Por primera vez la Justicia federal procesó a Esteban Lindor Alvarado por la presunta comisión de un delito de narcotráfico. Este miércoles, el juez Marcelo Bailaque envió a juicio oral al célebre ladrón de autos tras considerarlo responsable de haber organizado el tráfico de casi 500 kilos de marihuana interceptados en Río Negro en noviembre de 2017, en un hecho por el que cuatro rosarinos de su entorno empresarial ya fueron condenados. También, esta semana, la Justicia provincial prorrogó la prisión preventiva de su histórico abogado, Claudio Tavella, quien está acusado de ser parte de la asociación ilícita que le achacan liderar a Alvarado, de 43 años y preso desde febrero como instigador del homicidio del prestamista Lucio Maldonado.
Este miércoles el titular del Juzgado Federal de Rosario N° 4, Marcelo Bailaque, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Alvarado, a quien consideró responsable de la organización del transporte de 493,9 kilos de marihuana que se encontraban distribuidos y acondicionados en un semirremolque y en el interior de la cabina de un camión marca Scania, vehículo detenido por personal policial el 24 de noviembre de 2017 cuando transitaba por la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro.
Según fuentes judiciales, por este hecho fueron condenados en mayo pasado cuatro rosarinos, dos que se encontraban en el vehículo donde se ocultaba el material estupefaciente y otros dos que se movilizaban en otro auto que oficiaba de puntero, con el fin de alertar respecto de posibles controles en la ruta.
El pasado 19 noviembre los fiscales Guillermo Lega y Diego Iglesias, titulares de la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) respectivamente, habían solicitado la detención e indagatoria de Alvarado, quien se negó a declarar la semana pasada, al considerar la existencia de elementos suficientes para acreditar que fue quien organizó la maniobra de transporte de marihuana.
En una primera etapa procesal la investigación estuvo a cargo de la fiscal Adriana Saccone, responsable de la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario.
Argumentos
En su sentencia el juez Bailaque valoró distintas pruebas recolectadas durante la instrucción y destacó el vínculo de cercanía entre el acusado y los cuatro rosarinos condenados por realizar la maniobra, los cuales fueron identificados como Ricardo Ariel Ianni, Marcos Esteban Rodríguez, Jesús José Rodríguez y José Luis Di Marco. Por ejemplo que el cargamento descubierto en Río Negro era transportado por un camión de la firma Toia SRL, empresa vinculada a Alvarado, mientras que el titular del acoplado donde fue hallada la marihuana resultó ser un empleado de Logística Santino, cuya responsable dominial es Rosa Capuano, ex esposa de Alvarado y también imputada por la Justicia provincial como su presunta testaferra en la asociación ilícita.
Asimismo Bailaque tuvo en cuenta los diversos allanamientos realizados en causas que tramitaron por en el fuero provincial, que investiga la existencia de una red de sociedades comerciales dedicadas a la actividad logística, transporte y comercialización de rodados, y que según los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra eran en su totalidad dirigidas por Alvarado, quien las utilizaba para el desarrollo del comercio de material estupefaciente.
«Esta vinculación acredita que Alvarado no sólo tenía efectivo conocimiento de la sustancia allí transportada, sino que además fue el organizador de dicha maniobra, como una más de aquellas que llevaba a cabo la empresa criminal investigada. Ergo, estamos en condiciones de afirmar que corresponde imputar el hecho del transporte de dicho material ilícito a Alvarado en tanto, el dominio que este ejercía sobre las diferentes personas físicas y jurídicas que fueron parte de la maniobra», habían concluido los fiscales federales Lega e Iglesias al momento de requerir la detención de Alvarado por tráfico de estupefacientes
Riesgo procesal
A la hora de fundamentar la restricción a la libertad ambulatoria, el juez Bailaque tuvo en cuenta la gravedad de la imputación vertida sobre el acusado, esto es, la pertenencia a un circuito de tráfico de estupefacientes de manera organizada, «la que, además, ya se encuentra en estado de detención por otros hechos ilícitos, extremo que demuestra un alto riesgo procesal». También dispuso que se le trabe embargo hasta cubrir la suma de 6.480.000 de pesos con el fin de asegurar la responsabilidad patrimonial del acusado.
