El gobierno nacional tiene decidido que los sectores que con más espalda para transitar este contexto excepcional de aislamiento como consecuencia de la pandemia sean los que más aporten para poder combatir el coronavirus, siempre sobre la idea que rondó desde el minuto uno: la salud por sobre la economía. En ese sentido está dirigido el proyecto del oficialismo en el Congreso para gravar a las grandes fortunas. Lo que en un primer momento estaba dirigido hacia las personas físicas, también incluirá a las jurídicas, de esta manera no sólo los patrimonios individuales abultados pagarán un tributo por única vez y de manera excepcional, sino que también lo harán las grandes firmas. Aún queda mucho camino legislativo por recorrer, de hecho en el Frente de Todos se deben aunar varias iniciativas en este sentido, pero un “cálculo” conservador indica que con una alícuota del 1% sobre el universo de los 15 mil aportantes más pudientes, se podrían recaudar 800 millones de dólares.
La diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos expresó ayer a FM La Patriada: “Estamos hablando de unas 15 mil personas, es decir, un 0,03% de la población argentina” y consideró que, “en el escenario más conservador, que es una alícuota del 1%, se recaudarían 800 millones de dólares”.
“Con esa mínima de uno por ciento se podría incrementar en un 50% la asistencia prevista para las provincias en el marco de la crisis del coronavirus”, dijo Vallejos, y recordó que, “entre 2015 y 2019, la brecha de ingresos escaló de 16 a 21 veces”.
Según explicó la diputada, “eso quiere decir que el 10% más rico de la población se apropió en ese período de 6 puntos porcentuales extra sobre el ingreso nacional, la torta de lo que produce Argentina, y esto nos da una pauta de quiénes están en mejores condiciones en argentina para hacer un aporte excepcional”.
El proyecto del Frente de Todos está siendo elaborado por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, junto a Vallejos y Darío Martínez, y contempla, por única vez, un impuesto sobre las personas físicas y jurídicas de las fortunas más altas del país, como grandes grupos económicos de bancos, supermercados, laboratorios, compañías de seguros o agropecuarios, entre otros.
Por su parte, el diputado Itai Hagman –en diálogo con El Destape Radio– indicó: “Estamos en un contexto en donde un 30 o 40 por ciento de las pymes se están hundiendo y millones de trabajadores que se han quedado sin ingresos”.
“Para contener esa caída, el Estado está poniendo recursos, pero también hace falta que los sectores de mayores ingresos y riqueza acumulada hagan un aporte”, explicó Hagman y reiteró que “es muy importante aclarar que el piso es muy alto, lo que significa que es una porción ínfima el porcentaje de la población” la que pagaría el impuesto.
“Esto no va a afectar ni a la clase media, ni a la clase media alta, ni a las pymes sino a grandes fortunas y quizás grandes empresas”, reiteró.
Apoyo legislativo
Legisladores de todo el país se manifestaron ayer a favor de la idea de gravar a las grandes fortunas del país, aunque esperan a leer los detalles de los proyectos de ley que finalmente sean presentados en el Congreso.
Por lo pronto, el Frente de Todos ratificó ayer que la iniciativa que presentará a fin de semana en la Cámara de Diputados para crear un impuesto a las grandes fortunas «no afectará» a la clase media, ni a la pymes y al sector productivo, según expresaron los legisladores oficialistas.
El diputado oficialista de Corrientes Jorge Antonio Romero se mostró de acuerdo con la iniciativa: «Se trata de devolver una parte, que sería mínima y hasta casi simbólica, ante una situación de crisis económica global que impacta muy fuerte en nuestro país tras la hecatombe económica y financiera dejada por el nefasto gobierno de Mauricio Macri, donde no fue casualidad que algunos sectores obtuvieron riquezas mucho más que importantes».
También el diputado nacional por Córdoba Eduardo Fernández se expresó a favor: «Nadie va a dejar de ser rico por este impuesto, no tiene carácter ni de revancha, ni de venganza que algún distraído por ahí le adjudicó».
Por su parte, el diputado nacional por La Pampa Martín Berhongaray, del radicalismo, coincidió «con que debe tributar de una manera diferenciada quien más tiene, pero con dos recaudos: el primero, que manda cuidar especialmente a las actividades más afectadas por la crisis económica; y, el segundo, cualquier nueva imposición debe respetar el marco normativo establecido».
Desde Chubut, la diputada nacional Rosa Muñoz, de Chubut Somos Todos, afirmó que está «de acuerdo con la idea de que se grave con un impuesto extraordinario a los grandes capitales», pero dijo que tiene sus «dudas jurídicas».
En tanto, el senador rionegrino Alberto Weretilneck reclamó que fuera «por única vez, con un destino específico y coparticipable».
Voces en contra
Por su parte, se manifestaron en contra de gravar a las grandes fortunas la diputada correntina Sofía Brambilla, del PRO, que sostuvo que «en todo el mundo se tiende a disminuir impuestos para reactivar la economía, no a crearlos»; y el diputado nacional pampeano Martín Maquieyra, de la misma fuerza política, que afirmó que «en lo filosófico» está totalmente de acuerdo, «pero se tendría que ver bien el detalle del proyecto».
En el mismo sentido, senadores opositores aliados de Cambiemos rechazaron la iniciativa por considerar que los sectores de mayores riquezas «lejos de ser atacados tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones».
Los senadores Juan Carlos Romero (Salta), Clara Vega (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Reutemann (Santa Fe) que conforman el interbloque Federal, aliado a Cambiemos en votaciones de determinadas propuestas, pidieron ayer un mayor funcionamiento del Congreso «para trabajar en todos los temas que preocupan a la sociedad y no sólo en iniciativas que acrecientan la grieta».
En medio de la emergencia mundial por la pandemia de Covid-19, los legisladores evaluaron que los sectores de mayores riquezas de la Argentina, «lejos de ser atacados, tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones y contribuir a poner al país de pie nuevamente, luego de una crisis que ya existía y se terminó de profundizar por esta emergencia global».
Los senadores opositores opinaron que se trata de «una iniciativa que sólo agranda la grieta y no ayuda en nada a respaldar el camino tomado por el presidente Alberto Fernández para combatir esta pandemia».
