Tras una serie de disposiciones nacionales vinculadas con la pandemia del coronavirus el Poder Judicial de Santa Fe dictó sus propias resoluciones y limitó la atención al público a casos urgentes. Lo mismo hizo el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a través de una serie de disposiciones. En la práctica ello implica limitar las actuaciones judiciales a las cuestiones urgentes. La atención es mínima y ello se reflejó en los pasillos de Tribunales provinciales y del Centro de Justicia Penal donde la circulación es similar a la feria judicial. Las audiencias que resultan indispensables para evitar la vulneración de derechos se están llevando adelante sin público, explicó una fuente tribunalicia. Hay paro sanitario y las oficinas y juzgados trabajan en su mínima expresión.
Ayer por la tarde la Corte Suprema de Justicia de la provincia dispuso la suspensión de plazos procesales, de audiencias y la atención de la Oficina de Certificación, salvo casos urgentes que deberán ser acreditados. La decisión se mantendrá hasta el 31 de marzo.
También el máximo tribunal ordenó licencias para el personal que pertenezca a los grupos de riesgo. Lo que implicó la no asistencia a puestos de trabajo de personas mayores de 60 años, embarazadas, padres, madres y/o responsables de menores a cargo cuya presencia resulte indispensable en el hogar. Asimismo los cortesanos pidieron a los profesionales y al público en general evitar la concurrencia a los edificios en toda la provincia a fin de evitar las aglomeraciones.
Estas disposiciones están acompañadas de un paro sanitario dispuesto en asamblea por el Sindicato de Empleados Judiciales. Lo que implica la asistencia a los puestos de trabajo pero sin atención al público. En la práctica ello implica que si bien los juzgados y algunas oficinas están abiertas, solo atienden casos excepcionales a los fines de resguardar derechos.
Fuero penal
Las audiencias penales de primera y segunda instancias también se redujeron al mínimo. Desde el Ministerio Público de la Acusación, su fiscal general Jorge Baclini emitió hasta el momento tres circulares para fijar las pautas de trabajo que guardan sintonía con lo dispuesto por la Corte provincial y las disposiciones nacionales en cuanto a las licencias del personal en situación de riesgo.
Autoriza a los fiscales regionales a organizar el trabajo a los fines de mantener el distanciamiento entre el personal del MPA y dispone la restricción del ingreso del público a las oficinas y la presencia de elementos de higiene en las dependencias.
A su vez se creó la Unidad Fiscal Especializada con Competencia en Delitos de Propagación, Violación de Aislamiento y Desobediencia en Emergencia Sanitaria, a cargo del fiscal Gustavo Ponce Asahad, para unificar las denuncias por incumplimiento de la cuarentena. Al mediodía de este miércoles ya había once investigaciones abiertas y personas con arresto domiciliario. Además el funcionario ordenó la deportación de un ciudadano brasilero. El resto de los detenidos serán imputados cuando termine el aislamiento obligatorio.
También solicitaron a la Corte Suprema la suspensión de los juicios orales y audiencias preliminares programados desde el martes 17 hasta el 31 de marzo y que las audiencias de ejecución penal (es decir las que se realizan tras una condena) se hagan por videoconferencia.
Violencia de género
Por su parte la Unidad de Información y Atención a la Víctima de Violencia Doméstica y de Género que funciona en la planta baja de los Tribunales Provinciales hasta el momento sigue trabajando en horario normal, es decir de 7.30 a 20 horas. Aunque ayer a la tarde comenzó a mermar el caudal de gente y este miércoles la presencia del público fue bastante menor. Por el momento el funcionamiento se mantiene como todos los días aunque la dependencia cuenta con menos personal ya que algunos de ellos están incluidos en la nómina del personal de riesgo. La situación se mantendrá con la atención habitual siempre y cuando no haya una disposición en contrario, explicó una fuente judicial.
