Jorge Kohen (*)
El pasado 20 de noviembre, en horas de la tarde, un incendio seguido de explosiones se cobró la vida de hasta ahora 12 trabajadores en el Ingenio La Esperanza de la provincia de Jujuy.
De inmediato se conoció el repudio de la Fetia, la Intersindical de Salud, Seguridad y Participación de los Trabajadores y la solidaridad con las víctimas y sus familiares.
Los trabajadores de ATE (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) a través de un comunicado manifestaron: “Las 10 muertes de los trabajadores en la explosión que provocó el incendio en el Ingenio La Esperanza vuelve a poner de relieve el vaciamiento que sufrió la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como organismo estatal encargado de la prevención de riesgos del trabajo, con antecedentes como lo ocurrido en Vaca Muerta y Ezeiza.
El abandono de las políticas de prevención de la SRT tiene como objetivo las ganancias de los privados sobre la vida y la salud de los trabajadores. Una SRT sin eje en la prevención es igual a más muertos en los lugares de trabajo.
Desde hace tiempo venimos denunciando la Emergencia en la SRT, el abandono que perjudica la salud de los trabajadores y aumenta el riesgo de morir en los lugares de trabajo. La explosión que provocó el incendio en el Ingenio la Esperanza pudo haberse evitado”.
Efectivamente existían innumerables antecedentes de los incumplimientos de la empresa con las normas más elementales de la ley de Higiene y Seguridad 19.587, el decreto 351/79 y la reglamentación vigente.
El Ingenio La Esperanza está al momento del accidente incluido en el Programa de Empresas de Alta Siniestralidad: desde 2011. Y en 2016 habían fallecido en accidentes de trabajo 4 trabajadores. Se encontraba al momento del accidente sin ART, por haber sido dado de baja por Galeno en el mes de abril pasado.
La SRT transfirió en 2017 a la Autoridad de Trabajo Local (ATL) de la provincia la tarea de control e inspección, por lo cual la responsabilidad en este accidente recae sobre ambas instituciones de control, tanto la SRT como el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy. Ambos organismos de control estatal han permitido continuar trabajando sin clausura al ingenio, ante el incumplimiento de sus obligaciones y compromisos, en cuanto a la remediación de las condiciones inseguras como empresa de alta siniestralidad en materia de seguridad laboral.
En 2017, en una inspección realizada por agentes de la SRT, se observaron incumplimientos en todos los puntos que deben controlarse de acuerdo a la normativa vigente: desde la falta de profesional a cargo de la higiene y seguridad y procedimientos de seguridad para cada puesto de trabajo, hasta la falta de capacitación; desde el mal funcionamiento de ascensores y montacargas hasta la falta de registros habilitantes y no capacitación en conductores de vehículos (uno de los accidentes denunciados graves se debió a esta causa). Debe destacarse que, de acuerdo a esa última inspección, la empresa no cumplía con formación, capacitación y registro de acciones de prevención de incendios y no poseía constancia de simulacro de incendio, ni estudios de carga de fuego. Además, no presentaba registro de control, puesta a punto, mediciones ni inspección periódica de las calderas y aparatos sometidos a presión. Entre otras faltas graves.
En 2018 la Autoridad de Trabajo Local de la provincia de Jujuy realizó varias inspecciones donde no verifica el cumplimiento de los puntos señalados desde 2017.
Durante este año ya se habían registrado y denunciado 67 accidentes de trabajo antes de la tragedia del 20 de noviembre que se cobró la vida de 12 trabajadores.
Este accidente involucra una cadena de responsabilidades, comenzando por la irresponsabilidad empresaria ampliamente demostrada, continuando por la SRT y la ATL de Jujuy, que debieron clausurar el establecimiento por el incumplimiento absoluto, por lo que se le venía denunciando y reclamando desde 2017.
En 2016 contaba con un total de 1.219 trabajadores, pero la planta se redujo a 640 en 2019. En 2017 se habían constatado sub-registros de accidentes, a pesar de haberse denunciado 176; y se llevaban 67 accidentes en el transcurso de este año. A pesar de los casos denunciados por la empresa, se mantenía la indicación de la ATL que debían denunciar la totalidad de los accidentes, cuestión que la empresa no cumplía con el objetivo de poder salir del Programa de Alta Siniestralidad.
Un factor importante en la causalidad del accidente es el tema de la privatización del Ingenio, el despido de la mitad de los trabajadores y la precarización de los que quedaron trabajando con ritmos de trabajo y jornadas extenuantes en un medio ambiente de trabajo donde no se cumplía ninguna de las normas más elementales de la seguridad laboral.
Que las políticas neoliberales del gobierno del ingeniero Mauricio Macri y del contador Gerardo Morales atentan contra la vida de los trabajadores no es un eufemismo ni una metáfora, son datos objetivos de una realidad inocultable y que está total y absolutamente registrada en el sistema público oficial de datos de la SRT.
(*) Investigador docente (Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario). Ex gerente de Prevención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
