La improvisación tiene su costo, y el gobierno nacional se lo está trasladando a las provincias. La administración central intenta dar manotazos de ahogado para “paliar” una crisis autoinflingida con medidas cuyo costo fiscal terminarán pagando las distintas jurisdicciones del país.
Según un análisis realizado por la Comisión Federal de Impuestos, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perderán 29.600 millones de pesos por los cambios impulsados en Ganancias y Monotributo debido a que una menor recaudación por estos conceptos impactará en la coparticipación.
Del total calculado por el CFI, las provincias patagónicas dejarán de recibir 2383 millones de pesos entre agosto y diciembre de este año, pérdidas discriminadas de la siguiente manera: Chubut (-435 millones), Neuquén (-478 millones), Río Negro (-695 millones), Santa Cruz (-435 millones) y Tierra del Fuego (-340 millones).
A esto habrá que anexarle la pérdida de recursos por la menor recaudación de IVA vinculado a los alimentos de la canasta básica. El IVA es el principal tributo que recauda la AFIP, que se coparticipa en su totalidad.
Según un estudio del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf), por la reducción del IVA las provincias dejarán de recaudación 6000 millones de pesos, de los cuales más de 500 millones corresponderán a las jurisdicciones de la Patagonia.
“La disminución del IVA, ¿se trasladaría al precio de venta al consumidor final? Y si fuera así, ¿en qué proporción? Entre los factores más destacados que explican que los efectos esperados no se cumplirán se encuentran, por un lado, las dificultades para lograr un traslado pleno de la reducción de la alícuota al precio final al consumidor, y por el otro, la existencia de bocas de expendio con disímiles características (responsables inscriptos en el IVA y monotributistas). Una medida interesante podría ser la de estratificar alícuotas y reintegrar a determinados sectores de consumo que hoy están con problemas económicos”, sostuvo el tributarista Gustavo Varela, contador público de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).
Por otro lado, el Gobierno nacional está estudiando establecer un precio diferencial para el barril de petróleo, tomando en cuenta un tipo de cambio a 45 pesos y un barril de Brent a 59 dólares. El objetivo sería congelar el precio de los combustibles pero a su vez se perjudicará a las provincias que reciben regalías por la producción de crudo.
“Con estas medidas, pensadas para palear una situación de crisis generada luego del resultado de las PASO, se está perjudicando las finanzas de las provincias y los niveles de inversión de las operadoras. Nuevamente el costo lo pagan las provincias”, sostuvo el ministro de Economía de Santa Cruz, Ignacio Perincioli.
Los representantes de las provincias petroleras que integran la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) estuvieron dialogando en las últimas horas para analizar el impacto de las medidas sobre el barril de crudo.
Por la aplicación de Ley de Abastecimiento, la provincia santacruceña podría perder entre 300 y 500 millones de pesos mensuales por menores ingresos de regalías.
Otro escenario a considerar es la incidencia de estas modificaciones en el nivel de inversiones de las empresas. Hasta 2015 existía lo que se llamaba barril criollo; el Estado nacional pagaba la diferencia entre el precio internacional de crudo y su valor de comercialización dentro del país. Ese subsidio estaba pensado para que las petroleras incrementaran sus inversiones sin afectar el bolsillo de los consumidores.
La pregunta que se abre ahora es si el gobierno nacional seguirá garantizando las inversiones ya sea en Vaca Muerta o en las producciones convencionales. Si las operadoras decidieran retirar equipos, los que se verán afectados son los trabajadores. Entre diciembre y septiembre de 2018, se destruyeron en la Patagonia 6462 puestos de trabajo directos, sumada a la flexibilización laboral en el sector.
Fuente: En estos días
