La mañana del 8 de agosto de 2018 la gobernadora María Eugenia Vidal fue una de las primeras voceras del voto en contra del proyecto de ley que trataría el Senado Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Si la ley no se vota hoy o mañana voy a estar más aliviada”, dijo temprano en declaraciones a Radio Mitre. La mujer que en ese entonces tenía una de las imágenes positivas más altas del país y se perfilaba como posible candidata a la presidencia de la Nación ya había dicho que estaba en contra de la legalización del aborto por creencias religiosas. Esa vez ensayó otra explicación: «En términos de recursos es imposible saber cuánto le va a costar a la provincia. No se sabe con exactitud la cantidad de abortos clandestinos que hay. Las cirugías programadas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho compite con la cardiopatía y con otras”.
No era la primera vez que aparecía el argumento de los costos de la legalizar el aborto. La discusión sobre cuánto significaría al Estado la implementación de la ley fue recurrente durante el debate en comisiones que reunió a más de 700 referentes y especialistas a favor y en contra del proyecto. Las universidades y el ex Ministerio de Salud aportaron datos contundentes. Explicaron que con la ley habría reducción drástica de costos, tanto económicos como en vidas de mujeres que mueren todos los años por abortos inseguros.
Es que lejos de la idea del aborto como una cirugía riesgosa con días de internación, en la actualidad se trata de una práctica que puede hacerse de manera ambulatoria sin necesidad de pasar por un quirófano. La clave es el misoprostol, la droga en pastillas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo y que en los países que legalizaron la práctica se convirtió en uno de los métodos más usados. El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) Sociedad del Estado de Santa Fe lo fabrica desde 2018 y este mes llegó por primera vez a los centros de salud y hospitales de la provincia.
¿Cuánto vale?
El LIF hizo hasta el momento dos lotes de misoprostol de 100 mil comprimidos cada uno en versión oral y vaginal. Para fabricarlos tuvo que importar la materia prima e invertir en investigación y desarrollo de la fórmula. Los costos totales de las dos producciones equivalieron a 73 pesos por comprimido. El misoprostol que hacen los laboratorios privados cuesta hasta 361.23 pesos por pastilla. Sería un 80 por ciento menos y desde el LIF contaron que el valor descenderá a futuro porque el gasto de investigación y desarrollo ya está hecho. Según explicaron desde el LIF, en las futuras producciones equivaldrá a menos. También bajará si la fabricación se hace en el LIF y no se terceriza, algo muy común en las primeras producciones de medicamentos nuevos.
En Argentina la droga ya se distribuye en la salud pública para las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) permitidas por el Código Penal desde 1921 en las causales de violación y riesgo de salud de la mujer que fueron ratificadas en el fallo FAL de 2012. También se vende en farmacias bajo receta archivada. En Rosario el misoprostol empezó a distribuirse en 2012 y desde entonces no hubo muertes de mujeres por abortos clandestinos.
Actualmente el gobierno nacional y las provincias que aplican el protocolo de ILE lo compran a los laboratorios privados. Beta hace el Oxaprost que está combinado con diclofenac y no está indicado para interrumpir el embarazo, sino para problemas gástricos. La caja vale más de 6.700 pesos. A mediados de 2018 Domínguez fue autorizado a hacer el Misop y por primera vez la Anmat reconoció el uso ginecológico. A diferencia del Oxaprost, el Misop es misoprostol puro y vale 4.200 pesos.
El LIF es el primer laboratorio público de Argentina que fabrica misoprostol puro. Desde septiembre se distribuye gratis en centros y salud de la provincia y podrá llegar al resto del país si obtiene la autorización de la Amnat. Además del LIF otros dos laboratorios públicos en Río Negro y La Plata planean fabricarlo.
Invertir para ahorrar
En el debate del proyecto de IVE el entonces ministro de Salud, Ricardo Rubinstein, expuso números elaborados en la gestión pública durante las últimas décadas y dio el último cálculo de la cantidad de interrupciones que se hacen en Argentina, aún con la limitación de la clandestinidad que no permite tener cifras exactas. Dijo que por año hay 354.627 abortos, que equivalen a 41 prácticas por hora.
Otro dato relevante fue el de los métodos usados para abortar y quienes son las más perjudicadas con la ilegalidad. Casi el 70 por ciento de las interrupciones en Argentina son a través de un medicamento, es decir, con misoprostol. El 22 por ciento son hechos por profesionales en condiciones clandestinas. En los dos casos más del 80 por ciento son sin riesgo. El problema está en el menos del 10 por ciento restante: son los abortos hechos en condiciones de extrema precariedad en los cuales más del 70 por ciento de las mujeres y personas gestantes corre riesgo de morir.
Rubinstein también aportó información de costos para la salud pública. Según las estimaciones, en 2018 un aborto y las complicaciones que aparecen por hacerlo en condiciones inseguras le costaban 11.500 pesos a la salud pública. Con la legalización hubiese bajado a 1.914 pesos, con un ahorro para el Estado del 84 por ciento. La reducción de internaciones hubiese sido del 98 por ciento: de 70.200 que hay actualmente por año con el aborto legal se hubiese pasado a 1.445. Según explicó, con la legalización el 90 por ciento de los abortos pasarían a resolverse con misoprostol.
En otra de las exposiciones en el Congreso la economista Sonia Torres explicó que la producción publica de misoprostol y mifepristona (las dos drogas combinadas logran una efectividad del 99 por ciento) le ahorrarían al Estado entre 500 y 800 millones de pesos anuales, y ese número no tuvo en cuenta las últimas dos devaluaciones.
Después del rechazo en el Senado, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley de producción pública de ambas drogas. La iniciativa buscaba que la salud pública de todo el país no tenga que recurrir a laboratorios privados para garantizar los abortos no punibles. Además, pedía que las dos drogas estén incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO), para que las prepagas y obras sociales lo cubran. El proyecto no llegó a ser tratado en la comisión de Salud.
