Organizaciones de derechos humanos, de la mujer, de la niñez y la infancia denunciaron este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington los obstáculos de las niñas víctimas de violencia sexual para acceder a interrupciones legales del embarazo. Como caso testigo citaron el de la nena tucumana de 11 años embarazada tras una violación cuya causa fue judicializada, impidiendo el ejercicio de su derecho a decidir.
Según informó el diario Tiempo Argentino, durante la presentación, el Estado argentino reconoció las vulneraciones a los derechos de la niña en Tucumán e informaron que el Instituto Nacional de las Mujeres ofreció presentar un amicus curiae para acompañar a los médicos que intervinieron en el caso y que fueron imputados por homicidio.
En el panel que representó al Estado argentino participó una funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Nicole Neiman, quien afirmó que están “trabajando para que los derechos de las niñas y adolescentes sean respetados independientemente de donde viven” y señaló que el gobierno de Tucumán “vulneró los derechos de Lucía cuando ingresó a las instituciones solicitando que se garantice su derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”.
La denuncia tuvo lugar este viernes durante una audiencia temática, en el marco del 173° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, en donde las organizaciones también exigieron que la Argentina reconozca el embarazo infantil forzado como tortura y mayores compromisos del Estado a la hora de prevenir, sancionar y erradicar esta violencias que afectan gravemente los derechos de las niñas.
La presentación fue realizada por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), las coaliciones nacionales integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC), Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES), y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina (CLADEM Argentina).
Además de esta solicitud de audiencia a nivel subregional, las organizaciones presentaron una solicitud de audiencia referida directamente a la Argentina. En nuestro país “entre 2.500 y 3.000 niñas menores 15 años dan a luz” cada año.
“Los embarazos a tan temprana edad presuponen abusos hacia esas niñas, por lo que se perpetúa una clara violación hacia sus derechos humanos y hacia su integridad”, explicó la ANDHES a través de un comunicado.
En febrero y con 23 semanas de gestación, una niña de Tucumán identificada como Lucía para resguardar su identidad, fue sometida a una cesárea tras judicializarse durante semanas su caso. Había quedado embarazada tras ser violada por la pareja de su abuela materna.
La madre de la niña pidió ante la justicia tucumana la ILE, medida que fue dilatada durante semanas, hasta que fue obligada a realizarse una cesárea. Días más tarde, la neonata falleció.
