ser doctora y después se desdijo. Este sábado quedaron imputados y detenidos bajo prisión preventiva por 30 días. Según el fiscal Aníbal Vescovo, a cargo de la investigación, todo empezó hace un mes con un llamado anónimo y decía que el consultorio no tenía condiciones sanitarias adecuadas. El fiscal no inició causa sobre la pareja, una decisión que apunta a no criminalizar a quienes quieren abortar.
Este sábado la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Rosario emitió un comunicado en contra de las prácticas clandestinas y reafirmó el compromiso en la garantía de los abortos que son legales en Argentina desde 1921. En Rosario quienes integran la red trabajan en la salud pública en una experiencia inédita en el país: desde hace siete años no hay muertes de mujeres por aborto clandestino en la ciudad. “La ausencia de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) propicia la existencia de estos lugares clandestinos, donde prima el lucro por sobre el derecho a la salud integral de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, dijeron a través del comunicado. Mabel Gabarra, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, coincidió en que las clínicas de este tipo son consecuencia de la clandestinidad del aborto y de no tener ley.
Las consecuencias
La investigación judicial sobre la presunta clínica de abortos clandestinos en Rosario volvió a abrir el debate sobre las consecuencias de la ilegalidad de la práctica en el país. Quienes trabajan en la salud pública de Rosario y están nucleados en la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir se pronunciaron en contra de la clandestinidad “por los riesgos en la salud que produce y por la falta de derechos humanos fundamentales que las experiencias de estos circuitos generan”.
La red surgió en 2014 en apoyo al proyecto de ley de IVE de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito. Funciona en todo el país y reúne a quienes garantizan abortos no punibles. Ante los allanamientos de este viernes la red emitió un comunicado en el que pidieron al Estado garantizar la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), difundiendo los modos de acceso a los centros de salud públicos y privados. “Continuaremos acompañando a quienes así lo necesiten en el marco de la legislación vigente aplicando el protocolo de ILE dentro del sistema de salud de un modo seguro científicamente adecuado o la complejidad que cada situación requiera desde nuestros equipos de trabajo para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos hasta que sea ley”.
Efectos
Mabel Gabarra, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, agregó: “Esas son las consecuencias del aborto clandestino. Luchamos por el aborto legal porque no queremos que haya este tipo de lugares que tienen consecuencias sobre la salud y la vida de las mujeres. Oponerse al aborto legal tiene estas consecuencias. Estamos convencidas de que la clandestinidad sólo causa muerte y negación de derechos”.
En Argentina el aborto es legal por causales de violación y riesgo de salud desde 1921. En 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema reafirmó esas causales y solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo de ILE para garantizar el acceso en la salud pública y privada. El entonces Ministerio de Salud lo hizo, pero sólo 10 de 24 provincias de la Argentina lo cumplen. Santa Fe es una de ellas. En los centros de salud y hospitales de la provincia las mujeres y personas gestantes tienen derecho a la ILE. Las causales de aborto no punible se aplican con un criterio de ampliación de derechos y se entiende a la salud como física, psíquica, emocional y social, tal como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Rosario desde 2012 no hay muertes de mujeres por aborto clandestino gracias a una política que combinó la aplicación de los protocolos de ILE con la provisión de misoprostol, la droga considerada esencial por la OMS para abortos seguros. La clave fue pensar la legislación desde una perspectiva no restrictiva y que la decisión de abortar sea de la mujer y no del médico. Por año se hacen entre 500 y 600 abortos en hospitales y centros de salud. Las técnicas usadas son las más seguras: el misoprostol que viene en pastillas y permite a la persona gestante abortar de manera ambulatoria y la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), que tampoco necesita internación. El 80 por ciento de las ILE se hacen con misoprostol. La utilización de estos métodos es un avance en la eliminación del raspaje, que desde 2002 la OMS recomendó abandonar porque requiere internación y anestesia.
El protocolo de ILE tiene vigencia en todo el territorio nacional, tanto para la salud pública como privada. El problema es que en el sector privado no siempre lo aplica. El misoprostol puede ser recetado por el médico o médica de cabecera y se vende en farmacias bajo receta archivada. Desde 2013 la salud pública de Santa Fe lo entrega de manera gratuita. El año pasado el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) anunció que empezaría a producirlo para proveer a centros de salud y hospitales provinciales y de otros lugares del país.
Sin criminalizar
El allanamiento de este viernes fue en una casa en Mitre al 1200, donde vive el médico de 83 años. En el lugar funcionaba un consultorio, que estaba anunciado en la entrada de la casa con un cartel. El fiscal Vescovo ordenó escuchas telefónicas y si bien encontró varios llamados en los que pedían información para acceder a un aborto sólo uno se concretó este viernes con un turno. Cuando llegó la Policía de Investigaciones (PDI) encontró al médico, a la mujer que decía ser médica, y a una pareja que había solicitado la práctica. El fiscal Vescovo no inició causa sobre la pareja, una decisión que apunta a no criminalizar a quienes quieren abortar.
