Ciro Requino había sido advertido por Parques Nacionales. Luego del violento desalojo de Ramón “Monchito” Castaño de la isla Campo El Rico a manos de la Prefectura, el siguiente apuntado era él. La causa que se tramita en el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe sigue adelante y Ciro y su familia ven amenazado su modo de vida, aquel que llevan a cabo desde hace tres generaciones.
Cuando la política de “limpieza” de pobladores de las islas frente a Puerto Gaboto por parte de Parques Nacionales, avalados por la Justicia federal, se profundiza en una escalada de violencia injustificada, se abre para Ciro una posibilidad de frenar su expulsión del territorio insular y lograr una reubicación que le permita seguir desarrollando su pequeña actividad ganadera, su “granjita” como dice él, como lo hace su familia desde hace tres generaciones y como lo hacían antes de que la zona sea declarada parque nacional.
Se activó en el gobierno provincial una vía institucional para encontrar un terreno apto para que Ciro y su familia puedan mudarse. Pero hasta que los engranajes burocráticos se pongan en marcha hay que ganar tiempo y lograr que la Justicia entienda que un desalojo no se trata de la letra fría de un expediente sino que hay seres humanos involucrados que ven afectados sus modos de subsistencia. Suspender el desalojo de la isla La Mabel es la prioridad, hasta tanto pueda concretarse la reubicación.
Una ayuda inesperada
El 10 de junio es el día de los municipios y las comunas, que coincide con el aniversario de Puerto Gaboto. Hacia esa localidad se dirigió Carlos Torres, el secretario de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe, para el acto protocolar de rigor.
Pero al llegar, el funcionario municipal se encontró con una pareja de personas mayores que sostenía un cartel: “No al desalojo de Ciro Requino. Sí a la reubicación y solución de nuestro problema”.
“Él estaba con su mujer y con un cartel, entonces cuando terminó el acto fui a hablar con él para ver qué necesitaba, lo hicimos pasar a la comuna y lo atendimos con la presidenta comunal de Puerto Gaboto Sandra Aguirre”, relató Torres.
El funcionario provincial se comprometió a recibirlo en la ciudad de Santa Fe, promesa que se materializó el 19 de junio, en un encuentro donde participaron representantes del Ministerio de Gobierno y donde Ciro estuvo acompañado por la investigadora del Conicet, Mercedes Gomitolo.
“Ahí nos dejó toda la documentación de lo actuado hasta ahora, del juicio que tiene en marcha en contra de él, que ordenó el desalojo. Así que estuvimos trabajando con los abogados y nos pusimos en contacto con la gente del Ministerio de la Producción, porque en 2017 habían firmado un convenio para ponerlo como cuidador de un predio en un terreno fiscal. Pero resulta que cuando lo fueron a ver era un terreno que estaba inundado y que no era viable”, contó Torres.
Cuidador ad honorem
Por su parte, la investigadora Gomitolo contó sus impresiones de aquel encuentro: “Se comprometieron junto con sus abogados en profundizar sobre el tema, en comunicarse con el Ministerio de Producción, que es el organismo que administra las islas fiscales. Entonces es el nexo necesario para pensar en la posibilidad de una relocalización, como una de las estrategias posibles para que esta familia pueda seguir viviendo en la zona insular aunque no sea en la isla La Mabel, que es donde ellos están hace 20 años”.
“Esa propuesta a Ciro y su familia les interesa porque les da la posibilidad de que si bien no es el mismo lugar, por lo menos pueden sostener cierta forma de vida. Torres se comprometió a rever lo que en su momento fue una propuesta de relocalización en 2017 frustrada porque la zona que le ofrecieron es de bañados en la costa de Gaboto. Le asignaban la figura de cuidador ad honorem, que es una figura precaria que puede asignar el gobierno de la provincia a diferentes personas por un período de tiempo. Pero cuando llegan a chequear el terreno se dan cuenta de que era prácticamente todo agua. Ahí Ciro decide no aceptar esa propuesta porque no había forma de criar el ganado en el agua”.
La vía judicial
La posible solución ya está en marcha, Torres le dio vista al secretario de Agricultura Juan José Medina, para avanzar en la reubicación. Pero la amenaza del desalojo se cierne sobre Ciro, el violento antecedente de lo que le pasó a Monchito urge accionar también sobre la vía judicial y lograr sensibilizar el corazón del juez federal Francisco Miño para suspender la expulsión hasta tanto pueda darse la mudanza.
