La Justicia dejó en libertad a Bibiana G., la mujer de 59 años acusada de tres interrupciones quirúrgicas del embarazo y de ejercicio ilegal de la medicina en un consultorio de Mitre al 1200. También a Sixto M., de 83 años, un obstetra dueño del local, por haber participado. La pareja estaba presa desde mediados de junio, cuando personal policial allanó el consultorio después de una denuncia anónima y los detuvo. Este miércoles vencía el plazo de la medida cautelar y el fiscal Aníbal Vescovo pidió renovarla. Pero el juez Mariano Aliau hizo caso al pedido de la defensa y le ordenó a la pareja que pague la suma de 100 mil pesos y cumpla reglas de conducta para dejarla libre.
A mediados de junio Bibiana G. y Sixto M. fueron detenidos en una casa antigua, de pasillo y frente angosto del centro de Rosario. Un mes y medio antes, un llamado anónimo había advertido que en esa casa hacían abortos clandestinos. El fiscal Aníbal Vescovo comenzó a investigar y solicitó intervenir líneas telefónicas. Cuando escuchó que la pareja iba a practicar un aborto clandestino en la casa pidió allanarla. El lugar funcionaba como un consultorio médico, incluso con cartel en el ingreso, desde hacía tiempo. Pertenecía a Sixto M., un médico obstetra de 83 años.
Según el fiscal el lugar no estaba en buenas condiciones: el espacio era muy antiguo y con poco cuidado. Tampoco cumplía los estándares mínimos para un consultorio externo. Menos aún para prácticas quirúrgicas o de cierta complejidad como las de interrupción de un embarazo. En el lugar también encontraron sellos con el nombre de la mujer y una matrícula de médica falsa.
En junio la Justicia los imputó por realizar tres prácticas abortivas durante abril y mayo. Según el fiscal, la acusación apuntó a marcar la responsabilidad en la mujer que había dicho que era médica. A pedido de Vescovo le dieron prisión preventiva a ambos. El hombre, por la edad, tuvo arresto domiciliario y la mujer fue a un calabozo.
La defensa llevó la discusión a la Cámara Penal, pero el camarista Alfredo Ivaldi Artacho confirmó la decisión de primera instancia. Igual le quitó algunas calificaciones al delito como la falsificación de sellos y una tentativa de interrupción del embarazo.
A mediados de julio pasado hubo una nueva audiencia, donde la Fiscalía pidió que la pareja continúe en prisión. La jueza María Trinidad Chiabrera hizo lugar a la solicitud y extendió la medida hasta este miércoles, cuando la Fiscalía volvió a pedir que la pareja continuara en prisión. La defensa fue por la libertad y ofreció pagar una fianza y reglas de conducta para los imputados.
El juez Mariano Aliau los dejó en libertad pero antes deberán pagar 100 mil pesos y cumplir reglas de conducta: firmar cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), no abandonar el país, no contactarse con las víctima y trabar un embargo sobre un inmueble.
Sin muertes por aborto clandestino
Tras conocerse el caso, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Rosario, que garantiza abortos no punibles, emitió un comunicado en contra de las prácticas clandestinas y reafirmó el compromiso en la garantía de los abortos que son legales en Argentina desde 1921.
Los profesionales resaltaron que desde hace 7 años no hay muertes por aborto clandestino y el hecho de que no haya una ley que trate la problemática propicia la existencia de lugares clandestinos que afectan la salud. A lo que sumaron el pedido al Estado de que garantice la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
