Fiscales y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) repudiaron la nueva balacera que sufrió el frente del Centro de Justicia Penal (CJP) anteanoche cuando desconocidos pasaron en moto dispararon siete veces contra el ingreso de Mitre al 2800. En el escrito, la Asociación de Fiscales y funcionarios del MPA remarcó que esta balacera se trató de un nuevo intento de intimidación contra las personas que ejercen funciones dentro del Sistema de Justicia para generar inestabilidad y zozobra institucional.
Los empleados judiciales también alertaron sobre una serie de hechos que han ocurrido en este último tiempo que tuvieron como protagonistas a integrantes de las fuerzas de seguridad: el retiro de la custodia policial del edificio (que trajo un ida y vuelta entre el flamante ministro de Seguridad, Marcelo Saín y el ex jefe de la Unidad Regional II), la fuga de detenidos –en referencia a Ariel “Teletubi” Acosta que salió el 20 de diciembre pasado caminando del CJP– y la comisión de delitos violentos en las narices de la custodia del edificio –por la violación de una muchacha cinco días atrás–, a lo que sumaron esta nueva balacera.
Tras definir la situación como de suma gravedad, la Asociación solicitó a las autoridades del MPA la prioridad de investigación y juzgamiento a todo caso que involucre ataques o intimidaciones a fiscales y sus funcionarios, según se detalló en el comunicado publicado este viernes en la cuenta de Twitter de @fiscales_mpa donde también realizaron el mismo reclamo para las autoridades de los Colegios de Jueces y de las Oficinas de Gestión Judicial.
En sus consideraciones, también solicitaron al poder Legislativo que incluyan en la legislación procesal penal como indicio específico de peligrosidad procesal (contemplado en el artículo 221 del Código Procesal Penal sobre el peligro de fuga) la persona que haya intimidado a un fiscal, un funcionario del MPA o uno encargado de hacer cumplir la ley.
Por último, los fiscales y empleados judiciales exigieron al poder Ejecutivo “asignar partidas presupuestarias para, de un vez, dotar la MPA de instalaciones que se adecúen estrictamente a estándares de seguridad internacionales, y a las normas de habilitación nacionales, provinciales y municipales para edificios públicos: como puede ser el blindaje de edificios públicos, el resguardo de información y sistemas de monitoreo”.
“Continuar tolerando los riesgos que representa una estructura precaria y no considerar el tema con la debida diligencia como se ha hecho hasta ahora, no es una opción”, concluyó el comunicado.
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