El ministro del Interior francés, Brice Hortefeux, dirige la ofensiva contra el colectivo romaní, lanzada el pasado 28 de julio por el propio presidente, Nicolás Sarkozy, cuando anunció el desmantelamiento de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos contabilizados en el país “en un plazo de tres meses”.
El hecho se enmarca en una serie de iniciativas de la política de seguridad del mandatario francés, que incluyen la retirada de la nacionalidad francesa a los “delincuentes de origen extranjero que hayan atentado contra una autoridad pública”, la condena de los padres de jóvenes que hayan cometido delitos y multas a los alcaldes que no incumplan en materia de seguridad.
La medida suscitó la inmediata reacción y crítica de Rumania, cuyo canciller, Teodor Baconschi, dijo temer “reacciones xenófobas en varios países europeos” y “el riesgo de derrape populista y reacciones hostiles en un contexto de crisis económica”.
“Debemos mantener nuestra lucidez y ver qué podemos hacer juntos para que en Francia, en Rumania y a nivel europeo encontremos una mentalidad abierta y no xenófoba ante los representantes de esta población gitana”, declaró en una entrevista a Radio France Internationale.
“Si intercambiamos acusaciones o criminalizamos a título colectivo a grupos étnicos, estaremos resucitando algunos de los recuerdos menos agradables. Y en lugar de encontrar soluciones, estaremos generando tensiones”, advirtió Baconschi, según refleja también la agencia de noticias Europa Press.
Ante la catarata de críticas, fuentes gubernamentales francesas subrayaron que los gitanos abandonan Francia “de forma voluntaria”, luego que el gobierno entregara un incentivo de 300 euros (390 dólares, aproximadamente) a cada adulto y 100 euros adicionales por cada niño, para que los implicados salgan del país.
Según anunció Hortefeux, al frente de la ofensiva, un primer avión con 79 indocumentados a bordo partirá mañana con destino a Rumania, que será seguido por otros dos antes que finalice este mes, hasta cumplir el cupo de 700 personas deportadas.
La Comisión Europea, en tanto, anunció hoy que seguirá “muy atentamente” que Francia respete el derecho comunitario “como todos los demás Estados de la Unión Europea (UE)”, según expresó un portavoz del Ejecutivo comunitario en Bruselas.
El funcionario no quiso responder a la pregunta de si la Comisión considera incorrecto el proceder de las autoridades francesas. “Observamos la situación, eso seguro”, dijo.
“Francia dice que no se trata de una expulsión masiva y que se examina cada caso”, agregó el portavoz comunitario.
El funcionario también mencionó que el presupuesto de la Comisión incluye unos 12.000 millones de euros (15.000 millones de dólares) para la integración de minorías en el periodo 2007-2013.
También en Bulgaria, la polémica medida del ejecutivo galo fue criticada y calificada de “antieuropea” por el conocido sociólogo Koljo Kolew a la agencia de noticias Focus en Sofía.
La repatriación implica que se “acuse a determinadas personas de una culpa colectiva”, recalcó Kolew en Sofía, donde el ministro del Interior, Tzvetan Tzvetanov, había señalado -después de que Francia diera a conocer los planes de expulsión a finales de julio- que su país acogería a los repatriados.
Unos 650.000 de los 7,6 millones de búlgaros son de etnia romaní. Sólo en Sofía viven unos 30.000 gitanos.
Rumania, por su parte, cuenta con recibir a unos 371 gitanos en los próximos días, según declaraciones del secretario de Estado en el Ministerio de Trabajo, Valentin Mocanu, que llevó a cabo las negociaciones con Francia.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU también se sumó a la ola de denuncias a Francia por vincular inmigración con inseguridad.
Una encuesta publicada ayer por el diario Le Figaro, no obstante, registra que la mayoría de los franceses (un 79% de los encuestados) está de acuerdo con el gobierno en esta controversial medida”, porcentaje que trepa hasta el 94% entre el electorado de derecha.
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