Maria del Rosario A. P. tiene 58 años y quedó detenida en la mañana de este martes durante el allanamiento a un domicilio de zona sur a raíz de una denuncia de estafa cursada en la víspera. Según esa presentación, la mujer se presentaba, vía telefónica, como integrante de uno de los equipos del intendente Pablo Javkin y con esa «chapa» ofrecía un empleo municipal a cambio de 2500 pesos.
La denuncia contra la demorada ingresó en la sede de Fiscalía Regional Segunda, en el Centro de Justicia Penal. La hizo el propio secretario General de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Zignago.
La presentación señala que había llegado a las autoridades la información de una mecánica de estafa que las tenía como víctimas secundarias. Menciona que una persona se presentó como miembro del equipo de trabajo del jefe del Ejecutivo local en varias comunicaciones telefónicas a vecinos de distintos barrios para ofrecerles un empleo dentro de la Municipalidad a cambio de una suma de dinero de entre 1500 a 2500 pesos según los casos. Después, los contactaba personalmente pautando una reunión. Enfatizaba que era parte de un programa para incorporar gente joven –de alrededor de 20 años– al plantel del Ejecutivo local.
El fiscal de la Unidad de Autores no Identificados Gustavo Ponce Asahad tomó la denuncia y tras ordenar medidas de investigación, pidió en base a la información obtenida un allanamiento a una vivienda de la zona de Montero al 6500, a la altura de avenida San Martín con la misma numeración.
En ese domicilio detuvieron a Maria del Rosario A. P., en principio señalada como autora de estafas. En el operativo se secuestró material de relevancia sobre el delito investigado.
La audiencia imputativa a la mujer está prevista para este miércoles. Fuentes judiciales adelantaron que se le imputarán nueve hechos de estafa, y aclararon que pueden aparecer casos similares aún no denunciados ante Fiscalía.
El secretario Zignago informó que las denuncias sobre el caso comenzaron a llegar desde la semana pasada, a partir de lo cual se realizó una investigación interna y, con los datos recogidos, se hizo la denuncia judicial. La mujer, agregó el funcionario, les decía a sus interlocutores que parte del dinero que les pedía era una parte para ella y el resto para personal estatal que «aceitaría» los ingresos prometidos.
