El fiscal Carlos Gonella solicitó diez años de prisión para un hombre acusado de explotar laboralmente a 29 personas, cinco de ellas menores de edad, en una ladrillera ubicada en la localidad de Malvinas Argentinas.
Además, el fiscal requirió, según publicó el portal Fiscales.gob.ar, el decomiso de una serie de bienes propiedad del imputado con el objetivo de obtener una reparación económica para las víctimas.
En las últimas horas, y al exponer su alegato, el fiscal mantuvo la acusación con la que llegó a juicio el único imputado del caso, a quien se le endilgaron los delitos de «trata de personas -agravada por la pluralidad de víctimas, la existencia de menores de edad, abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación laboral-, y por la facilitación de la permanencia habitual de extranjeros en situación migratoria irregular, agravada por la minoridad de las víctimas».
Durante el debate, según Gonella, se logró acreditar, no sólo las graves condiciones en que se llevó adelante la explotación (las víctimas vivían hacinadas, sin calefacción ni ventilación, con escasas posibilidades de comunicación con el exterior), sino también la responsabilidad del imputado en el acogimiento de las víctimas, en su mayor parte de nacionalidad boliviana y en situación migratoria irregular.
Entre los bienes que se pidieron decomisar para brindar una reparación económica a las víctimas, está el establecimiento rural donde se fabricaban los ladrillos y varios vehículos con acoplados.
De acuerdo a la estimación brindada ante el Tribunal, lo adeudado a los trabajadores alcanzaría los 5 millones de pesos, cifra establecida a partir del cálculo de los salarios registrados laboralmente bajo el convenio de la actividad de cortadores de ladrillos.
