El titular de la Fiscalía Federal 2 de la capital provincial, Walter Rodríguez, inició una nueva investigación sobre el ex jefe de la Policía Federal Delegación Santa Fe Marcelo “Lechuga” Lepwalts y cinco de sus subalternos, sospechados de conformar una asociación ilícita para llevar adelante un “sistema de recaudación ilegal”. Además, Rodríguez pidió la formación de otra causa para el sucesor de Lepwalts, el comisario Mariano Valdés, quien fuera detenido luego de ser baleado en un oscuro episodio ocurrido en la autopista Rosario-Buenos Aires en septiembre pasado y de que le hallaran restos de estupefacientes en un bolso de su propiedad, por cohecho pasivo.
En el pedido de indagatoria presentado ante el magistrado Francisco Miño, el fiscal abarca a Lepwalts, Cristian Bogetti, Juan Michael Arbildo, Carlos Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Lucas Bustos. Los cuatro primeros fueron detenidos en mayo pasado luego de que allanaran el edificio de la Delegación de la Federal en Santa Fe, donde trabajaban, y procesados por favorecer a un narco. Ese día también les hallaron 81 bochitas de cocaína en el baño junto con 42 mil pesos en la caja fuerte del despacho del jefe de la dependencia, Lepwalts. A los cordobeses, Bogetti, Duarte y Bustos, también los investigó la Justicia federal de Villa María por cohecho.
La investigación
En el escrito, Rodríguez refirió que este expediente se inició el 24 de septiembre pasado, cuando recibió en su oficina una carta que explica cómo era el “sistema de recaudación” que llevaba adelante la Delegación de la Policía Federal en Santa Fe. “Quien ocupa un sillón en este país debe pagar por lo que vale este sillón. Quien se niega y no lo hace, se va a su casa (eso es moral)”, se resalta en el escrito que recibió la Fiscalía.
Ese mismo día por la tarde, el autor de la misiva llamó. El interlocutor se presentó como el padre de uno de los policías federales detenidos y accedió a entrevistarse con Rodríguez. El fiscal acordó con el hombre que, al otro día, se presentara como testigo y fue en ese encuentro que brindó un pormenorizado detalle del “sistema”, donde indicó que las recaudaciones pasan por diferentes delegaciones y llegan hasta la oficina del jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia. También habló de una entrevista que tuvo con el sucesor de Lepwalts, el comisario Valdés, donde éste le pidió información sobre los “arbolitos» –personas que hacen transacciones con divisas extranjeras por fuera del mercado legal– que trabajaban en la capital provincial para que hagan “un aporte voluntario”.
«En cada procedimiento, donde se intentaba sancionar algún tipo de delito, siempre se recurrió a alguna artimaña armada de antemano para lograr quedarse en lo que se podría denominar un botín. Es muy común dentro de lo que se llama la Jefatura de la Delegación Santa Fe que cada jefe que ocupa el cargo de delegado tiene que cumplir con un mandato de sus superiores inmediatos, que es el Área con asiento en Rosario, a quienes mensualmente se les debe hacer llegar el denominado sobre del cual se sabe que contiene dinero, no así el monto. En cuanto a la existencia de ese “sobre” es sabido acorde a manifestaciones hechas por integrantes de la Delegación, quienes de antemano decían que debían llevar ese sobre al Área Rosario aprovechando que tenían que trasladar alguna documentación a los Juzgados de esa ciudad. Esta modalidad de recaudación se da en el ámbito de cada Área con asiento en distintas ciudades del país. Cada “sobre” contiene un monto de dinero determinado de antemano que a medida que va escalando en la estructura policial, en cada estamento queda una parte de dinero del mismo, hasta llegar a un monto que le corresponde al Jefe de Policía, quien actualmente es Roncaglia», describió el testigo ante Rodríguez.
En ese marco, el fiscal ordenó el 26 de septiembre la intervención del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (Justicia provincial) para constatar ese sistema aportado por el padre del policía federal. Rodríguez aclaró que la exposición no tiene sustento probatorio en el expediente, pero sí sirvió como puntapié de esta nueva causa. La orden del fiscal fue que analizaran los informes técnicos de los teléfonos celulares y computadoras secuestrados en la Delegación el pasado 9 de mayo. Con base en las conclusiones del OI y en especial sobre el informe de un celular de Gómez Navarro, el fiscal determinó como viable la confección de la nueva causa contra el sexteto de policías federales.
“Se encontraron indicios novedosos que develan la existencia de una organización con lazos delictivos comprobados entre Lepwalts, Bogetti, Arbildo, Gómez Navarro, Duarte y Bustos destinada a satisfacer el ánimo de lucro de sus integrantes», describió el fiscal.
En su análisis, el OI descubrió que la Brigada de la Delegación de Santa Fe “funcionaba como un cuerpo unificado, respetando el orden jerárquico propio de las fuerzas de seguridad”.
Un punto que fue destacado trató la manera en que procedían en los distintos allanamientos. No sólo se apoderaban del dinero que pudiera haber sino que también lo dividían en partes iguales para todos los miembros: “A raíz de lo analizado entendemos que el ayudante Arbildo y Boguetti serían quienes estarían en contacto directo con este tipo de situaciones”.
