Por La Nueva Mañana
Miembros de la policía nacional de Chile cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas, señaló este martes la organización Human Rights Watch.
La organización se reunió con el Presidente Sebastián Piñera el 26 de noviembre para hacerle entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión.
Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.
Las protestas comenzaron como una reacción frente al aumento en las tarifas del transporte público y han continuado durante más de un mes, reflejando un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y la desigualdad económica.
El 18 de octubre, el Presidente Piñera declaró el estado de emergencia en varias regiones del país, desplegando a los militares para asegurar su cumplimiento. El Estado de emergencia, que incluyó un toque de queda y restringió la libertad de circulación, fue levantado el 28 de octubre.
Human Rights Watch entrevistó a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso en noviembre. Algunas víctimas fueron heridas por perdigones disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de gases lacrimógenos disparados con armas antidisturbios; otras señalaron haber sufrido abusos policiales en las calles o en comisarías.
La organización también entrevistó a carabineros, algunos de los cuales habían sido heridos por manifestantes, así como a médicos, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil y altas autoridades, incluidos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros, y los ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.
Human Rights Watch recabó pruebas consistentes de que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no.
Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas en relación a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, informó a la organización el Ministerio de Salud. De estas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves.
Una cuestión particularmente alarmante es el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto, indicó Human Rights Watch.
La escopeta antidisturbios fue la principal causante de más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con su evolución en los siguientes tres meses.
Miembros de Carabineros también golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas “bean bag” (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales.
La Fiscalía Nacional está investigando 26 muertes. Entre ellas está el caso de un manifestante que murió después de presuntamente recibir una golpiza de carabineros en la calle, tres personas que habrían recibido disparos letales con armas de fuego por militares y una persona que fue atropellada por un vehículo de Infantería de Marina, según información de la Fiscalía Nacional.
Personal médico indicó que un manifestante con una afección cardíaca murió al no recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo. La Fiscalía Nacional también está investigando la muerte de dos hombres bajo custodia de carabineros, que actualmente considera suicidios.
Human Rights Watch tomó conocimiento de al menos otras 18 personas que murieron en incendios durante los saqueos, fueron atropelladas por vehículos particulares durante las manifestaciones, o murieron por otras causas sin que haya pruebas, hasta el momento, de que estuvieran implicados agentes del Estado. Carabineros detuvo a más de 15.000 personas y cometió abusos contra algunas de ellas, indica el informe.
De las 442 querellas presentadas por el INDH en representación de víctimas de abusos, 341 se refieren a señalamientos de torturas y trato inhumano, y 74 a denuncias de abusos sexuales. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente por carabineros.
Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones.
