La ciudad tuvo ayer una jornada convulsionada por protestas sociales. El denominador común: la precarización de trabajadores estatales que durante la gestión no lograron el pase a planta permanente. Son profesionales que atienden a uno de los sectores más vulnerables y descuidados: los niños, niñas y adolescentes, los jubilados y las mujeres víctimas de violencia. Entienden que “garantizar sus derechos implica asegurar los de quienes los acompañan y cuidan a diario”. Por eso, pidieron al Estado “continuar con la tarea para fortalecer las líneas de trabajo con los sectores que más los necesitan”.
Personalizado
Unos 350 profesionales del programa de acompañantes personalizados, dependiente de la Subsecretaría provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (y otros 100 trabajadores de instituciones, hogares, centros residenciales y equipos interdisciplinarios) hicieron una asamblea este martes a las 10 en las puertas del lugar (Ricardone 1345) para pedir mejoras laborales.
Tienen hasta 10 años de antigüedad y ni siquiera un contrato. Cobran por horas trabajadas, a razón de 115 pesos por cada una. Piden que el Estado cumpla el acuerdo firmado hace tres años para trasladar los aumentos paritarios y la cláusula gatillo a las horas de trabajo.
“Hace un año y medio dejaron de cumplirlo. Un acompañante cobra 250 pesos por hora. Nos adeudan más de un 20 por ciento”, señaló a El Ciudadano, Emiliano Calcagno, delegado de acompañantes personalizados. Calcagno sumó el pedido de un bono de emergencia ante los aumentos posteriores a la devaluación.
El trabajo de los acompañantes forma parte de la ley provincial de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Su tarea es acompañar a un menor en situación de vulneración según la estrategia definida por los equipos para promover y garantizar el cumplimiento de sus derechos.
“Son variadas las situaciones. Estamos con ese niño garantizando la intervención en territorio”, explicó Calcagno.
Este martes los trabajadores estuvieron reunidos con la directora local del área, Claudia Aguilera, y el viernes mantendrán un encuentro con la titular provincial Andrea Travaini. No descartan avanzar con otras medidas en caso de no obtener respuestas satisfactorias.
“Trabajamos para garantizar derechos y se vulneran los nuestros. Es contradictorio”, concluyó.
Pintados
Con máscaras de Salvador Dalí, popularizadas en la serie española La Casa de Papel, este martes al mediodía un grupo de profesionales de las dos reparticiones de Pami hizouna asamblea pública en Sarmiento 373 para visibilizar las condiciones de precarización laboral.
Son 250 trabajadores entre médicos de guardia, de terapia intensiva, kinesiólogos, nutricionistas, instrumentadores y cirujanos que atienden a diario en los dos policlínicos. Algunos con hasta 11 años de antigüedad. Son considerados por el Estado como prestadores. En efecto, son monotributistas que facturan por hora y, según señalaron, ejercen las mismas funciones que el plantel de profesionales de planta.
“Queremos hacer visible una situación que nos afecta. La tarea que hacen es imprescindible. Piden que los reconozcan como empleados de la institución”, dijo a este diario Nahuel Perino, delegado de ATE. El representante explicó que si bien los trabajadores no están sindicalizados, el gremio los acompaña en el reclamo de mejores salarios, vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad y lactancia.
Según explicó Perino, un decreto de necesidad y urgencia de septiembre de 2018 limita la incorporación de nuevos empleados a reparticiones públicas. “Dicen que no tienen posibilidad de incorporarlos, pero muchos tienen antigüedad mayor al decreto”, agregó.
El viernes harán una nueva asamblea para evaluar cómo seguir. No descartan volver a movilizar la semana que viene.
Se puso rojo
Camila Fusari es psicóloga y desde enero acompaña a quienes llaman al teléfono verde por una situación de violencia. Es una de las 24 profesionales, entre psicólogas y abogadas, que todos los días escuchan a las mujeres, las asesoran para denunciar al agresor, las contienen en los refugios municipales y las acompañan a recuperar sus pertenencias. En el primer semestre, lo hicieron con 3.500 personas pero en diciembre, cuando venza su contrato, dejarán la tarea a manos de un nuevo equipo.
“La única en planta es la coordinadora. El resto figuramos en convenios bajo formación rentada, pero no existe tal formación. Queremos dar cuenta de la fragilidad del dispositivo en un tema tan complejo donde las condiciones de trabajo violentan nuestros derechos. Pedimos que nos formalicen y den continuidad laboral para fortalecer el dispositivo y pensar estrategias a largo plazo”, explicó Fusari.
La psicóloga señaló que todas las profesionales fueron contratadas por su formación en género y experiencia laboral. “Una política de Estado que sostenga nuestros lugares de trabajo habla del compromiso con la problemática. Como mujeres, somos trabajadoras precarizadas”, agregó y dijo que la secretaria de Desarrollo Social, Laura Capilla, les prometió una reunión en los próximos días.
