La jueza María Eugenia Capuchetti sobreseyó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza por la venta del Grupo Indalo, sospechada de fraudulenta. La medida también alcanzó a Ignacio Rosner y Enrique Dellatorre, que intentaron adquirir el paquete accionario del grupo en una operación finalmente fracasada. La magistrada se basó en un dictamen del fiscal Federico González, quien consideró que no había existido delito en el supuesto traspaso del grupo.
La causa por la supuesta venta fraudulenta –ahora desestimada– es la que derivó en la detención de los responsables del grupo Indalo en diciembre de 2017. Las defensas de los empresarios, con el sobreseimiento, están habilitadas para reclamar al Tribunal Oral Federal 3 la libertad de sus representados, ex dueños, además, del canal C5N.
La causa del presunto traspaso accionario es paralela a la iniciada por el juez Julián Ercolini e investigada por el fiscal Gerardo Pollicita, quienes impulsaron las detenciones de López y De Souza. La jueza los sobreseyó «por no encuadrar en una figura legal el hecho investigado, dejando constancia que la formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado».
La prisión preventiva de los dueños de Indalo estaba sustentada en el supuesto intento de ambos de vaciar sus compañías con el traspaso ilegal de las mismas cuando estaban intervenidas y en concurso de acreedores. Con esta hipótesis descartada, cesa el motivo para mantenerlos detenidos.
«No hubo transferencia accionaria pues, pese a la sensación de que se encontraban realizando un ardid tendiente a confundir a las partes de aquel expediente que originó la formación de esta causa, los imputados realmente habían puesto en consideración del Magistrado (Ercolini) la autorización para que se realice la transferencia accionaria», señala Capuchetti en su dictamen. Se trata de la única integrante del Tribunal nombrada por el gobierno de Mauricio Macri.
La jueza asumió en mayo pasado la titularidad del Juzgado Federal 5 en reemplazo de Norberto Oyarbide.
Una trama pesada de idas y vueltas
La prisión preventiva dictada en diciembre de 2017 por Ercolini fue luego revocada por la Camara de Apelaciones, que entonces integraban los jueces Jorge Ballesteros, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, quien había sido trasladado en reemplazo del destituido Eduardo Freiler.
Las presiones del Ejecutivo se hicieron sentir. El mismo presidente Macri expresó en público su enojo por la decisión de otro Poder de la República, acompañado por los medios afines al oficialismo, que llegaron a publicar que los camaristas habían cobrado coimas.
El acoso sobre los magistrados fue en aumento, por lo que Farah terminó pidiendo su traslado a otro tribunal. Ballesteros solicitó una larga licencia y después renunció a su cargo. Y el oficialismo llenó esos sillones vacantes con magistrados de su agrado.
Otras causas, también con presiones
López y De Souza aún están en proceso en otra investigación, la madre de todas, que indaga un presunto desvío fraudulento de 8 mil millones de pesos que debieron abonarle a la Afip como agentes de retención del impuesto a los combustibles. Esta causa también está bajo acusaciones de manipulaciones políticas.
López y De Sousa están presos en la cárcel de Ezeiza. Siguen procesados por el presunto desvío de tributos en su petrolera Oil, y denunciaron que el gobierno de Macri instrumentó una maniobra judicial para quitarles sus empresas como venganza y negocio por sus vínculos con las administraciones kirchneristas. Esa denuncia la investigan la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Guillermo Marijuán. La magistrada denunció en su momento que estaba recibiendo presiones del gobierno actual.
