La fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, solicitaron el procesamiento de seis personas, dos de ellas con prisión preventiva. Se trata de Carlos Felipe Fernández, el dueño de la empresa avícola Supremo S.A, dedicada al criado y comercialización de pollos y que cuenta con varios campos ubicados en las localidades de Cañuelas y Las Heras.
Su hija, Bárbara Melisa Fernández, es otra de las imputadas de la causa. Ambos están acusados de ser coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
El pedido recayó también sobre otros tres hombres: Nicasio Nahuel Canga, acusado en calidad de partícipe necesario y para quien también se reclamó la preventiva, y los gendarmes Ismael Rodrígues López y Osvaldo Marcelo Guevara, a quienes se endilga haber controlado los movimientos de los trabajadores -como partícipes secundarios del mismo delito-. Finalmente, la sexta imputada es Lidia Beatriz Aguilera, quien está acusada por encubrimiento.
Para el MPF se encuentra acreditado que Fernández, en su carácter de presidente de la empresa de producción avícola “Supremo S.A.”, junto a su hija Bárbara , y con la colaboración de Canga, Rodríguez López y Guevara entre otros, explotó laboralmente al menos a 31 trabajadores en situación de vulnerabilidad.
Las víctimas habrían sido captadas y trasladadas a los campos mediante engaños y falsas promesas por parte de Fernández y su hija. Así, dispusieron lo necesario mediante la utilización de terceras personas para atraer a grupos familiares, tanto de nacionalidad argentina como extranjeras. Una vez allí fueron sometidos a condiciones indignas de trabajo y su libertad fue restringida.
“Fernández y su hija, entre otros, con la participación de encargados y supervisores, entre ellos Nicasio Nahuel Canga, instauró un aceitado mecanismo de contratación y distribución de tareas que le permitió, con la menor inversión posible y a costa de la explotación de los trabajadores, obtener cuantiosas ganancias económicas”, señalaron los representantes del MPF en su dictamen.
A su vez, los salarios que percibían, en algunos casos, eran inferiores a las previsiones normativas y las jornadas eran “exorbitantemente” superiores. No podían salir del predio sin permiso previo, no les permitían tener contacto con otros granjeros, y no contaban con elementos de trabajo adecuados y suficientes para las tareas que realizaban.
A través de sus declaraciones, se pudo establecer que los horarios en que debían desarrollar sus tareas era de lunes a viernes de 6 a 21 y que, en algunas ocasiones, algunos de ellos debieron extender ese horario incluso durante la noche. Varias víctimas declararon que en ocasiones tuvieron que trabajar las 24 horas del día, de lunes a lunes.
Por otro lado, todos los trabajadores indicaron que cobraban en negro una suma de dinero por presentismo pero solo lo hacían los trabajadores del sexo masculino, quedando así las mujeres afuera de este aliciente. Además, eran privados de esa suma por razones arbitrarias, “todas propias de una relación de abuso total en donde la inexistencia de reglas de contratación laboral resultaba el acicate perfecto para generar ‘descuentos’ por circunstancias tan ridículas, y por supuesto por fuera de toda regulación legal”. Finalmente, en su dictamen los fiscales resaltaron que a los trabajadores les descontaban el presentismo si usaban mucho el grupo electrógeno, si dejaban la tranquera abierta, si el sereno llegaba tarde, si estaban enfermos o si iban al médico.
Origen del caso
La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, luego de una denuncia por trabajo esclavo realizada por un inspector del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
De acuerdo a la presentación, en el campo ubicado en la Ruta 6 kilómetro 89 y medio vivían y trabajaban cerca de 30 personas en condiciones infrahumanas, distribuidas en las dos granjas dedicadas a la cría de pollos. Los trabajadores -mayormente paraguayos- vivían en un colectivo abandonado ubicado en el predio estacionado frente a los corrales de las aves. La denuncia agregaba que residían junto con sus familias, entre quienes se hallaban sus hijos menores de edad.
A su vez, se puso en conocimiento que una mujer había fallecido unos días antes a causa de una neumonía grave, originada presuntamente por las pésimas condiciones. Sin embargo, a través de los análisis posteriores se pudo establecer que había fallecido por hantavirus.
El hombre también inspeccionó un segundo campo donde encontró roedores muertos, como consecuencia de los agrotóxicos utilizados para la fertilización de las tierras.
Culminada a inspección, el inspector tomó conocimiento de que los trabajadores de nacionalidad paraguaya habían sido desvinculados de la firma y dados de baja ese mismo día del sistema de AFIP.
El 4 de noviembre se realizó una segunda inspección a la que concurrió el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y personal de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Si bien el lugar no había sido clausurado, se verificó que que las condiciones habían sido alteradas.
Como consecuencia, la fiscalía le solicitó al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que entrevistara a los trabajadores que habían sido desvinculados de la firma.
El informe, que recoge el resultado de las entrevistas mantenidas, resultó coincidente con la descripción efectuada por el denunciante y señaló que las personas entrevistadas ingresaron al país con la intención de mejorar su situación socioeconómica.
«Si no te matan las ratas»
Una de las víctimas sostuvo que en la propuesta laboral, el encargado le dijo que vivirían en un “motor home” transitoriamente hasta que se terminara de construir una “casita”, también dentro de la granja. Refirió que el “motor home” era un micro abandonado, el cual se encontraba en condiciones extremadamente precarias y de riesgo debido a la cantidad de ratas que se encontraban en su interior y en los alrededores.
Al respecto mencionó: “Afuera del galpón está lleno de ratas. Te costaba respirar con las pastillas de ‘fosfuros’ que llevaban los supervisores para desratizar; si no te mataban las ratas, te mataba eso. Al principio no le teníamos miedo a nada porque queríamos trabajar, pero hasta que no te pasa no te das cuenta” (haciendo referencia a la muerte de la mujer por hantavirus) y agregó que era tal la cantidad de roedores que llegaban a comerse de a miles los “pollitos” y que la empresa conocía esta circunstancia.
Sobre las condiciones de la vivienda en la que residieron durante los primeros seis meses, otra víctima expresó: “Vivir ahí era horrible, horrible, horrible, había viento fuerte, el polvo ensuciaba todo, había moscas, ratas, montones de ratas”.
Otro trabajador añadió que no contaban con agua de red, que debían “ingeniárselas” haciendo un pozo para extraer el agua (tanto para beber como para otros quehaceres) y otro pozo para utilizarlo como baño, aún en los días de bajas temperaturas.
El fallecimiento
Fue a partir de estas declaraciones que varias personas se refirieron a la muerte de la mujer unos días antes y detallaron que su cuadro había comenzado un cuadro de manera leve pero se fue agravando. Como consecuencia, y por la gravedad de sus síntomas, fue traslada al hospital Alta Complejidad Cuenca Alta S.A.M.I.C., donde le diagnosticaron neumonía y luego de reanimarla en varias oportunidades falleció. Días después, con los resultados de la autopsia, se pudo establecer que la mujer había fallecido por Hantavirus, enfermedad transmitida por el comúnmente conocido «ratón colilargo».
Con la información recogida a través del testimonio de las víctimas directas y la presunción de que en los predios en cuestión podían ser halladas personas en situación de explotación, la fiscalía solicitó el allanamiento, que tuvo lugar el pasado 2 de diciembre.
