Tras una semana de debates en la que se escucharon voces a favor y en contra de la propuesta presentada por el gobernador Rodolfo Suárez, senadores y diputados mendocinos aprobaron este viernes la modificación a la ley 7722 que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras.
Tras la sanción inicial en el Senado por amplia mayoría, los diputados también aprobaron este viernes por la tarde el proyecto que envió el Ejecutivo, que permite el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico pero limita la aplicación de mercurio.
Sin embargo, “se deberán presentar estudios ambientales e informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos”, según consta en la norma.
Así, se prevé el desarrollo de proyectos de minería metalífera que desde hace tiempo quieren desarrollarse en esta provincia, y que contó con numerosos cortes de ruta y manifestaciones en distintos puntos de la provincia.
La aprobación en el Senado tuvo 28 votos a favor y 7 en contra, en tanto en Diputados aprobó por 36 votos contra 11, con una abstención y una ausencia.
Ayer, tal como ocurrió durante casi toda esta semana, los alrededores de la Legislatura se colmaron de voces en contra que fueron custodiados por un fuerte operativo policial, como así también en las ciudades de San Rafael y General Alvear, no así en Malargüe donde sus ciudadanos aguardaban esta modificación para comenzar el desarrollo minero.
Si bien grupos ambientalistas, movimientos sociales y partidos de Izquierda se manifestaron en contra de los cambios, varias cámaras empresariales como la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) se pronunciaron a favor del desarrollo minero.
“Quienes votamos a favor de esto estamos a favor del agua. No escuché propuesta con la venta de cupos de riego y por el derroche que se hace con el riego a manto”, dijo el senador de Juntos por el Cambio, Pablo Priore.
En tanto, el presidente del bloque Frente de Todos, Lucas Ilardo, sostuvo que desde la oposición “están sentados en el recinto para controlar que el gobernador Suarez cumpla con esta Ley” y que “sin trabajo tampoco hay ambiente saludable, sin recurso para garantizar hospitales y mejorar obras de infraestructura y mejorar nuestros servicios de agua”.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones a pedido del Partido Justicialista y consta en las obligaciones que tendrá a su cargo la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, e informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos.
