Por Melisa Molina / Partido Obrero – Polo Obrero
Sigue expandiéndose la pandemia por coronavirus en la Argentina y poco se habla de la cruda realidad que viven en nuestro país cientos de familias trabajadoras rodeadas, ayer y hoy, por la miseria social. Del Relevamiento Nacional de Barrios Populares que se realizó en todo el país, se registró que en el gran Rosario 100 mil personas viven hacinadas en 112 villas miseria de la ciudad y que el 93,8% de esos habitantes no tienen acceso al agua potable.
Tampoco tienen acceso a luz y cloacas, ni tienen garantizada la recolección de residuos, una pelea constante con el municipio que carece de camiones recolectores de residuos y atmosféricos. Para “solucionarlo” las dependencias zonales han armado un esquema jurásico según el cual se van prestando un par de camiones que van rotando por la ciudad y pasan cada tanto por los barrios, cuando pueden.
Desde el gabinete del intendente radical-progre-peronista, Pablo Javkin, señalan que el municipio trabaja para que no se desborden los asentamientos y que se los asiste para que puedan cumplir la cuarentena. . Es decir, que su política apunta a garantizar la gobernabilidad de personas que viven confinadas en los márgenes de la miseria.
La falta de acceso el agua potable es un caso que “junta canas”. Vecinos organizados en el Polo Obrero cuentan que en el asentamiento de la Ciudad Oculta de la zona norte de Rosario, los vecinos consiguen agua llenando baldes y bidones de una canilla comunitaria que ellos mismo instalaron y que funciona con muchísimas dificultades. En la cuarentena, además tienen que sufrir los atropellos humillantes de la policía de Santa Fe que los inquiere por las salidas para ir a buscar agua.
La realidad en los barrios es explosiva en una Rosario donde el desempleo alcanzó la tasa del 12% según registros previos a la cuarenta, un tema que se agravó porque buena parte de esos empleados están sumidos en la precarización laboral que se traduce por ejemplo en un crecimiento del trabajo pseudo cooperativizado. Según relevamientos existen 225 cooperativas de trabajo con 2500 trabajadores en función, cobrando salarios de indigencia de entre $5000 y $8500, el famoso trabajo embellecido detrás del eufemismo de la economía popular.
El desempleo crece porque con la cuarentena cerraron las ferias y se terminó el changueo, “el manguito con el que vivían el día a día” cuentan las y los compañeros. La desocupación golpea más fuertemente a los jóvenes de entre 18 y 25, cuya tasa de desocupación es del 18%. Para las mujeres jóvenes del 22%. Este es el caldo de cultivo de los eslabones débiles del narco, los mismos que se rompen mientras policías y grandes beneficiarios viven en las torres ribereñas o en los barrios privados. También el ámbito donde se engendran las condiciones para los crímenes contra las mujeres, privadas de trabajo y casa propia.
La cuarentena en los términos de resguardo de la población es una estafa para la mayoría de la población de los barrios cuando se vive en condiciones insalubres. Las familias en el barrio no pueden experimentar el lado de cuidado que desde el gobierno se busca instalar con el “quedate en casa” y viven con gran pesar la cara más vil de este régimen social capitalista. Como los vecinos de La Tablada, que se ven lidiando en sus casillas de pasillos con goteras en el techo, inodoros rebalsados y familias numerosas viviendo hacinadas en un cuarto que tiene por casa. O como lo que pasa en el asentamiento de Camino Muerto, con familias viviendo en ranchitos pegados a un basural y su baño del otro lado de la vía, que muchas veces la policía les impide usar.
Vecinas de Nuevo Alberdi, Parque Casas y Zona Cero, al norte de Rosario, denuncian que se acumulan pilas de basura, no se fumiga y “los mosquitos te llevan en anda”. Tampoco se desratiza y “los ratones son grandes como un gato”. Son muchos los compañeros que viven del cirujeo como único sustento de vida y tienen que lidiar la policía que “te lleva a empujones a tu casa amenazando con que si te ven de nuevo en calle te van a llenar detenidos”, denuncian Pablo y Andrea, que está embarazada
Militarización
El operativo de saturación policial en Rosario y el cordón es de larga data, se acumulan fuerzas nacionales, provinciales y municipales en la misma proporción que crecen y multiplica los crímenes narco, así como los vínculos de las llamadas fuerzas de seguridad con esos delitos. Ahora se suma el ejército, que está entregando la comida que los gobiernos retacean a las organizaciones populares y con los métodos con los que nosotros venimos reclamando, con un camión de distribución barrio por barrio. No se nos escapa que en medio del agravamiento de la crisis producto del coronavirus, los gobiernos busquen contener una situación social explosiva de la mano de los milicos y las iglesias, que promueven cadenas de rezo en los barrios todos los días puntualmente, asiduas como son al asistencialismo y a los rituales.
Venimos denunciando que la militarización de los barrios populares se monta en el abuso de la autoridad, con el aval del gobierno municipal y provincial. Escarmientan y atormentan sobre todo a la juventud. Ese abuso de autoridad se refuerza con la emergencia en seguridad que habilita a los efectivos a portar un cartucho en recámara y en las declaraciones del presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti, respecto de la tolerancia cero para los que no estén en cuarentena.
Exigimos
Ahora más que nunca exigimos un seguro económico a los desocupados y trabajadores en negro de $30.000 y todos los elementos sanitarios, de desinfección y alimentos que se requieren para poder enfrentar esta crisis de gran envergadura.
Campaña de fumigación y descacharrización. Basta de muertes por dengue. Desmalezamiento y erradicación de la plaga de ratas. Servicio de recolección de residuo con un camión por zona. Vaciamiento sistemático de los pozos sépticos.
Urbanización integral de las barriadas. Acceso a la vivienda, agua potable y cloacas.
Apertura de salitas y reapertura de las que cerraron en medio de la pandemia. Provisión de insumos y personal, en planta permanente, y con todos los resguardos de seguridad.
El fin de los atropellos policiales. Juicio y castigo a la policía del gatillo fácil. Desmantelamiento del aparato represivo vinculado a los crímenes narco.
