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Resumen de coyuntura: el castigo de los mercados

El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz analizó los efectos de la derrota oficialista en los mercados y el impacto sobre la economía argentina. El análisis responsabiliza al gobierno por la devaluación pos Paso y califica el paquete de medidas oficiales como "manotazo de ahogado populista"

La rotunda derrota electoral del oficialismo aceleró la fase de crisis del ciclo de endeudamiento y especulación que caracterizó la economía argentina durante la gestión de Mauricio Macri. Los bonos públicos que venían cotizando a valores de reestructuración, pasaron a cotizar a precios de cuasi default. Al final de la semana, los bonos cerraron con caídas de entre un 22% (AO20D) y un 50% (DICAD), y el riesgo país se duplicó subiendo de 861 a 1611 puntos básicos. Y contrario a mayo o junio de 2018, el derrumbe cambiario y de los bonos no tuvo impacto en otros países de la región o emergentes.

Mientras que el peso se devaluó un 21%, el real brasilero solo lo hizo un 1,8%, el rand sudafricano un 1,7%, la lira turca un 1,6%, el peso mexicano un 1% y el sol peruano un 0%. El riesgo país de los emergentes creció menos del 3%.

La campaña de terror al regreso del populismo montada por el oficialismo entre inversores locales e internacionales, fue un boomerang que produjo la venta masiva de esos títulos al conocerse el resultado de las PASO. La baja se amplificó por la operación montada el viernes previo a las elecciones, con rumores de bancos públicos y la ANSES comprando títulos para impulsar su precio mientras la consultora Elypsis circulaba una encuesta afirmando que el oficialismo se imponía en las elecciones. Un auge creado, tal vez, para que algunos que estaban en el secreto vendan títulos y acciones al mejor precio posible, escapando al derrumbe del lunes.

La caída de los títulos públicos y la suba de tasas golpeó el balance de los bancos, hecho que se hizo sentir en sus acciones. El triunfo de Alberto Fernández golpeó también duro a las energéticas, ante los anuncios del candidato de una desdolarización de las tarifas. El resto de las empresas (muchas endeudadas en dólares) sufrió el impacto de la devaluación en su cotización. Al final de la semana, el índice MERVAL promediaba una baja de 31%, YPF 21%, Pampa Energía (Midlin) un 38%, Banco Galicia (Familia Peña Braun) un 42%, Banco Rio un 29%, Telecom (grupo clarín) un 11%.

La devaluación la programó el gobierno

La devaluación del lunes a la mañana se produjo en un mercado con pocas operaciones de actores locales (los fondos externos ya habían huido meses atrás) por bajos montos, ante una total pasividad del banco central. Una muestra de ello fue el bajo volumen de operaciones que registró el MAE (mercado mayorista, donde operan los bancos y el BCRA) durante toda la jornada, y las puntas vendedoras y compradoras tuvieron más de 6 pesos de diferencia durante varias horas.

El lunes se operaron USD 548 M cuando el volumen promedio de 2019 fue de USD 755 M por día. Durante toda la semana se operaron menos de USD 690M. El BCRA sólo intervino tardíamente convalidando un dólar a más de $58 mediante subastas y licitaciones, un mecanismo de intervención que ya se había mostrado como ineficaz. Tampoco tuvo resultado la suba de tasas que no logra competir con la incertidumbre cambiaria reinante.

¿Por qué el gobierno no intervino desde temprano para estabilizar el dólar y moderar la incertidumbre? Probablemente, el equipo económico juzgo difícil lograr sostener un dólar apreciado hasta octubre tras la abultada derrota electoral en las PASO, y prefirió una devaluación temprana que madrugue a los ahorristas y le permita descargar el costo político a la triunfante oposición. El relato presidencial del lunes por la tarde transito ese camino, aprovechando la suba del dólar para amenazar a quienes no lo votaron: “esto es una muestra de lo que puede pasar si el kirchnerismo gana en octubre”.

El manotazo de ahogado populista

La amplia derrota electoral del oficialismo trajo un nuevo despertar populista en el ortodoxo equipo de gobierno. Las medidas anunciadas implican transferencias desde el Estado hacia los trabajadores por la vía de una reducción del pago de ganancias, monotributo, contribuciones a la seguridad social, una rebaja en el iva para los alimentos y el otorgamiento de un bono a empleados públicos, fuerzas de seguridad y ¿jubilados?.

La magnitud de las transferencia fue estimada oficialmente en unos $40.000 millones (más del doble que el supuesto costo de dar medicamentos gratis a jubilados prometido por Fernández que muchos oficialistas habían tildado de irrealizable), a lo que debe agregarse el costo de la rebaja del iva (de improbable impacto en las góndolas) y el posible bono a jubilados.

Las transferencias anunciadas no alcanzan a compensar el previsible deterioro de los ingresos de la población provocados por la suba del dólar, por lo que no esperamos que logre levantar el consumo y, mucho menos, torcer el rumbo político.

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