Ana Laura Píccolo
El asesinato de María del Rosario Vera, la joven de 23 años y madre de cuatro hijos hallada sin vida dentro de un contender de basura con parte del cuerpo calcinado será investigado como femicidio. Así se resolvió el martes de la semana pasada en una audiencia en la que se recalificó la acusación de homicidio simple que pesaba sobre dos primos –de 35 y 45 años– que ahora quedaron imputados por homicidio calificado por mediar un contexto de género, delito que en caso de condena prevé prisión perpetua. En la misma audiencia prorrogaron la prisión preventiva de ambos hombres. El tercer imputado en la causa es un efectivo del Comando Radioeléctrico que continúa el proceso en libertad y que en un principio estuvo sospechado de encargar el crimen, perpetrado a comienzos de 2018.
La hipótesis surgió de los mensajes de auxilio enviados por la víctima a su familia los días previos a su desaparición, en los que advertía que un policía que vendía drogas en barrio Triángulo había mandado a sus soldaditos a matarla porque le había robado. La joven se había mudado a una casilla pegada a las vías del ferrocarril en Felipe Moré y Amenábar corrida por la pobreza luego de separarse del padre de sus hijos –entonces de 2, 3, 6 y 8 años– por las palizas que le daba. En ese contexto conoció al uniformado y apareció el comercio al menudeo como subsistencia, según esa línea investigativa. La mención de un cuarto sospechoso se sumó a la compleja trama que envuelve el crimen de Vera a partir de la declaración de los dos primos detenidos.
A María del Rosario le decían Sico. El 4 de enero de 2018, dos pibes que revolvían un volquete de basura en zona oeste, a la altura de Felipe Moré y Gaboto, la encontraron envuelta en una frazada y con parte del cuerpo quemado. La autopsia determinó que la causa de muerte fue la asfixia por ahorcamiento. Tenía una soga alrededor del cuello con dos piedras atadas en los extremos, restos de semen en su ropa interior, un fuerte golpe en la cabeza y lesiones post mortem en distintas partes del cuerpo.
El primer detenido en la causa fue Andrés Nicolás Miguez, un suboficial del Comando Radioeléctrico, de 32 años, quien se entregó a los dos días del crimen en la sede de la Policía Federal. El fiscal Florentino Malaponte (luego designado juez provincial) lo acusó de encargar el crimen bajo la figura de homicidio calificado por relación preexistente al entender que el uniformado lideraba una banda dedicada al narcomenudeo y mantenía una relación sentimental con Sico. Según los mensajes que la joven le envió a su familia la última semana de vida, había empezado una relación de pareja con el policía, apodado Martín, hasta que las cosas se complicaron porque le robó parte de las drogas que el uniformado había escondido en su casilla tras sustraerlas de un allanamiento. Desde entonces lo soldaditos de Martín la tenían amenazada. “Ahora se viene la mafia, te metiste con la banda de la 19. Te metiste con el diablo”, es uno de los mensajes de texto que recibió la joven los días previos a ser asesinada.
En su descargo, el policía desmintió las acusaciones. Declaró que conoció a Sico cuando ella llamó al 911 para denunciar por violencia al padre de sus hijos pero negó haber comenzado una relación sentimental, lo que no convenció a la Fiscalía por las fotos de Facebook de la víctima y el reconocimiento de uno de sus hijos menores en Cámara Gesell.
Un mes después, en febrero de 2018, cayó el principal sospechoso del asesinato: Néstor Hugo Sánchez, de 45 años y conocido como Huguito. Su ADN apareció en el cuerpo de la víctima y la acusación en su contra fue por la autoría material del homicidio.
El tercer sospechoso, primo de Huguito, fue detenido un año después del crimen. Su aprensión benefició la complicada situación del policía. Se trata de Alberto Martín Sánchez, de 35 años, imputado como autor material del crimen. Al parecer, la investigación dio un vuelco y apuntó a que la relación de Sico era con este último, lo que motivó que el uniformado recuperara la libertad en diciembre de 2018 luego que su defensor, José Luis Giacometti, alcanzara un acuerdo con el fiscal Malaponte, y su situación se perfile rumbo a la absolución, medida que provocó un fuerte malestar en la familia de María del Rosario, particularmente en las hermanas que se hicieron cargo de sus cuatro hijos.
En un reportaje que dio hace un año a este diario Rosa, una de las hermanas de Sico, celebraba con dolor los resultados positivos del ADN de Huguito Sánchez, en sangre y semen, porque eran prueba para que el caso no quede impune, pero advertía: “Lo que nos preocupa es que no se habló más del policía que está preso. Él es el que ordenó matar a María del Rosario. Tenemos miedo que lo quieran dejar en libertad. Yo misma reconocí el arito de mi hermana que tenía en su billetera”. Semanas después el efectivo recuperó la libertad, en coincidencia con la detención de Alberto Martín Sánchez.
La causa estuvo varios meses parada hasta que se reasignó al fiscal Ademar Bianchini y en octubre pasado la familia de Sico logró constituirse como querellante en representación de uno de sus hijos menores, con el patrocinio del abogado Daniel Papalardo, de la Defensoría Pública de los Tribunales provinciales.
Durante noviembre quedó firme la prisión preventiva de los primos Sánchez. La medida cautelar había sido puesta en discusión, fue confirmada por un juez de primera instancia y el lunes pasado, reconfirmada por la jueza de la Cámara de Apelaciones Carina Luratti. Un día después, el martes pasado, el juez Nicolás Vico Gimena prorrogó la prisión preventiva de ambos y aceptó la recalificación de la imputación por la de femicidio.
Un vocero del caso dijo que los dos detenidos pidieron declarar y aunque negaron ser los autores del homicidio ambos se ubicaron en el lugar donde ocurrió el crimen.
En sus relatos, uno de los primos acusó al otro, que lo desmintió, y ambos mencionaron a un tercer partícipe, que no es el policía, a quien identificaron con nombre y apellido, aunque no está detenido.
Se espera que a comienzos de 2020 se fije fecha para el juicio oral en el que se resolverán las responsabilidades de cada uno de los actores que participaron del femicidio de María del Rosario Vera. Hasta ahora, la investigación muestra que la violencia contra las mujeres en contextos de pobreza, donde la subsistencia depende de redes de economías ilegales, es mucho más feroz que la violencia doméstica, que también mata.
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