Soledad Quiroga / Tiempo Argentino
Se cumple un nuevo aniversario del peor ataque a la prensa de la democracia reciente. Hace tres años, cuando la Cooperativa Por Más Tiempo transitaba apenas tres meses de autogestión tras el abandono y vaciamiento del Grupo 23 por parte de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, el estafador y falso empresario Juan Mariano Martínez Rojas irrumpió junto a una patota en el edificio de Colegiales donde funcionaban la redacción y los estudios de Radio América para destruir las instalaciones con complicidad policial.
En las primeras horas del 4 de julio de 2016, mientras caía sobre Buenos Aires una fuerte tormenta, un exaltado Martínez Rojas y un séquito de violentos se acercaron al edificio de Amenábar 23 acompañados por efectivos de la comisaría 31ª de la Ciudad. Sin haber acreditado el alquiler o la propiedad del lugar, violentaron la puerta de emergencia, cambiaron las cerraduras y se movieron a sus anchas por la planta baja, donde estaba la radio, y los tres pisos del diario. Una vez adentro, los delincuentes echaron a golpes y amenazas a los tres trabajadores de Tiempo que pernoctaban allí, en resguardo de los elementos laborales tal como lo había dispuesto el Ministerio de Trabajo de la Nación. Nahuel De Lima, que cuenta con una grave discapacidad motriz, fue el más afectado.
La patota logró destruir equipos de trabajo y cortar las redes de comunicación del medio cooperativo. Unas semanas antes, Martínez Rojas había copado de manera similar la planta trasmisora de Radio América. Si bien el juez federal Daniel Rafecas había abierto una causa por interrumpir un servicio de comunicación, el expediente no había avanzado.
En un principio, por los hechos de Amenábar 23, intervino la fiscal Verónica Andrade y la jueza contravencional y de faltas porteña María Julia Correa por la supuesta intrusión en el lugar, un delito menor. Pero después, gracias a la intervención de la abogada de la Correpi María del Carmen Verdú, la causa pasó al fuero federal por la gravedad del episodio y la supuesta comisión de los delitos federales de interrupción de un servicio de comunicación, atentado a la libertad de expresión y lesiones.
Durante varios meses tanto Rafecas como el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi no quisieron hacerse cargo del expediente. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia reprendió a ambos magistrados y resolvió que Martínez de Giorgi era quien debía llevar las riendas de la investigación. La Procuvin designó durante más de dos años una consigna de Prefectura permanente para que los trabajadores puedan desempeñar sus tareas sin represalias.
A mediados de 2018, Martínez Rojas fue deportado de Estados Unidos, donde se había refugiado acusado de diferentes estafas millonarias. En noviembre de ese año, Rafecas procesó a Martínez Rojas –quien ya estaba preso por otras causas- por la violenta toma de la planta de trasmisión de Radio América, en Pergamino 4055, Capital, el 11 de junio de 2016. El juez comprobó que el falso empresario no tenía derechos de propiedad sobre la emisora.
En diciembre, el entonces comisario Jorge Guillermo Azzolina de la secciónal 31ª, confesó en sede judicial haber sido el nexo entre el estafador Juan Mariano Martínez Rojas y Juan Carlos Blander, el jefe de los matones que actuó en aquella madrugada.
Azzolina reconoció que Martínez Rojas le había pedido cobertura para copar el lugar. Pero como la policía no podía actuar de manera oficial, le recomendó los servicios informales de la empresa de seguridad All Acces, encabezada por Blander, quien finalmente reclutó a unos 20 matones para llevar adelante “el plan criminal”.
Finalmente, quien acompañó a los violentos en esa madrugada y garantizó la fuga de éstos, fue el lugarteniente de Azzolina, el subcomisario Gastón Aparicio, quien mintió al decirle a los trabajadores y organizaciones que se habían agolpado en las puertas del medio que los intrusos tenían documentación que avalaba el copamiento.
En abril de este año, Martínez de Giorgi procesó a Martínez Rojas por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo”. La medida alcanzó a Azzolina, Blander y 15 integrantes de la patota a quienes les trabó un embargo de hasta ocho millones de pesos. Martínez Rojas está implicado en múltiples causas y el 14 de agosto deberá presentarse ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23 por la quiebra de Balkbrug SA, sociedad con la que se editaba Tiempo. Los funcionarios buscan determinar su rol en el vaciamiento de Szpolski y Garfunkel.
El ex comisario Azzolina comenzó a ser representado recientemente por Gabriel Roque Iezzi, especializado en fraudes, ex policía federal, columnista de Eduardo Feinmann y uno de los testigos en la causa que se le sigue contra Marcelo D’Alessio.
