La Argentina es el país que aplica las políticas agropecuarias más «extractivas y distorsivas» del mundo, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) difundido este lunes.
«La Argentina extrae recursos al sector agropecuario principalmente a través de derechos de exportación que deprimen los precios recibidos por los productores. En el período 2016-2018 esa extracción fue estimada en un promedio de 15,3%», señala el documento.
Sostiene que la extracción de recursos más alta se concentra en la soja, el principal commoditie de exportación del país, con «transferencias de los productores hacia los consumidores y contribuyentes argentinos estimadas en un 38% del ingreso bruto de los agricultores».
«Los derechos de exportación generan distorsiones e incertidumbre y la reducción de los mismos implementada a fines de 2015 fue una medida adecuada. De todas maneras, a causa de la crisis macroeconómica, fueron reintroducidos en septiembre de 2018 para todas las exportaciones del país», sostiene el reporte de la Ocde.
Asegura que «en el actual contexto sería crucial poder encontrar el balance correcto entre la eliminación progresiva de los derechos de exportación con la necesidad de incrementar ingresos fiscales».
«Históricamente, las políticas argentinas destinadas al sector agropecuario fueron impredecibles y sistemáticamente discriminatorias. El gobierno debería establecer una política de largo plazo gradual hacia la eliminación de esa tendencia para promover un entorno más neutral, estable y predecible para el sector», recomienda la Ocde.
Añade que «recientes medidas para promover y mejorar prácticas agropecuarias sostenibles van en la dirección correcta. Hacia el futuro, se requerirá mejorar los sistemas de monitoreo e información, especialmente en lo que respecta a reducción de uso de agroquímicos, rotaciones de cultivos y conservación de bosques».
«En ese contexto, el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en la provisión de conocimiento requiere una evaluación profunda de sus diferentes líneas de acción: investigación, extensión y desarrollo rural», indicó.
También sugiere que el Fondo Especial del Tabaco, con un presupuesto anual similar al del Inta, debería ser «reformado, para que haya una reconversión productiva en las áreas tabacaleras».
