El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a ocho años de prisión a una mujer por encontrarla responsable del delito de trata laboral de personas agravado. Además, en línea con lo que había solicitado el fiscal Gabriel González da Silva en su alegato, los jueces ordenaron indemnizar a la víctima por la suma de 18 mil pesos. La reparación económica, inédita en los tribunales de esa jurisdicción, fue del mismo monto que los explotadores le había prometido engañosamente a la víctima, al valor del dólar de la fecha.
El juicio comenzó el pasado 30 de septiembre y en la audiencia declararon diez testigos. A lo largo del debate se pudo demostrar que, entre septiembre y octubre de 2014, una mujer facilitó el traslado y recibió y acogió a una joven oriunda de Bolivia en su casa de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Una vez allí, explotó laboralmente a la víctima, a quien intimidó y coercionó aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
La joven vivía con sus padres y ocho hermanos en la localidad de Achachachi, en una comunidad agrícola de aymaras. Un día, su madre conoció a una mujer que le propuso que enviara a su hija a trabajar al local de ropa que tenía un familiar en Buenos Aires donde le pagarían –dijo– 200 dólares, y que con el tiempo iban a ser 300 dólares.
La mujer se hizo cargo del traslado de la víctima en colectivo y contó con la colaboración de su cuñada, que se plegó en un momento del trayecto. Arribaron a Buenos Aires, pasaron ahí la noche y siguieron viaje rumbo a Carmen de Patagones. Una vez allí, la víctima se encontró en una casa en donde estaba todo revuelto e inmediatamente se le ordenó limpiar y cuidar de los dos hijos de la imputada, cocinar, llevar a los niños a la escuela y atender el comercio, que estaba cerca.
A lo largo de la instrucción, la víctima sostuvo que jamás recibió un centavo a modo de pago por su trabajo y detalló que tenía prohibido salir casa sin autorización expresa de la mujer. Y sólo tenía permitido salir por la zona para hacer algunas compras y llevar a los chicos a la escuela.
En un primer momento la víctima no pudo trabajar en la tienda por la documentación, pero después le “facilitaron” esta situación y se vio obligada a hacerlo.
Allí se desempeñó junto a otra empleada –ninguna de las dos registrada– y de esta forma la otra joven tomó conocimiento de cómo había sido engañada ella. Ambas debían trabajar de 7.30 a 21 y la extensa carga horaria le produjo severos dolores en el cuerpo.
La víctima relató que en una oportunidad le comentó a la ahora condenada que tenía a un familiar muy enfermo en Bolivia, pero que no la dejó volver a su país de origen.
Al rescate
Al notar la angustia, padecimientos y ganas de huir de su compañera, la otra trabajadora de la tienda fue al Ministerio de Trabajo bonaerense para denunciar la situación. Desde la repartición informaron a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Como consecuencia, y a partir de una serie de medidas el 31 de octubre de 2014 la víctima fue rescatada.
Para el fiscal de juicio, el panorama con el que se encontró la víctima fue “muy distinto al que le habían prometido originalmente, ya que en principio se encontraba en Carmen de Patagones, no en Buenos Aires; le habían prometido trabajar en un negocio exclusivamente y por un horario limitado, siendo que se halló inmersa en una situación en donde se le imponían hacer diversas tareas domésticas en extensas horas de trabajo”. Y los jueces del Tribunal respaldaron su descripción y resolvieron el fallo condenatorio.
