Este viernes a las 19 se hará un acto contra el desalojo del centro cultural La Toma, de calle Tucumán 1349. La movida se da en el marco del conflicto judicial que hace años sacude al inmueble.
Este año la entidad bancaria que tiene los papeles de una hipoteca impaga del lugar desde el año 1993 solicitó al juzgado 14 Civil y Comercial la ejecución de la sentencia de desalojo contra los trabajadores.
“Igualmente, también este 2019 se ha votado en el Concejo Municipal, en la Cámara de Diputados de la provincia y ahora en Diputados de la Nación el rechazo a esta pretensión arbitraria. También el conjunto del movimiento sindical y popular de Rosario (sin excepciones) se movilizó contra cualquier intento de llevar adelante el mismo”, recordó Carlos Ghioldi, el máximo referente de la cooperativa que administra el lugar.
“Nuestra respuesta ante el pedido de desalojo es comprometernos en la utilización pública y social del establecimiento en manos obreras como forma de profundizar la resistencia. También de poner el establecimiento al servicio de las autoridades para el desarrollo de políticas públicas de inclusión social”, añadió.
“Nuestra decisión es no acatar ningún desalojo y mantener así nuestra lucha por los puestos de trabajo. En este marco pasamos un año más de lucha”, sostuvo Ghioldi.
Lo que viene
El dirigente dijo luego que seguirán instando a que se encuentre una solución para el predio a partir de la propuesta de la compra de la hipoteca por parte del Estado.
“Eso es una propuesta oficial que hizo el gobernador de la provincia de Santa Fe y estos fondos de inversión que tienen la titularidad de la hipoteca impaga hace 27 años -y que son los que piden el desalojo- se niegan a negociar”, explicó.
“Ya es una decisión tomada. Nosotros bajo ningún punto de vista vamos a retirarnos de ese lugar. Ya lo hemos decidido. Así como la sentencia dice que el desalojo es irrevocable y firme, nosotros hemos informado que nuestra decisión es mucho más firme de no acatar esa sentencia”, insistió el militante.
El dirigente dijo permitir que sigan existiendo experiencias como La Toma es casi una necesidad política. “Porque no pueden tolerar que los trabajadores que son despedidos se organicen y tomen los edificios. Hay un mensaje de escarmiento en lo que quieren plantearnos”, cerró.
