Por Ileana Manucci (Periódico Pausa)
El año pasado, mientras el debate por la legalización del aborto se instalaba en el Congreso de la Nación, en las calles y las casas, comenzó a sonar con fuerza el “modelo Santa Fe”, como una referencia de buenas prácticas y experiencia en torno a la implementación del protocolo de aborto no punible y, también, de la Educación Sexual Integral (ESI). Pero las realidades en el territorio son dispares. No es lo mismo intentar acceder a un aborto en Rosario que en Santa Fe o en Tostado. La Educación Sexual Integral está, efectivamente, más difundida en nuestra provincia que en el resto del país, pero la aplicación de la ley nacional también es dispar y la ley provincial duerme en el Senado.
En las últimas semanas, mientras por un lado el equipo provincial de la ESI celebraba la titularización de sus cargos, en Rafaela las organizaciones feministas y el Frente ESI de esa ciudad se ponían en alerta ante una avanzada antiderechos.
De larga data
Esta situación no es nueva para las y los rafaelinos. Ya en 2015, cuando el aborto aún no era un tema central de la agenda mediática y política, el Concejo de Rafaela declaró a la ciudad “pro vida y pro familia”. “Este tipo de declaraciones fue una reacción neo-conservadora post-matrimonio igualitario”, explican a Pausa desde el Frente ESI de Rafaela. “En el caso de Rafaela, sabemos que lanzaron esta promulgación proponiéndolo como un camino hacia el tratamiento de adicciones en jóvenes, de esta manera lograron ‘sensibilizar’ a la mayoría de los representantes en ese momento”.
A ese proyecto de 2015 le siguió su revalidación como ordenanza, sancionada en diciembre pasado, bajo el nombre: “Protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer”. Esta normativa apunta a los embarazos en “situación de vulnerabilidad”, y entre ellos incluyen a “aquél en que se tome conocimiento de que el embarazo es producto de una violación” y también “aquél en que se vea perjudicada la salud de la madre”. Es decir, se oponen al aborto aún en los casos que desde 1921 están contemplados en el Código Penal de la Nación por violación o por poner en riesgo la salud de la mujer.
A través de esa ordenanza se creó, además, un centro municipal que lleva el mismo nombre. Pero en consonancia con la avanzada antiderechos que se desató luego del debate parlamentario por el aborto legal, el nuevo objetivo de estos grupos es la Educación Sexual Integral. “Ahora pretenden avanzar en el ámbito educativo atacando puntualmente el derecho de lxs estudiantes a recibir Educación Sexual Integral en todas las escuelas del territorio argentino”, dice el comunicado que publicó el 6 de agosto la Asamblea Feminista de Rafaela.
Modelo Gilead
Los ciudadanos agrupados en “Rafaelinos por la vida” elaboraron –en la previa de las elecciones provinciales– un petitorio que bien podría haber salido de El cuento de la criada, el libro de Margaret Atwood. En uno de sus puntos piden, expresamente: “lograr la tutela de los derechos de los cuales son titulares las mujeres embarazadas y sus bebés, para evitar que las circunstancias difíciles que puedan presentarse durante el embarazo, pongan en peligro sus vidas y su salud”.
A este documento suscribieron, entre otros, el luego reelecto intendente de la ciudad Luis Castellano (PJ) y el diputado provincial electo Juan Argarañaz, del espacio de Amalia Granata (Unite por la Vida y la Familia).
Desde la Asamblea Feminista indicaron que allí se comprometen a cuestiones insólitas como: intervenir en un ámbito sobre el que no tienen injerencia: el educativo; garantizar derechos que no existen en ninguna ley de educación: la objeción de conciencia en las escuelas y la participación de las madres y padres “en la elaboración del proyecto institucional”; incluir “la contribución que la fe cristiana ofrece a la vida ciudadana” en las escuelas públicas; habilitar a que madres y padres “escojan libremente el tipo de educación” que habrán de recibir sus hijos, remarcando que se base exclusivamente en la existencia de “dos sexos biológicos”.
A pesar de que la Municipalidad no tiene injerencia en las instituciones escolares, que dependen de la Provincia, desde el Frente ESI advierten sobre el peligro de legitimación de estos discursos por parte de los representantes políticos. “En una ciudad chica como la nuestra resulta relevante el aval que la Municipalidad da a un grupo que asesora a padres para que envíen cartas intimidatorias a las instituciones educativas, con el fin de que sus hijos no reciban ESI en la escuela. Hay que tener en cuenta que este tipo de cartas, sumadas a la desinformación y las falsas ideas de cómo se aborda la ESI en las instituciones escolares, lleva inseguridad y desconcierto a las familias y hace que los docentes se sientan presionados o con temores para trabajar libremente”.
