El ex teniente de la Marina argentina Roberto Guillermo Bravo, el único de los “fusiladores” de la Masacre de Trelew que nunca pudo ser extraditado para ser juzgado, fue detenido en Miami, Estados Unidos, en donde vive desde hace más de 40 años.
Bravo, de 78 años, está acusado de “privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios agravados”, pero nunca pudo ser juzgado porque Estados Unidos trabó sistemáticamente su extradición.
Interpol Argentina le informó en las últimas horas al juez federal de Rawson Hugo Sastre que Bravo fue detenido en la ciudad de Miami en el marco de la causa que ese magistrado investiga desde 2006.
Sastre había pedido la extradición de Bravo en 2008, pero la administración del entonces presidente Barack Obama rechazó la solicitud del juez argentino. Sin embargo, en febrero de 2010, Bravo fue detenido (también en Miami) y quedó libre dos meses después tras pagar una fianza de 1,2 millón de dólares.
Sastre acusa a Bravo de los delitos ocurridos el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar de la ciudad de Trelew, en la que fueron asesinados 16 presos políticos que días antes se habían fugado de la Unidad 6 de Rawson pero no habían podido, como otros de sus compañeros, salir del país y fueron recapturados.
Poco tiempo después de esos crímenes, Bravo fue enviado por la Armada Argentina a la Embajada en Washington. Nunca regresó al país. Obtuvo la nacionalidad norteamericana en 1983, se transformó en un próspero empresario de servicios de salud y hasta se convirtió en proveedor del Pentágono y otros organismos federales norteamericanos.
Encubrimiento
Carlos Roberto Guillermo Bravo nació en 1942 y era teniente del régimen militar argentino en el momento de los presuntos delitos.
El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, 25 presos políticos que formaban parte de grupos de oposición armados de izquierda lograron escapar de la prisión de Rawson. Seis miembros del grupo lograron abordar un avión hacia Chile. Los 19 restantes fueron rodeados y recapturados en el aeropuerto. El teniente comandante Luis Emilio Sosa hizo un trato con los prisioneros, prometiendo garantizar los derechos humanos de los presos políticos de la prisión de Rawson, el grupo aceptó y dejó las armas.
Sin embargo, contrario a la promesa de Sosa, los 19 prisioneros fueron devueltos, no a Rawson, sino a la base naval de Amiral Zar, en Trelew. El 22 de agosto, a las 3 de la mañana, cinco oficiales del ejército: Luis Emilio Sosa, Rubén Paccagnini, Raúl Herrera, Emilio del Real y Carlos Bravo ordenaron al asistente que abriera la puerta de la celda, despertara a los prisioneros y los llevara a el corredor. El grupo se puso en dos líneas, y los cinco oficiales navales dispararon a los prisioneros a corta distancia. Tres de los prisioneros sobrevivieron y 16 fueron asesinados.
Según el informe oficial militar, los asesinatos habían sido en respuesta a otro intento de fuga de la prisión. Ese argumento fue impugnado y desde entonces el incidente ha sido reconocido como un acto de terrorismo de Estado destinado a reprimir sistemáticamente la oposición política al régimen militar en Argentina.
Después de la masacre en la base naval de Trelew, la Marina mantuvo en secreto el domicilio de Carlos Roberto Guillermo Bravo durante 20 años. Bravo obtuvo la nacionalidad estadounidense y actualmente es el jefe de RGB Group Inc., una empresa que ubica a los trabajadores en la industria de la salud y la seguridad y tiene contratos con el Departamento de Defensa de los EE. UU.
Familiares de las víctimas
En febrero de 2006, la familia de María Angélica Sabelli, una de las víctimas, presentó una denuncia contra la Armada argentina en el Tribunal Federal de Rawson, y pronto fue seguida por las familias de otras víctimas.
El caso fue asignado al juez Hugo Sastre, quien determinó que la masacre debería ser tratada como un crimen de lesa humanidad. Si la masacre hubiera sido considerada como asesinato según el derecho consuetudinario, ya habría transcurrido demasiado tiempo para que se juzgaran los crímenes.
Carlos Roberto Guillermo Bravo, Luis Emilio Sosa, Rúben Norberto Paccagnini, Raúl Alberto Herrera y Emilio Jorge del Real fueron acusados de: privación de libertad y actos de tortura (19 cargos), asesinato agravado (16 cargos) y
intento de asesinato (tres cargos).
A finales de 2007, el juez Sastre ordenó la detención de cinco marineros acusados de la masacre. Tres de los acusados, Emilio Jorge del Real, Rubén Paccagnini y Luis Emilio Sosa, fueron capturados y detenidos a principios de febrero de 2008. Sin embargo, el teniente Carlos Bravo, que reside en los Estados Unidos, se negó a asistir a los procedimientos y negó todas las acusaciones.
El 25 de febrero de 2010, Bravo fue arrestado en Miami, Florida, pero el 2 de marzo de 2010 fue puesto en libertad bajo fianza. El 2 de noviembre de 2010, un magistrado estadounidense, el juez Robert Dube, negó la solicitud de extradición argentina de Bravo, lo que le permitió continuar residiendo en los Estados Unidos.
