El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas (ONU), emitió este viernes el segundo informe periódico sobre nuestro país y recomendó al Estado argentino derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017 que modificaba la ley de Migraciones, “porque su contenido es claramente contrario a los mandatos de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los migrantes”, informó la Defensoría General de la Nación en un comunicado. Tras difundirse el informe, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y actual senador nacional, Miguel Ángel Pichetto, consideró que “no hay que cumplir” con el pedido de la ONU: “¿Por qué no se lo piden a Estados Unidos y países importantes del mundo que cuidan a sus nacionales?”, dijo.
El informe indicó que hasta “tanto no sea derogado, se suspenda la aplicación” y pidió al Estado que retome “de manera decidida la aplicación de la Ley de Migraciones (25.871) y desarrolle toda la normativa necesaria para su implementación y cumplimiento en todos los niveles de gobierno”.
El Comité manifestó “su profunda preocupación por los aspectos discriminatorios y regresivos en materia de derechos del DNU 70/2017, en particular en lo que respecta a las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad de trato y la libertad de circulación”.
Entre las recomendaciones principales que el organismo de la ONU hizo al Estado argentino ordenó “que facilite la labor de la Defensoría General de la Nación para llevar a cabo eficazmente la promoción y protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares con arreglo a la Convención. En particular en lo que respecta a la tramitación de las denuncias de los trabajadores migratorios y asistirlos oportunamente en los procesos administrativos migratorios”.
“Que otorgue, sin excepción, defensores independientes a los hijos de trabajadores migrantes cuando sus padres o tutores están en un proceso administrativo y/o judicial, que se encarguen de velar por sus derechos en todas las instancias del proceso”.
Por otra parte el Comité, expresó su preocupación porque grupos de trabajadores migrantes, incluidos los vendedores ambulantes (“manteros”), las mujeres que ejercen la prostitución y los trabajadores migrantes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales son objetos de violencia y acoso por parte de la policía.
Además mostró su preocupación por la aplicación de medidas punitivas a los migrantes que trabajan como vendedores informales y la falta de opciones para su regularización migratoria, siendo además víctimas de abuso de las autoridades por no contar con documentos migratorios.
Por ello, recomendaron que el Estado “redoble sus esfuerzos para prevenir la violencia contra los grupos vulnerables de migrantes, los proteja contra los delitos e investigue, enjuicie y sancione a los autores, incluidos cualquier cómplice en nombre de los funcionarios del Estado”.
Por último, instó al Estado argentino a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes, en particular lo referido a la atención médica, educación y seguridad social.
«Que le pidan a EEUU»
Luego de difundirse el informe, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y actual senador nacional, Miguel Ángel Pichetto, consideró que “no hay que cumplir” con el pedido de la ONU: “¿Por qué no se lo piden a Estados Unidos y países importantes del mundo que cuidan a sus nacionales? ¿Por qué estamos obligados a convivir con delincuentes que han cometido delitos graves, especialmente de narcotráfico? ¿Por qué este país tiene que ser tan sensible a este tipo de reclamos cuando hay que hacer valer la ley nacional?», se preguntó el referente peronista.
En diálogo con CNN Radio, el representante de Río Negro en la Cámara alta señaló que «si la persona viene a buscar trabajo, un horizonte, un proyecto de vida en la Argentina, bienvenido. Pero si esta gente viene y comete delitos gravísimos, después hay que dejarlos, no expulsarlos y estos organismos internacionales aparecen reclamando…».
«Me parece que no hay que cumplir, más allá de que se pertenezca a la Comunidad de las Naciones. No estoy de acuerdo», destacó el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri.
En ese sentido, insistió en que está en contra de los «extranjeros que rompen el pacto de convivencia».
«Esta gente se tiene que ir, con sus hijos, con su familia», lanzó el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.
El Comité de la ONU también exigió al Gobierno que revise todos los casos de expulsiones que se hayan concretado desde la sanción del decreto, en enero de 2017, y los que están pendientes de resolución, para «garantizar la unidad familiar».
La relatora para Argentina del Comité, María Landázuri, evocó el caso de una mujer peruana, madre de tres niños argentinos de 14, 5 y 2 años que fue deportada por sus antecedentes penales en febrero pasado y separada de sus hijos: tras la difusión mediática del caso, el 2 de septiembre fue autorizada a reingresar al país.
La mujer había sido detenida en 2011 como mula de una banda de narcotraficantes y cumplió una condena de cuatro años de cárcel.
De los 44 millones de habitantes de Argentina, un 4,5% es inmigrante, según cifras de la ONU.
