Macri lo anunció en el mensaje que grabó en la Quinta de Olivos y que difundió este miércoles a la mañana: dentro del paquete de medidas que el gobierno resolvió poner en marcha para intentar frenar el descalabro económico que se desató en el país después de que el frente oficialista fuera derrotado en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del domingo pasado, el precio de los combustibles quedaría congelado por 90 días. Pero horas más tarde, desde el mismo gobierno anunciaron que no habían llegado a un acuerdo con las empresas del sector y que, por lo tanto, la medida quedaba suspendida. Sin embargo, ayer desde el Palacio de Hacienda informaron que el encuentro con empresas petroleras para buscar consenso sobre el tema quedó frustrada y el gobierno anunció que aplicará la Ley de Abastecimiento. La resolución será publicada hoy en el boletín oficial.
La Ley de Abastecimiento habilita al Poder Ejecutivo a fijar precios, dictar normas que rijan la comercialización e, incluso, obligar a la producción de determinados productos.
Los mismos voceros oficiales explicaron que la decisión de avanzar con la resolución se tomó tras la frustrada convocatoria lanzada anteanoche desde la Secretaría de Energía a las petroleras.
Según explicaron, los contactos con los directivos de las empresas previos a la invitación formal a una mesa de diálogo llevaron al gobierno al convencimiento de que la medida no iba a tener el margen de consenso que buscaba, en base a los planteos recibidos por las petroleras.
Las empresas dejaron trascender ayer una nota que no estaba firmada. Tenía como destino al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en la que advertían que la medida provocaría «un daño gravísimo a las empresas productoras de petróleo y por ende a los proyectos» de Vaca Muerta.
Tras reclamar una mesa de diálogo para toda la cadena de producción, refinación y comercialización de hidrocarburos, las empresas advirtieron que podrían recurrir a instancias judiciales en caso de que se tomaran medidas «inconsultas e inequitativas».
Este miércoles, el presidente Mauricio Macri anunció –entre otras medidas para atenuar el impacto de la devaluación– un congelamiento de los precios de la nafta y el gasoil por 90 días.
Para calcular ese congelamiento del precio en pesos de nafta y gasoil en el segmento minorista de combustibles, se implementaría un congelamiento por el mismo plazo del precio del crudo.
Este precio sería el que cada refinería tenía vigente con su proveedor, por lo que se determinó fijar las variables a valores del 9 de agosto, con el dólar a $45,19 y el barril de Brent a US$59, se explicó tras el anuncio desde el Palacio de Hacienda.
El precio del litro de nafta súper de YPF quedará establecido en $43,81 en la Ciudad de Buenos Aires hasta el 15 de noviembre próximo.
Las fuentes aseguraron que la medida se puede «levantar» antes o extender cumplidos los tres meses.
Además de los cuestionamientos por los efectos económicos referidos a la afectación económica de sus operaciones y de sus inversiones millonarias en Vaca Muerta, las empresas rechazaban la apelación a la Ley de Abastecimiento, cuyo antecedente inmediato se remonta a 2006 cuando se sancionó a la empresa Shell.
Aquel año, luego de más de tres décadas se volvió a aplicar la norma cuando la Secretaría de Comercio Interior sancionó a la petrolera, por entonces presidida por el ex ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, con una multa de $23 millones por «desabastecimiento de gasoil a diversas estaciones de servicio».
Las petroleras también destacaban que desde el 1° enero de 2018 rige un mercado liberado en el sector tras 15 años de regulación de precios, medida adoptada por el entonces ministro Aranguren, que puso punto final al denominado barril criollo, que imponía un valor de referencia para el crudo.
¿Qué dice la Ley de Abastecimiento?
La Ley de Abastecimiento N° 20.680 fue sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de junio de 1974 para controlar supuestas maniobras realizadas por industriales y empresarios del transporte de mercaderías. Brinda al Poder Ejecutivo la facultad de fijar precios mínimos y máximos a bienes esenciales e incluso a recurrir a las Fuerzas Armadas y de seguridad para restablecer la cadena de abastecimiento, ante una eventual falta de productos.
También establece la aplicación de sanciones que van desde multas hasta 4 años de prisión para aquellos empresarios que provoquen maniobras de desabastecimiento.
La ley se impulsó durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón para asegurar el Pacto Social acordado por el ex ministro de Economía José Ber Gelbard. En la década del 60 se utilizaron leyes similares. Isabel Perón, la dictadura cívico-militar y Raúl Alfonsín también la aplicaron en casos aislados. Menem la puso en práctica en julio de 1999, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) porque antes la había derogado. La usó para impedir que un paro de las empresas transportistas provoque un desabastecimiento de productos de primera necesidad. Eduado Duhalde luego le hizo cambios.
