El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que busca declarar «capitales alternas» a 24 ciudades por los próximos cuatro años y que pretende agilizar un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales.
La iniciativa, que ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados, propone en su artículo 2 la creación del Programa Gabinete Federal, «destinado a realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción».
Los distritos propuestos son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis, entre otros.
La iniciativa está inspirada en otro proyecto impulsado en 1999 por el entonces gobernador cordobés José Manuel de la Sota, por el que se declaró a Río Cuarto como «capital alterna», la primera en gozar de ese título, aunque a nivel provincial.
Alberto Fernández cuando era candidato presidencial había propuesto «crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí y escuchar in situ los problemas».
«Una cosa es ver estadísticas y otra ver y escuchar a la gente, porque se puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto», dijo Fernández en septiembre último.
El proyecto establece que sea el Ministerio del Interior la cartera a cargo de «coordinar con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades provinciales la elaboración del plan de trabajo de las reuniones» y fija que los encuentros sean «convocados con una periodicidad no mayor a 30 días».
Las demás jurisdicciones que figuran en el proyecto son Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).
En tanto, el artículo 5º agrega que «los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación».
Alberto Fernández había anunciado antes de asumir como presidente que la primera medida que tomaría durante su gobierno será la política de descentralización de la administración pública nacional, que garantizará la presencia mensual del Gabinete Nacional en todo el país.
“Vale lo mismo un porteño, que un jujeño, que un cordobés, que un entrerriano, que un catamarqueño, que un fueguino”, dijo Fernández. “Vamos a terminar con la periferia, vamos a ser un país integrado y vamos a empezar porque el gobierno nacional se instale una vez al mes en cada provincia para saber lo que cada una de ellas necesita. Y no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con los que están aquí, que son los que gobiernan cada provincia”.
El gobernador Omar Perotti había respaldado el programa “Democracia federal”. Sostuvo que “es altamente favorable la idea de tener capitales alternativas en cada una de las provincias” y agregó que “por ahí tiene que pasar la recuperación de la Argentina”.
“El anuncio viene a reafirmar y profundizar un plan federal que comenzó en Rosario y que los gobernadores y los gobernadores electos venimos trabajando junto a Alberto”, agregó.
“Apoyamos y sostenemos esta iniciativa”, dijo, y concluyó: “Es muy positivo para las provincias tener un contacto pleno y directo con los miembros del gabinete nacional y tener un gobierno que no se encierre en Capital y que actúe en clave federal. Las provincias deben ser parte activa de la recuperación y desarrollo de nuestra Argentina”.