Si bien su repartición no tiene incidencia directa en el conflicto, Torres tomó la iniciativa de hacer una presentación ante el Juzgado Federal N°2 con copia a la defensora de ese juzgado Rebeca Mazón.
“Queremos informarle que estamos trabajando junto al Ministerio de la Producción en la búsqueda de un terreno propicio para reubicar esta familia fuera del Parque Nacional, posibilitándole a Ciro Requino la continuidad de su actividad ganadera de la cual subsiste desde hace más de 20 años. Teniendo en cuenta esta situación, es mi deseo se contemple la posibilidad de interrumpir o posponer el desalojo de dicha familia hasta tanto se concrete su reubicación”, dice la misiva que ingresó el 3 de julio y contó con la asesoría de Atajo, el programa de Acceso Comunitario a la Justicia perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la Nación.
“Ciro está de acuerdo en irse y reubicarse en otro lugar, lo único que quiere es que le den un terreno que no sea inundable para que pueda estar con la familia”, completó Torres.
Revisión judicial
“Nos abre una posibilidad de esperanza”, dijo Gomitolo sobre la nota presentada a la Justicia. Además de frenar el desalojo, otra apuesta es la de revisar todo el proceso judicial, atento a que Ciro nunca fue notificado, no tuvo posibilidad de defensa ni de mediación en un conflicto que se manejó en el más estricto de los silencios hasta que se materializaron los primeros desalojos.
“Por ahora viene siendo duro el proceso. La expectativa es que la Defensoría General de la Nación pueda asumir el patrocinio de Ciro y pueda presentar una revisión de lo que fue el expediente, especialmente porque fue un proceso sin mediación de Ciro ni de ningún defensor. Entonces hay lugares por donde entrarle”, graficó la investigadora del Instituto de Estudos Sociales del Conicet-Uner.
Sin diálogo con Nación
“Estamos tratando de colaborar con él porque la verdad es que esto es una inquietud que debería tener la gente de Parques Nacionales: antes de desalojar a alguien deberían preocuparse porque hace 30 años que vive con la familia en ese lugar”, cuestionó Torres al organismo nacional.
“Estamos haciendo todos los esfuerzos por ayudarlo, es totalmente entendible lo que siente. Él dice que prefiere matarse si lo sacan de ahí”, dijo el secretario de Municipios y Comunas y agregó: “A lo mejor se puede frenar por un tiempo el desalojo, pero si hay un juicio con una sentencia y Parques Nacionales quiere avanzar con eso… lo mejor que podemos hacer es apurarnos a reubicarlo”.
“Es el camino más lógico y que le sirve a todos y tratar de que mientras tanto se pare la idea del desalojo. La verdad que es muy poco humano lo que está haciendo Parques Nacionales, sobre todo sin ofrecerle alternativas a gente que vivió toda la vida ahí. Mirándolo desde el lado de lo humano es muy injusto lo que están haciendo. A lo mejor las políticas son buenas desde el punto de vista medioambiental pero primero me parece que está la gente”, concluyó Torres.
El proceso de las expulsiones
En el año 2010, un grupo de islas situadas en la planicie aluvial del río Paraná, provincia de Santa Fe, fueron declaradas Parque Nacional. La creación del Parque Nacional Islas de Santa Fe se dirimió entre dos niveles estatales (provincial y nacional) mediante la aprobación de una serie de legislaciones que sellaron el traspaso de la propiedad de las islas de la provincia a la Nación. El parque se conformó sobre los inmuebles fiscales correspondientes a las siguientes islas: Campo El Rico, el Conscripto, la Gallina, Mabel o Chingolo, El Lago, Del Medio o De Lillo, El Alisillar y Pajas Blancas.
A partir de allí Parques Nacionales intenta expulsar de las islas a los pobladores que se encontraban desde antes de la creación del parque, al principio mediante el diálogo y de manera consensuada, pero en el último año ese proceso escaló de manera violenta, incluso con amenazas y agresiones verbales.
A la par corría el proceso judicial en el más absoluto de los silencios y sin notificar a los damnificados. Por eso sorprendió y generó conmoción cuando la Prefectura llegó el 30 de mayo a la isla El Rico y desmanteló el rancho de Ramón “Monchito” Castaño.
Aún quedan dos familias que luchan por conservar el lugar que ocuparon durante generaciones y que les brinda su sustento de vida.
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