Gobernadores peronistas y de partidos provinciales consensuaron este miércoles un documento donde solicitan al gobierno nacional que retrotraiga las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y Ganancias, «en resguardo de las finanzas provinciales», indicaron a la salida del encuentro del que participó el gobernador Miguel Lifschitz.
Los mandatarios provinciales se reunieron desde las 11 hasta las 13 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde coincidieron en que las decisiones económicas anunciadas «no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales» y amenazaron con «ir a la Justicia» en tanto sigan en pie.
El gobernador Lifschitz señaló que «las medidas son electoralistas y traerán algún alivio transitorio para la clase media y los trabajadores con el objetivo de mejorar el rendimiento del oficialismo». El mandatario socialista agregó: «Se tomaron al calor de los resultados electorales sin medir las complicaciones que generan a las provincias».
A su turno, el gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, sostuvo: «Hemos acordado un documento común donde solicitamos al gobierno nacional que se retrotraigan las medidas anunciadas» y «ratificamos la importancia de que no disponga de las recursos que son de las provincias».
«Seguimos dispuestos al diálogo y queremos que los recursos de cada una de las provincias sea respetado por el gobierno nacional», dijo y advirtió que «si no tenemos respuesta de parte de las autoridades iremos a la Justicia».
«Si bien estamos supeditados a lo que plantea el gobierno, tenemos un plan de acción que tiene que ver con garantizar los derechos de las provincias porque tenemos la obligación institucional de preservar esos recursos», aseguró Urtubey.
Destacó que «a más tardar, la semana que viene, vamos a estar viendo cómo continuar».
El documento establece que los mandatarios provinciales «no» están «en contra de las medidas» pero que fueron resueltas «en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas».
«Nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento», indica el texto.
Agrega que el gobierno nacional «no puede disponer inconstitucionalmente» de esos recursos y que las jurisdicciones están en «grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes» lo que amenazará con «la paz social» por las «malas políticas económicas y financieras de las que las provincias no tenemos ninguna responsabilidad».
Califican además de «arbitraria y perjudicial» las medidas y sostienen que dejan a las provincias al borde de una «crisis» que las obligaría a tomar acciones de tipo «excepcional» lo que «agravaría la situación del país».
Del encuentro participaron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el vicegobernador de Santa Cruz Pablo González, entre otros.
Por su parte, Passalacqua dijo: «No vinimos a patalear sino a buscar soluciones» y planteó también que la defensa de los recursos de los provincianos se produce porque sino «estaríamos incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».
A su turno, el gobernador de Río Negro, Weretilneck, dijo que «las regalías bajarían 1.000 millones de pesos de acá a fin de año por lo que seguramente vamos a pedir una compensación» y ratificó que Neuquén y Río Negro pidieron ante la justicia declarar «inconstitucional esta decisión» sobre el combustible.
