Tras un extenso debate en un plenario de comisiones, en el que expusieron integrantes del gobierno, el oficialismo logró este miércoles firmar dictamen de mayoría a favor del proyecto para reformar las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos, iniciativa que se votará este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados.
El gobierno aceptó algunos cambios que reclamaban los sectores afectados por la reforma de las jubilaciones de privilegio, y que la oposición de Juntos por el Cambio respaldaba, quienes a pesar de los cambios llevarán su propio dictamen de minoría al recinto, que sesionará a partir de las 12.
También presentaron dictámenes en minoría el Frente de Izquierda y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo de José Luis Ramón.
Hasta avanzada la noche, la postura que predominaba en la principal bancada opositora era la de no dar quórum en la sesión, aun cuando los cambios en la redacción del dictamen fueron ratificadas durante las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, del titular de Anses, Alejandro Vanoli, y del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, que fueron los primeros oradores del debate.
El proyecto del Gobierno eleva del 11 a 18% los aportes adicionales al régimen general, establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años -y no sobre el último haber- y eleva la edad jubilatoria a los 65 años, aunque finalmente, y producto de las negociaciones, el incremento quedó solo acotado a los hombres y con una escala gradual hasta 2025.
Justamente, una de las modificaciones que quedaron plasmadas en el dictamen es que las mujeres conservarán la edad jubilatoria a los 60 años y no se equipararán a los hombres.
A su vez, se suprimió la condición de haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial como requisito para conseguir la jubilación: se mantienen los 10 años de servicios continuos o bien 15 años de desempeño interrumpido.
Otra concesión del Gobierno fue la que definió que aquellos funcionarios en edad jubilatoria pero que continúan en actividad podrán acogerse al régimen anterior a la promulgación de la ley. Sin embargo, se mantuvo firme en el rechazo a la inclusión, tal como pretendían las asociaciones judiciales y Juntos por el Cambio, de una «cláusula transitoria» que explicite con claridad estos «derechos adquiridos» para evitar «ambigüedades» en la interpretación.
«Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro», contestó el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, ante el pedido del diputado nacional del PRO Pablo Tonelli. .
Al abrir el debate en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda, Moroni aclaró que el Gobierno no plantea «eliminar los sistemas de protección de jueces» porque comparte la idea de que son funcionarios que «cumplen una tarea especial» y que por lo tanto «deben tener derechos desiguales respecto al resto».
Sin embargo, el ministro aclaró que lo que está en discusión es «cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo» y advirtió que «El sistema previsional ya no tolera mas regímenes tan diferenciados porque vamos a tener problemas de financiación» del sistema general.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, volvió a la carga con los riesgos de «numerosas renuncias» en el Poder Judicial, «Si este proyecto avanza y las posibilidades de renuncias se concretan, las 25% de vacantes que hoy por hoy existen es probable que se dupliquen», advirtió.
A su turno, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, también alertó que «los jueces en actividad van a ser menos del 50%», y a la lista de argumentos sumó que una reforma como la que se plantea «desfinanciaría más el sistema porque hay «150 o 200 (funcionarios judiciales) que se pueden jubilar».
