El gobierno provincial quiere que la Cámara de Diputados vote este jueves el proyecto de Ley de Necesidad Pública que tiene media sanción del Senado desde el último jueves. Para conseguir ese propósito, el oficialismo requiere de la buena voluntad de la bancada opositora del Frente Progresista, que tiene los votos necesarios para habilitar el tratamiento del tema sobre tablas y sin dictamen de comisiones.
Para que el proyecto se debata este jueves en el recinto, se necesitan del voto positivo de los dos tercios de los diputados presentes. El PJ tiene solo siete representantes sobre un total de 50, mientras que el Frente Progresista, con 28 bancas, tiene la llave para habilitar el tratamiento del proyecto remitido por el gobernador Perotti a la Legislatura a principios de febrero, por el cual se declara hasta fin de año la emergencia en seis áreas del Estado.
Aun sin contar con el número suficiente y sin que el proyecto haya sido estudiado en las comisiones de la Cámara de Diputados, la intención del oficialismo es acelerar su tratamiento en la sesión de este jueves. “Es la decisión del gobernador y del gabinete. Diputados trató sobre tablas el presupuesto (2020) sin discusión alguna. Sobre esta temática hace meses que se viene hablando. Estamos en emergencia y nos parece que políticamente corresponde que se vote”, justificó este lunes el ministro de Gestión Pública Rubén Michlig en declaraciones a El Litoral.
“Si pudieron tratar el presupuesto sobre tablas, bien pueden hacerlo también con este proyecto de ley exageradamente debatido”, agregó el funcionario provincial, uno de los negociadores por parte del Poder Ejecutivo junto al ministro de Gobierno Esteban Borgonovo.
Más allá de la decisión política del oficialismo, no será sencillo lograr el cometido que pretende Perotti. En primer lugar, la sesión de este jueves aún no fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz. En segundo lugar, para lograr los dos tercios necesarios y habilitar el debate –y, por lo tanto, la votación– en el recinto, el gobierno necesita el acompañamiento de los diputados del Frente Progresista, que ya avisaron que no están dispuestos a darle un “tratamiento exprés” al proyecto.
La postura del Frente Progresista
Fuentes del Frente Progresista consultadas por El Ciudadano aseguraron que están “evaluando” el pedido del gobierno, pero pidieron no adelantar los tiempos. “Todavía no tenemos una señal clara del PJ sobre quienes van a ser los interlocutores para charlar de la ley y también falta una mirada del Ejecutivo sobre la votación dividida del Senado”, indicó un diputado del Frente Progresista en off the record.
El último jueves, la Cámara alta le dio media sanción al proyecto con el voto positivo de los 11 senadores justicialistas presentes (el bloque tiene 12 integrantes en total), mientras que dos senadores radicales se abstuvieron y otros cuatro votaron en contra. En esa sesión, los representantes de la UCR-Frente Progresista llevaron al recinto su propio dictamen de minoría y, antes de la votación, pidieron que se adjunte al proyecto que luego tendría media sanción para ser enviados en conjunto a la Cámara de Diputados.
“Hay un espíritu del Frente Progresista de tratar la ley, pero basado en el proyecto de los senadores radicales”, agregó otro legislador que pidió reserva de fuente. Y agregó en forma tajante sobre de la intención del oficialismo: “No hay espíritu de tratarlo en forma exprés”.
Los diputados del Frente Progresista entienden que deben tomarse el mismo tiempo que los senadores para evaluar el tema, ya que compromete una importante cantidad de recursos públicos de aquí a fines de año. En el Senado el proyecto estuvo cuatro semanas antes de la votación; desde el Frente Progresista piden un plazo similar para estudiarlo y, a la vez, que se habiliten canales de negociación con los representantes del gobierno de Perotti.
Los dos proyectos
El texto original, que tuvo media sanción con algunos retoques menores por parte de los senadores delo oficialismo, declara de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020 en seis áreas: social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad. Para ello, establece un esquema de financiamiento de 39 mil millones de pesos, entre créditos externos, refinanciamiento de deudas y reasignación de partidas presupuestarias.
Entre los puntos centrales del proyecto con media sanción se incluye un programa de emergencia alimentaria para el cual la provincia podrá tomar un crédito de hasta 2500 millones de pesos y un programa de fortalecimiento sanitario, también por 2500 millones de pesos, para el sistema de salud pública.
Además, para saldar deuda flotante con proveedores y deudas con contratistas de obras públicas, la provincia podrá negociar un crédito de 6000 millones de pesos. Con esos recursos se ofrecerán a los acreedores “papeles negociables” (pagarés o cheques diferidos) para cancelar las deudas. De esa cifra, 1600 millones de pesos se destinarán a municipios y comunas. Con esa deuda se busca bajar el déficit financiero de 2019, que fue de 18.000 millones de pesos.
Se faculta además a la EPE a buscar mecanismos para refinanciar la deuda que mantiene con la mayorista nacional Cammesa, que asciende a 2700 millones de pesos. Y para recomponer el Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), se autoriza a la provincia a tomar un crédito por 16.000 millones de pesos: un primer tramo de 8000 millones y luego dos tramos de 4000 millones previa autorización de la comisión legislativa de seguimiento.
El proyecto original también crea un régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas por 3500 millones de pesos. De ese total, 300 millones corresponden a un programa de saneamiento financiero para los municipios de segunda categoría y comunas. Del resto (3200 millones), el 60% (1900 millones) se distribuirán entre Rosario (1400 millones) y Santa Fe (500 millones), el 30% para los municipios de segunda categoría y el 10% restante para las comunas.
En cambio, el dictamen de la UCR, que el Frente Progresista pretende aprobar en la Cámara de Diputados, limita el endeudamiento a un máximo de 22 mil millones de pesos de los cuales 9000 millones de pesos serán destinados al congelamiento de las tarifas, el boleto educativo gratuito y el pago de deuda flotante, otros 5000 millones para obras, 2000 millones para el pago deudas con municipios y comunas y 6000 millones para asistencia financiera a municipios y comunas, casi el doble de lo que propone el PJ.
“Una actitud mezquina”
El jefe del bloque de senadores del PJ, Armando Traferri, piensa que el tiempo que pide el Frente Progresista para evaluar la Ley de Necesidad es una solo una excusa para no otorgarle al gobierno las herramientas que reclama: “Dialogamos muchísimo. Desde mi punto de vista es demasiado mezquina la propuesta del Frente Progresista, del radicalismo, del socialismo, porque a veces entre ellos toman posiciones distintas”.
“La verdad que esperábamos que sean una oposición responsable, de la misma manera que lo hemos hecho nosotros durante éstos últimos ocho años, que nunca dejamos de acompañar todos los proyectos de ley como presupuesto o pedido de endeudamiento cuando el Frente era oficialismo”, añadió Traferri.
“Esperábamos esa misma oposición y nos encontramos con una actitud mezquina, con poca vocación de darle las herramientas necesarias al gobernador Omar Perotti para que pueda solucionar muchos de los problemas que heredamos de la gestión anterior. Siempre estuvimos de acuerdo. Pedíamos tiempo para llevar adelante negociaciones con los demás senadores, para tener los 19 votos para darle más fuerza a la ley, sabiendo que en Diputados ya había sido archivada en diciembre”, concluyó el senador del departamento San Lorenzo.
