El conflicto entre la empresa Cliba y el municipio santafesino sumó un nuevo capítulo este miércoles, durante la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia para analizar la posible salida de la empresa de recolección de residuos y las alternativas que se abren ante ese escenario.
Desde hace meses, Cliba viene reclamando una deuda millonaria a la Municipalidad de Santa Fe bajo amenaza de rescindir de manera unilateral el contrato. A octubre, la deuda acumulada es de 350 millones de pesos, algo que el intendente santafesino José Corral no desconoce pero minimiza en cada declaración.
Para tratar de acercar a las partes y evitar una recisión contractual que, además de poner en riesgo un servicio esencial como la recolección de residuos, también tendrá impacto sobre los 400 trabajadores de la empresa, el Ministerio de Trabajo de la provincia convocó este miércoles a una audiencia de la cual participaron representantes de Cliba, de los trabajadores y de la Municipalidad.
Durante el encuentro quedó en claro que el servicio está garantizado, como así también el futuro laboral de los empleados de la firma. “En el hipotético caso de que no haya un acuerdo y se llegue a una resolución unilateral por parte de la empresa, se respetarán los 120 días de continuidad de la prestación que establece el pliego”, confirmó la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Malena Azario.
El municipio que conduce José Corral rechaza la intención de Cliba de rescindir el contrato. Por ello, antes de la intervención del gobierno provincial, intimó a la empresa a garantizar el servicio de recolección de residuos en la ciudad, ratificando a su vez que en el caso hipotético de que la rescisión tomase lugar, la firma debe asegurar la recolección durante un plazo de 120 días hábiles, tal como lo establece el pliego de condiciones.
A través de una resolución, el municipio rechazó cada uno de los términos esgrimidos por la empresa para rescindir el contrato. En primer lugar, se señala, “no se ha operado mora ni incumplimiento que dé lugar a la rescisión contractual declarada, ni mucho menos situación alguna que justifique o amerite la interrupción de la prestación del servicio”.
En ese sentido, la comunicación señala que “si bien es cierto que la contratista ha presentado facturas por los presuntos servicios prestados durante los meses de febrero a septiembre, ello se ha hecho sin cumplir con el procedimiento previsto en el artículo 52 del pliego, que dispone que la emisión de las facturas deberá hacerse una vez que los servicios se encuentren certificados; extremo que a la fecha no ha ocurrido”.
“Consecuentemente, no existe incumplimiento ni mora alguna de parte de esta Municipalidad que habilite a declarar la rescisión pretendida”, afirmaron desde el municipio gobernado por Corral.
En segundo término, dijeron que en el hipotético escenario de que la rescisión se produzca a raíz de algún incumplimiento, corresponde “la prestación del servicio por un plazo mínimo de 120 días hábiles a contar desde la declaración justificada y acreditada de extinción”, tal como lo establece el artículo 44 del pliego.
En la resolución, el municipio le requiere a la firma Cliba “que garantice, sin interrupciones, la efectiva prestación del servicio público contratado, correspondiente a la recolección de residuos domiciliarios, barrido manual, barrido mecánico, asistencia a minibasurales y levante de montículos, conforme a la documental contractual aplicable, velando por la continuidad de todas las fuentes de trabajo implicadas”.
Audiencia entre las partes
Este miércoles al mediodía se desarrolló una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, a solicitud del Sindicato de Camioneros, tras notificarse la intención de la empresa Cliba de rescindir el contrato con el municipio para la prestación del servicio de recolección de residuos. La reunión tuvo por objetivo aclarar el futuro laboral de los empleados de la firma en la ciudad.
Al finalizar la audiencia, Azario señaló ante la prensa: “Fue una reunión de trabajo, entendemos que positiva, en la que se puso foco en priorizar derechos de los trabajadores involucrados y de los vecinos en general, con el objetivo de garantizar la provisión del servicio de recolección de residuos”.
“Lo más importante de la audiencia es que sirve para llevar tranquilidad a la ciudadanía, porque el servicio se va a seguir prestando de forma normal y habitual, y se garantizan las fuentes de trabajo”, sostuvo la funcionaria municipal. “Nos vamos todos tranquilos porque nos llevamos el compromiso de cumplir los plazos que marca el pliego”, agregó la secretaria. En ese sentido, indicó que “ante el hipotético caso de que se llegue a una rescisión unilateral por parte de la empresa, se van a respetar los 120 días que establece el pliego a los fines de que se avance de forma ordenada con las alternativas que se consideren oportunas, en su caso”.
Por su parte, el delegado de los trabajadores, Fernando Machuca, dijo que la prioridad de la entidad que representa es “darle tranquilidad a todos trabajadores de la empresa Cliba” y también hizo hincapié en el plazo de 120 días que se abre si la rescisión llegase a tomar lugar. El representante gremial dijo que “fue una reunión satisfactoria” y que sirvió para confirmar que hay un plazo legal durante el cual se debe seguir cumpliendo el servicio, en caso de que la rescisión efectivamente se concrete.
