“La democracia no se regala, se construye en la calle”, escribió hace unos días el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sobre lo que ocurría en Mendoza. En ese momento, el gobernador Rodolfo Suárez (Cambiemos) acababa de poner en suspenso la reglamentación de la ley que habilita la minería metalífera a cielo abierto con cianuro y otros tóxicos contaminantes del agua, en un vano intento de frenar las masivas movilizaciones de mendocinos que se unieron con un posicionamiento contundente: con la suspensión no alcanza, la no reglamentación es mentirosa, queremos la derogación ya. Este viernes, a sólo una semana de que la legislatura de la provincia cuyana sancionara la normativa con un pacto político entre Cambiemos y el peronismo y en contra de la voluntad social, a Suárez no le alanzaron los intentos de acusar de mentirosos, de violentos y de perjudicar a los mendocinos a todos los que vociferaban en las rutas y en las calles que “el agua vale más que el oro”. Después de reunirse con distintos sectores que se habían manifestado públicamente con declaraciones y acciones en contra de la minería contaminante –como la iglesia, las reinas de la vendimia e investigadores científicos– y con intendentes de 17 localidades mendocinas, el viernes Suárez hizo el anuncio: este lunes, en sesión especial, introducirá el proyecto derogación de la ley que habilita la contaminación del agua en la legislatura mendocina. El triunfo es del pueblo.
“El sentido de poder del pueblo organizado en las calles de manera pacífica para defender lo suyo es algo que va a marcar muy fuerte a esta y a las futuras generaciones de mendocinos”. Marcelo Giraud es un referente en la lucha por los recursos hídricos en Mendoza. Pertenece a la Asamblea Popular por el Agua Pura, una de las tantas que iniciaron el siglo XXI con la lucha como norte. La lucha por la protección de un recurso natural que escasea, la lucha para que el poder político se haga eco de lo que la gente demanda y que en Mendoza quedó materializada en la ley 7.722, sancionada en 2007, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto con sustancias tales como el cianuro o el ácido sulfúrico, contaminantes del agua.
Para Giraud, el hecho de que apenas una semana después de la sanción de la ley 9.209 –que vino a modificar la 7.722 para habilitar la minería contaminante– el gobernador haya anunciado la derogación de la flamante normativa para volver a la anterior, “marca un hito muy fuerte en la historia mendocina, pero también en la historia de las luchas socioambientales en todo el país, no sólo contra la megaminería metalífera, sino también contra todas las facetas del extractivismo”.
“Tiene que ver con las voluntades de los pueblos movilizados en contra del fracking (técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo), de los agrotóxicos, en contra de la desforestación y el avance sobre pueblo campesino y pueblos originarios, los reclamos respecto de las cuestiones de contaminación ambiental urbana, de todo el avance especulativo inmobiliario”, consideró.
Es que si hay algo que detuvo la implementación de la 9.209, sancionada a través de un pacto entre las cúpulas políticas de Cambiemos y del peronismo en la legislatura, fue la lucha de los mendocinos que se movilizaron de inmediato y de manera pacífica para cuestionar la falta de legitimidad de la normativa.
El propio Suárez lo reconoció este viernes, cuando anunció que este lunes, en sesión especial, ingresaría al senado el proyecto de derogación de la ley 9.209, que también deberá pasar por diputados. «Esta decisión se toma porque esta ley es legal pero no tiene la legitimidad del pueblo», sostuvo al hacer el anuncio de su decisión, aún cuando dos días antes había acusado a los manifestantes de mentirosos por decir que la nueva norma implicaba la contaminación del agua, de violentos por cortar rutas y de ir en contra del progreso del país por negarse a la realización de una actividad que generaría puestos de trabajos.
El propio Pérez Esquivel salió a rebatir esos argumentos. En una nota de su autoría publicada por <<La Garganta Poderosa>>, escribió: “Hay que tener mucho cuidado, porque el Gobierno no debe confundir desarrollo con explotación. La megaminería daña la producción y el desarrollo social, que es afectado de carácter permanente. Peor aún en los sectores empobrecidos, que siempre son los más afectados, en pos de privilegios para unos pocos. Entonces, si quieren gobernar, deben ponerse al servicio del pueblo. Y si llaman a un diálogo, que esté orientado realmente por las exigencias de la población mendocina”.
“Lamentablemente el gobernador Suárez no hizo el mea culpa que uno hubiera esperado respecto de no haber escuchado durante todo este tiempo los reclamos del pueblo mendocino, que tuvo que gritar demasiado fuerte y verse sometido a represiones para llegar a obtener la derogación de esta ley que nos estaban queriendo imponer”, consideró Giraud.
Se vino el estallido
La de Mendoza fue la primera movilización masiva en las calles por una reivindicación de derechos desde que Alberto Fernández es presidente. El derecho al agua es un derecho humano.
Para la sanción de la ley 9.209 en la legislatura de Mendoza fue necesario sumar las voluntades de distintos sectores políticos: el de Cambiemos, del que se esperaba, por promesas de campaña, que accionara en el sentido en que lo hizo al proponer la ley desde el Ejecutivo; y el del Frente de Todos, cuya ex candidata a gobernadora, Anabel Fernández Sagasti (hoy senadora nacional), había propuesto impulsar la minería en la provincia cuyana, pero en el marco de la ley 7.722. Las dos fuerzas fueron las que pusieron la mayoría de los votos con los que la normativa fue aprobada el 20 de diciembre pasado.
“Si es que hay una grieta en Mendoza en estos momentos es entre las cúpulas partidarias y el grueso de la sociedad, incluyendo las propias bases militantes de los partidos mayoritarios, que antepusieron su conciencia de cuidado del agua por sobre cualquier obediencia partidaria”, consideró Giraud, que no dudó de enmarcar esta última semana de diciembre en el contexto de lucha social que Latinoamérica vivió durante este 2019.
“Está recorriendo América Latina una ola de efervescencia popular en la cual los pueblos no se quedan callados, no están dispuestos a aceptar las cosas tal cual vienen dadas por las dirigencias político partidarias por las cuales, muy a menudo, no se sienten representadas. En todo caso, a veces emiten un voto pero eso no significa de ninguna manera que estén dispuestos a avalar cualquier decisión que vaya a tomar el candidato votado”, consideró.
