La liberación del líder opositor y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros presos por corrupción en la Operación Lava Jato puede definirse a partir de este jueves cuando el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, resuelva si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.
La expectativa de la prensa es que por 6 a 5 la Corte elimine el artilugio legal creado en 2016 por el propio tribunal al calor de la popularidad del entonces juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, de que la detención era obligatoria tras una condena en segunda instancia, sin pasar por todo el proceso en todos los niveles.
El presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, convocó para este jueves a debatir la crucial cuestión, que está detenida desde el año pasado y provoca tensión en el debate político, sobre todo por parte de los bolsonaristas.
El autodenominado filósofo Olavo de Carvalho, gurú de la extrema derecha brasileña y de la familia Bolsonaro, declaró sobre el juzgamiento: «Sólo una cosa puede salvar al Brasil, la unión indisoluble entre pueblo, presidente y Fuerzas Armadas».
El empresario Allan dos Santos, amigo de la familia presidencial y creador de un blog ultraderechista referencia mediática del gobierno llamado Terça Livre, sostuvo que el establishment y el pueblo no permitirán «una soltura en masa».
La constitución brasileña sostiene que nadie puede ser detenido –salvo que signifique un peligro social o acusado de asesinatos o violaciones– sin que haya sido juzgado por todas las instancias.
En 2016, la Corte aceptó un pedido de la Operación Lava Jato para que se detengan a los condenados con fallo de cámara, lo cual continúa en vigor y permitió la detención del líder del Partido de los Trabajadores el 7 de abril de 2018 tras haber sido condenado por Moro.
Lula, su ex jefe de gabinete José Dirceu, el ex director de Petrobras Renato Duque y otros 5.000 detenidos, una veintena de Lava Jato, pueden beneficiarse con el fallo de la corte.
El caso del ex presidente es el que llama la atención en la esfera política, ya que su encarcelamiento lo quitó de la lista electoral vencida por Bolsonaro en octubre pero toda la credibilidad de Lava Jato quedó afectada a raíz de que se revelaron las conversaciones de Moro y los fiscales supuestamente conspirando contra el PT.
Durante tres meses, el sitio The Intercept Brasil reveló junto con grandes medios asociados a su investigación la trama secreta de Lava Jato, sobre todo a partir del chat del app Telegram del fiscal federal Deltan Dallagnol.
Lula, condenado a 8 años y 10 meses de prisión, puede salir actualmente porque ha cumplido un sexto de la pena pero rechazó el beneficio ya que espera se absuelto por las altas cortes.
Esto está en juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal, que tiene “dormido” un habeas corpus de Lula buscando que se declare imparcial a Moro, convertido en uno de los principales dirigentes de la llamada nueva derecha y que disputa con su jefe Bolsonaro, las intenciones de voto para las presidenciales de 2022.
Es clave en el Supremo Tribunal Federal la posición de la jueza Rosa Weber, quien el año pasado rechazó en un 6-5 contra Lula un habeas corpus, horas después de que el jefe del Ejército de entonces, general Eduardo Villas Boas, amenazara por Twitter con una intervención militar.
Actualmente Villas Boas es asesor personal en el gobierno del presidente Bolsonaro y su nombre es vivado por los bolsonaristas que se programaron para protestar contra el STF y pedir el juicio político de sus miembros en caso de que la Operación Lava Jato sea deshilachada.
La Operación Lava Jato específicamente recibió un duro revés de la Corte el mes pasado, tras la anulación de dos sentencias dadas por Moro por error de procedimiento al negarle a la defensa acceso a las delaciones premiadas que fueron claves para dictar condenas.
Todo el sistema de Lava Jato está bajo revisión en la Corte, lo cual genera amplias tensiones entre los llamados ‘bolsonaristas-lavajatistas».
El espacio oficialista vive una división en el gobernante Partido Social Liberal por la investigación contra sus dirigentes, enfrentados con el presidente.
