La comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja unificó diversas propuestas de la oposición que buscan declarar la emergencia laboral en todo el territorio nacional. Sin embargo, desde el oficialismo presentaron una iniciativa en rechazo.
Entre los fundamentos de la oposición, se establece que “la declaración de emergencia propuesta responde a una situación de crisis que es de público conocimiento ante la gran cantidad de despidos que se han efectuado durante el año 2018 y que vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional”.
Asimismo, destaca que “el trabajo es un derecho humano fundamental considerado como el gran ordenador de la vida social, comunitaria y familiar, y constituye la principal fuente de la dignidad social de un pueblo”.
Al respecto, el presidente de la comisión, Sergio Ziliotto (Justicialista), explicó que la “idea fue llegar a un texto único para dar el debate”. “Tiene que ver con la defensa de los trabajadores en este contexto de crisis”, agregó.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño advirtió que “es una necesidad tomar medidas contundentes para proteger el empleo”.
No obstante, el diputado nacional Albord Cantard (UCR) adelantó que desde Cambiemos presentaron un dictamen en rechazo porque “sin desconocer los índices de desempleo, no están dadas las condiciones del estado de emergencia”.
Frente a esto, el diputado Facundo Moyano (Red por Argentina) aprovechó para denunciar la pérdida de 252.000 puestos de trabajo durante 2018 y pidió a los bloques “generar un hecho político y visibilizar el tema con su tratamiento en el recinto”.
En ese contexto, la comisión dictaminó sobre un pedido de informes al Ejecutivo sobre la situación de Télam; la creación del Programa Intercosecha; proyectos de inembargabilidad de las cuentas sueldo; y con disidencia de Cambiemos se dictaminó también la reincorporación inmediata de los trabajadores cesanteados en las fábricas militares de Villa María y Fray Luis Beltrán de Córdoba, entre los meses de diciembre de 2017 y agosto de 2018. A eso se añadió un proyecto para garantizar la fuente de trabajo de empleados del Ente Nacional de Regulación de Electricidad, ante el traspaso a las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
