Mendoza sigue en plan de lucha. Este jueves, el gobernador Rodolfo Suárez dio una conferencia de prensa en la que anunció que iba a suspender la reglamentación de la ley 9.209, que autoriza a utilizar cianuro y otras sustancias contaminantes del agua para la minería a cielo abierto. La llama se encendió de inmediato. Es que la legislación mendocina es clara: si el gobernador no la reglamenta, el miércoles próximo la normativa quedará reglamentada de hecho. Un diputado presentó un proyecto para avanzar en el único camino posible para frenar su implementación: que sea derogada en sesiones extraordinarias. Mientras tanto, la agenda de protestas sigue en pie y tendrá una réplica en Rosario este viernes a las 9.30 en el cruce de las peatonales.
La ley 9.209 –que reemplaza la 7.722 y que autoriza a las mineras a realizar extracciones de metales a cielo abierto con cianuro y otros contaminantes– fue sancionada por la legislatura de Mendoza el viernes 20 de diciembre. Para hacerlo contaban con consenso político. El proyecto fue presentado por el gobernador Rodolfo Suárez (Cambiemos) el 10 de diciembre, mismo día en que asumió. Desde ese momento se supo que se le daría tratamiento “exprés”, porque contaba con el apoyo del Frente de Todos. Y así fue: la normativa fue aprobada en una legislatura vallada.
Suárez promulgó la ley el lunes 23. Ese día, cerca de 80 mil mendocinos se movilizaron en caravana desde distintos puntos de la provincia para exigir que fuera vetada. Pero eso no sólo no ocurrió –fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de diciembre– sino que además los manifestantes fueron reprimidos por la policía provincial con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo heridos y detenidos.
Pero el pueblo de Mendoza no claudicó en la lucha. Los focos de asamblea se replicaron en los 18 departamentos y distintos sectores de la sociedad civil plantearon su adhesión al reclamo en contra del avance de la megaminería en la provincia cuyana. Incluso el ex líder de Calle 13, René Pérez, dio un mensaje desde sus redes sociales a los dirigentes políticos: “Esto puede convertirse en una situación internacional, porque no están defendiendo el agua, y el agua es de todos”.
Como dato relevante, varias localidades mendocinas pusieron en suspenso la realización sus fiestas de la Vendimia departamentales y se puso en duda que en marzo próximo se concrete la nacional. Así lo sostuvieron las integrantes de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia a través de un comunicado: “No hay nada que festejar, sin agua no hay Vendimia”. Se trata de una de las tradiciones más importantes de la provincia.
“Hay una relación indisoluble entre los mendocinos y el valor del agua”, dijo a El Ciudadano la periodista cultural mendocina, Patricia Slukich.
Y es que en Mendoza, de hecho, la historia reivindica los sistemas de irrigación para el aprovechamiento del agua que hicieron los huarpes –pueblo originario de la región de cuyo–, que utilizaron técnicas heredadas de los Incas para hacer frente a la sequía de la región y contrarrestar los efectos del mal uso que los invasores españoles hacían del recurso. “Eso fue lo que permitió que nosotros existiéramos en este pedazo de territorio. Mendoza es un oasis en medio de un desierto rocoso”, graficó. Ese es el vínculo del mendocino con el agua, que escasea. Y esa es la base de la lucha en las calles.
“Esta pelea no es de las organizaciones ambientalistas, es de todos los mendocinos que salieron masivamente a las calles. Lo que está ocurriendo, en nivel de movilización, es histórico”, consideró Slukich.
Las respuestas políticas
Después de la promulgación de la ley, las protestas y la represión, vino el silencio. Juan Cabandié, que desde el 10 de diciembre último está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, fue uno de los pocos en hablar y este miércoles se limitó a hablar de un problema de competencias que sólo puede ser resuelto, dijo, por la legislatura mendocina.
Finalmente este jueves, después de una navidad marcada por las protestas y mientras miles de ciudadanos mendocinos se reunían en asambleas en distintos puntos de la provincia para organizarse y armar un plan de lucha, el gobernador Suárez anunció que la reglamentación de la ley 9.209 quedaba suspendida y que se abría una mesa de diálogo “con todos los actores de la sociedad civil” para “garantizar la paz social”.
En su cuenta de Twitter, justificó la sanción de la ley en la necesidad de la generación de empleo, porque “un 40% de los mendocinos están por debajo de la línea de la pobreza”, y negó la posibilidad de que con los nuevos procesos autorizados para la minería a cielo abierto se fuera a contaminar el agua. Como cierre de su mensaje, apuntó a “todos los que cortan rutas y perjudican a los mendocinos”: dijo que no se puede permitir “que los que mienten y los violentos ganen el debate” y que va a cumplir con su promesa de campaña de “escuchar y dialogar”. Todo esto, sin haber abierto nunca el debate y luego de ordenar la represión frente a la Casa de Gobierno.
Los mendocinos organizados en asambleas respondieron: “La megaminería sustentable no existe, donde hay megaminería se afectan las fuentes de agua, donde hay megaminería hay pobreza y hay saqueo para los pueblos, no trae desarrollo y no trae puestos de trabajo”.
La resolución de Suárez de poner en suspenso la reglamentación lleva encerrada una trampa. Según explicó a El Ciudadano Marcelo Giraud, miembro de la Asamblea Popular por el Agua Pura (Ampap), el artículo 219 del Código Procesal Civil de Mendoza establece que si una normativa no se reglamenta ocho días después de publicada en el Boletín Oficial, se promulga de hecho. Por lo tanto, la suspensión de la reglamentación sólo lleva a que con el tiempo la ley se autoreglamente.
Giraud detalló que, como Suárez promulgó la ley, ya no puede ser vetada, por lo que el único camino posible para que no entre en vigencia es el de la derogación parlamentaria.
Este jueves, después de los anuncios del gobernador, el diputado provincial Gustavo Majstruk –que integra el bloque del Frente de Todos pero votó en contra de la normativa– presentó un proyecto de derogación y pidió que el tema sea tratado en sesiones extraordinarias en la legislatura. Lo hizo con el apoyo de otros diputados su espacio político, de Cambia Mendoza (Cambiemos), del Frente de Izquierda y de bloque Protectora que también rechazaron la modificación.
Horas más tarde, la plana mayor del Frente de Todos en Mendoza solicitó “la derogación de la ley 9.209 para poder empezar el diálogo desde foja cero”. En un comunicado que, entre otras, lleva las firmas de diputados y senadores provinciales que votaron a favor de permitir la minería a cielo abierto con contaminantes del agua, dijeron: “Siempre aclaramos que se hacía frente a un proyecto de ley malo, en condiciones y tiempos que no dependían de nosotros, y sin contar con los votos para impedir las modificaciones a la Ley 7.722”.
Así las cosas, resta ver cuáles serán los movimientos del gobernador Suárez para conseguir la paz social que promulga en su discurso: escuchar lo que el pueblo pide a gritos en las calles y pedir él mismo la derogación de la ley para dar un nuevo debate, o ir en favor de los intereses de la megaminería sosteniendo la normativa.
