La jueza Lucrecia Mantello, titular del juzgado Civil y Comercial 5 de Rosario, admitió la acción de amparo presentada por la plataforma de transporte Cabify SA contra la Municipalidad de Rosario por haber sido suspendida e inhabilitada «sin ser previamente informada sobre los motivos».
Cabify presentó a mediados del año pasado un recurso de amparo con la pretensión de declarar ilegal la conducta de la Municipalidad que, con el dictado de dos resoluciones, suspendió provisoriamente y luego inhabilitó definitivamente el funcionamiento del servicio de movilidad, similar a Uber. El reclamo de Cabify se debió a que no se le posibilitó conocer la imputación que se le efectuaba ni acceder previamente al expediente para poder efectuar un descargo o subsanar su situación.
El conflicto se originó el pasado 10 de julio. La Dirección General de Licencias y Habilitaciones para la Movilidad presentó un informe indicando que algunos de los operadores de Cabify no se encontraban en regla y que la empresa había iniciado una campaña publicitaria en redes sociales y en carteles en transportes públicos que incumplía lo acordado. Por esta razón, la Municipalidad dictó una resolución suspendiendo preventivamente la autorización otorgada a Cabify para luego revocar su habilitación definitivamente.
La jueza Mantello sostuvo que “resulta evidente que en la instancia administrativa se vulneró el derecho a ser oído, a producir prueba de descargo, violando el derecho de defensa y el debido procedimiento, circunstancia que fue advertida por la propia administración ya que mediante una resolución posterior intentó subsanar su desatino”.
La admisión del amparo implica que la plataforma de transporte puede volver a funcionar y en caso de continuar infringiendo las pautas convenidas con la Municipalidad, ésta deberá iniciar el procedimiento sancionatorio pero respetando el derecho de defensa de la empresa.
El origen del problema en Rosario
Al igual que con la aplicación Uber, taxistas y remiseros de la ciudad mostraron su descontento cuando, en julio de 2019, Cabify empapeló la ciudad con el anuncio de que empezaba a dar servicios en Rosario. El negocio, en medio de la crisis, se redujo, y la competencia era amenazante. Otro condimento de la plataforma, cuestionado al igual que ocurre con Uber, también despertó, en todo el mundo, reacciones gremiales y patronales. Es que los choferes y dueños de vehículos que trabajan con la app no son considerados trabajadores, sino «socios» de la plataforma, que se presenta como un articulador entre el servicio de taxis y sus potenciales clientes. Para lo que, por supuesto, cobra una comisión que le provee millonarias ganancias globales.
Más tarde y, a través de gestiones en el Concejo Municipal, lograron la suspensión de la habilitación que tenía. A mediados de julio, la entonces secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, confirmó que habían detectado tres vehículos “despachados por el aplicativo Cabify”.
“Habíamos dictado una resolución por la cual estaba suspendida la empresa Cabify. En el marco del trabajo coordinado con la Secretaría de Control y Convivencia a la que habíamos solicitado que realicen en los operativos los controles pertinentes, constataron diferentes situaciones en esos tres autos y vimos que la empresa estaba funcionando”, señaló Alvarado.
“Se violaron todas las normativas dentro del municipio respecto a la razón y al objeto por el cual fue habilitado como agencia de apoyo al servicio de remís y, por lo tanto, hemos decidido caducar la licencia dada a la empresa Cabify”, ratificó por entonces Alvarado.
En ese momento, desde la Municipalidad se comprometieron a notificar a todos los remises que tenían contrato con Cabify, quienes debían presentar un nuevo contrato con las empresas habilitadas por el municipio.
