El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que busca limitar las jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y personal del servicio exterior, en una votación en la que el oficialismo se impuso con 41 votos al rechazó de 21 opositores.
Tras casi seis horas de debate, el Frente de Todos consiguió aprobar el proyecto con el respaldo de tres senadores de bloques minoritarios; en tanto que la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, cuestionó el proyecto y votó en contra.
El rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana fueron quienes votaron junto al oficialismo ; en tanto que, además de Juntos por el Cambio, lo hicieron en contra la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann.
En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, el senador por La Pampa Daniel Lovera, declaró que «no se busca eliminar el carácter diferencial del régimen» sino que «sea consecuente con el esfuerzo que se hace a nivel general para una distribución de los recursos más equitativa».
«Este proyecto debe ser analizado de manera integral, y con mirada solidaria y en el contexto tremendamente complejo en el que se encuentra hoy nuestro país», explicó Lovera, quien es además presidente de la comisión de Trabajo del Senado.
El senador señaló que «estos regímenes especiales tienen un déficit importante» y consideró que el «sistema previsional pasó de ser un sistema solidario a ser un sistema tremendamente injusto», ya que existe «una gigantesca asimetría».
Por Juntos por el Cambio, el senador Martín Lousteau explicó la postura de su bloque al considerar que el proyecto «no es para eliminar privilegios».
«Algunos regímenes especiales pueden estar justificados y otros tienen que ver con incentivos; pero en virtud de la enorme diferencia que hay en el tratamiento con respecto a los jubilados de a pie, vale la pena evaluar lo que pasa en nuestro sistema», agregó el radical.
En ese sentido, Lousteau consideró que «éste proyecto no es para eliminar privilegios, sino para esconder la barbaridad que se hizo en Diputados de tratar de preservar a jueces y diplomáticos de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria».
En el cierre del debate, el presidente de la bancada radical consideró que «lo de lo jueces, los diplomáticos y el tema previsional es una excusa, porque el fin de éste proyecto es otro: Esto es gatopardismo, cambiar para que nada cambie».
«Está claro que éste régimen especial se sostiene con el régimen general; y no veo ninguna ingenuidad en no animarse a incluir a miembros de la Corte Suprema de Justicia en el proyecto, o a presidente y vice de la Nación. Es un sistema insustentable, es un verso y nosotros no lo compramos», agregó.
Por su parte, la oficialista Anabel Fernández Sagasti consideró que «se está dando un paso importante, muchas veces postergado, sobre dos sectores privilegiados que aportan un uno por ciento más y reciben jubilaciones 13 veces más altas que el resto de los argentinos».
«Nos estamos ajustando a derecho y se ha enviado al Congreso este proyecto para legislar sobre privilegios que no son tolerados más por la sociedad argentina», expresó la mendocina.
Por último, cuestionó la postura de la oposición de rechazar el proyecto: «Están actuando una dosis de republicanismo en la que no pensaron cuando endeudaron a la Patria de la manera en que la endeudaron».
El proyecto establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial del sector, que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que, en el futuro, se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder, en el caso de los hombres, al beneficio jubilatorio pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
Para acceder a este régimen deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.