Embagallar
En el documento, Rodríguez también hace referencia a que la Brigada se quedaba con estupefacientes en cada uno de los procedimientos, los cuales no sólo eran utilizados para “asegurar” el caso sino que también los usaban “para comprometer judicialmente a personas que por algún motivo no fueran funcionales a su sistema”, explicó el fiscal para aclarar que esta práctica vulgarmente se conoce como “embagallar”.
Otra costumbre de la Brigada era “quedarse con celulares pertenecientes a personas presuntamente vinculadas a actividades delictivas” para retroalimentar su sistema de recaudación ilegal.
La acusación
Rodríguez en su pormenorizado análisis de los hechos relevados por el OI circunscribió la pesquisa en la gestión de Lepwalts, desde marzo de 2018 hasta el 9 de mayo pasado, cuando fue detenido por modificar un procedimiento para favorecer a un narco santafesino.
Fue en ese marco que les adjudicó a los seis “haber tomado parte de una asociación ilícita, liderada por Lepwalts en su condición de jefe de la Delegación de la Policía Federal, persiguiendo una finalidad recaudatoria al margen de sus ingresos salariales mediante la comisión de delitos indeterminados, durante el período comprendido entre el 23 de marzo de 2018 hasta el 9 de mayo pasado», cuando fue apresado.
Para Rodríguez, el material probatorio hasta el momento comprueba la existencia de un “sistema de recaudación ilegal nutrido cuanto menos por utilidades provenientes del narcotráfico y que tenía como objetivo principal el lucro personal de cada uno de sus integrantes”, argumentó el funcionario para detallar que se enviarán todas las actuaciones necesarias no sólo a su par de la Fiscalía 1, Gustavo Onel; al fiscal Regional provincial, Carlos Arietti, sino también al Juzgado Federal de Villa María, Córdoba, con el fin de que puedan utilizar el material probatorio en sus expedientes.
Procesamientos
Rodríguez destacó que los procesamientos anteriores son hechos autónomos entre sí que sirven de evidencia ya que tienen en común el ocultamiento de información a la autoridad judicial y luego la repartija del botín. El fiscal nombró dos causas de este año donde los jueces federales Miño y Reinaldo Rodríguez dictaron el procesamiento del sexteto: el 30 de mayo pasado cuando Miño acusó a Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro como presuntos coautores de no menos de ocho delitos, entre los que destacó la falsedad ideológica de documento público, sustracción de elementos probatorios, encubrimiento, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, cohecho, falso testimonio y tenencia simple de estupefacientes. Y a Duarte y Bustos como coautores del delito de “tenencia simple de estupefacientes”. Este procesamiento fue confirmado de manera parcial por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, el 6 de noviembre pasado.
En tanto, el 24 de mayo el magistrado Reinaldo Rodríguez procesó a Bogetti, Duarte y Bustos como autores de “encubrimiento triplemente agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por un video en el que se los ve negociando con narcos barriales de Santa Fe.
La causa de Villa María
“La Policía es siempre lo mismo. Nos quita la droga y después la vende. Gilli –por Carlos Gilli, conocido como Gordo y condenado por narco en Córdoba– es el que maneja la plata, les paga 20.000 pesos por semana. La semana anterior al allanamiento habían pagado. Son todos iguales. Yo me refiero al personal que está en la calle, el de ojos claros y los dos gorditos pelados. El dinero era entregado a Bogetti, Duarte y Bustos y a veces lo retiraban de un negocio del rubro verdulería en una camioneta bordó”. Esta declaración de un detenido en una causa por drogas se tomó el 10 de marzo de 2017 y dio origen al expediente en la Fiscalía federal de Villa María bajo la carátula de “cohecho pasivo”, la cual fue desestimada.
Sin embargo, para Rodríguez los indicios probatorios en esa causa refuerzan el accionar de la Brigada. El fiscal también remarcó que Bogetti, Bustos y Duarte estuvieron en disponibilidad preventiva durante casi un año, hasta el 23 de marzo de 2018, una semana después de que Lepwalts fuera asignado como jefe de la Delegación en la capital provincial y se los llevara a trabajar con él.
Valdés, otra vez en la mira
El titular de la Fiscalía 2 solicitó al magistrado Francisco Miño la formación de una causa por separado luego de la declaración testimonial del padre de uno de los policías, para “investigar posibles conductas de cohecho activo llevada a cabo por el ex comisario Mariano Valdés –y posiblemente otros intervinientes– en lo que concierne a actividades de recaudación provenientes de personas dedicadas a la venta de divisas en el mercado marginal”.
El hombre hizo referencia a que, a dos meses de que fuera detenido su hijo en la causa, Lepwalts pactó un encuentro con Valdés para pedirle que lo trasladaran a la sede de la Federal en Santa Fe. Antes de hablar, Valdés le pidió que apagara el celular para que no lo pudiera grabar.
Según lo expuesto por el hombre, Valdés le dijo que “estaba muy interesado en conocer al grupo de arbolitos de la ciudad de Santa Fe y a cualquier otro responsable de cuevas donde se venda dólar en negro”, se detalla en el escrito donde está resaltado que Valdés le advirtió: “De no lograr que hagan el aporte voluntario por las buenas, no tengo ningún problema de ir a patear las puertas de esos boliches”.