—Teniendo en cuenta que dentro de estos grupos hay personas como el abogado Pablo Mosconi, defensor del empresario Diego Brusco Beltramone, condenado por violar a una de sus hijas, ¿qué nivel de legitimidad y representatividad tienen en la ciudad?
—No se sabe a ciencia cierta, pero sí vemos con preocupación, y así lo hemos planteado, el aval de la Municipalidad y del Concejo, aunque las mismas no respeten la Constitución, ni leyes nacionales ni los tratados internacionales. Tanto “Rafaelinos por la vida” como “Rafaelinos por la familia” son el brazo “civil” de las fuerzas políticas que responden a la ideología neo-pentescostal y al catolicismo más ortodoxo y conservador. No es casualidad que uno de sus referentes sea Juan Argañaraz, quien acompañó a Amalia Granata en la lista del partido Somos Vida y que será diputado provincial en representación de estos sectores. Se arrogan la representación de la ciudad, auto-definiéndose “rafaelinos”, cuando en realidad en la ciudad hay una marcada brecha generacional y quienes trabajamos con jóvenes lo sabemos perfectamente. La inmensa mayoría de lxs jóvenes no se sienten representadoxs ni interpeladoxs y creemos que precisamente esto hace que la posición reaccionaria de estos sectores antiderechos recrudezca, ya que se trata de una agenda política que tiene fecha de caducidad etaria.
—¿Cómo viene trabajando la ESI en Rafaela?
—La aplicación efectiva de la ley es dispar en las escuelas y ha dependido mucho de voluntades individuales y grupales de lxs docentes y también del apoyo que se haya recibido o no de los equipos directivos. En el último año hubo muchos talleres para docentes dictados por los referentes de ESI, pero aun así hay muchos que dudan o aún no trabajan la ESI como lo plantea la ley. También existe aún mucho miedo de algunes docentes, especialmente en el nivel primario e inicial, de aplicar ESI, y eso no es solo por desconocimiento sino por temor a represalias, ya que estas agrupaciones de raigambre religiosa-, pero que se muestran como “civiles”, colaboran en la imposición de un discurso antigénero, llevando confusión a las familias y comunidad rafaelina.
Poder político
Lo que sucede en Rafaela con estos grupos de poder y de presión tiene también su correlato a nivel provincial. Ya en 2017 el Consejo de Pastores de Rafaela intervino en la Legislatura para frenar el avance de la ley de ESI y lo mismo hicieron el año pasado los arzobispos de Santa Fe y Rosario junto al obispo Luis Fernández (Rafaela), logrando finalmente que el debate no llegara al Senado.
La Legislatura que viene tampoco muestra un escenario favorecedor: como bien señalan las integrantes del Frente de ESI, Juan Argañaraz, referente de “Rafaelinos por la Vida”, será uno de los seis diputados que ingresarán a la Cámara Baja provincial desde el espacio comandado por Amalia Granata. La lista “celeste” de la mediática fue la tercera más votada en la provincia y será la segunda minoría en Diputados.
Tanto en la firma del petitorio, previa a las elecciones, como en una reunión celebrada con posterioridad por estos grupos, estuvo presente Luis Castellano, el reelecto intendente de Rafaela. Consultadas sobre su rol en este proceso, desde el Frente ESI señalan: “Nos reunimos recientemente con Castellano y miembros de su gabinete y del Concejo para plantear nuestra preocupación, tanto por lo que implica la desvalorización a nuestra práctica docente como la injerencia que estos padres exigen en la planificación e implementación de los proyectos institucionales. Evaluamos como positiva la convocatoria, así como la participación de referentes de la Secretaría de Educación que manifestaron abiertamente predisposición para articular con quienes aplicamos ESI”.
Aunque Castellano es un hombre cercano al gobernador electo, el también rafaelino Omar Perotti, las integrantes del Frente confían en que esta avanzada antiderechos en su ciudad no se corra al ámbito provincial. “El futuro gobernador tiene dentro de su equipo representantes con perspectiva de género y que adhieren a la ESI, así que confiamos en que se trabaje realmente en equipo, se priorice el cumplimiento de la Ley 26.150 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral) y se complemente con programas de capacitación y acompañamiento para las distintas situaciones que se presentan en las instituciones escolares. Es indispensable que se escuche la voz de les estudiantes que en las evaluaciones Aprender se manifestaron exigiendo la real implementación de la ESI”.
