En el marco de la cuarentena administrada derivada de la pandemia del covid-19 que azota al mundo y tras una lluvia torrencial que anegó buena parte de la ciudad de Rosario, también hubo espacio para reclamar la plena vigencia de los derechos de lxs trabajadores.
Este miércoles, a primeras horas de la mañana, una delegación del colectivo Docentes Reemplazantes Autoconvocados se hicieron presentes en la sede del Ministerio de Educación para hacer visible su reclamo.
Y el reclamo de los docentes da vergüenza ajena. Porque lo que pretenden no es más ni menos que trabajar y que les paguen por ello. Así de simple.
La situación irregular comenzó en diciembre pasado cuando culmino el ciclo lectivo 2019. En aquel momento los docentes reemplazantes quedaron virtualmente sin trabajo y sin cobrar parte de su salario. Cabe recordar que el gobierno provincial decretó asueto administrativo y esa decisión postergó el pago salarial para febrero.
Sin embargo, no solo no cobraron en febrero ni en marzo (ya con el covid-19 invadiendo el mundo) sino que tampoco en abril. Ahora la nueva promesa es mayo.
Pero la alarma se suscitó en estos días a partir de las declaraciones del secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, quien, por la caída de la recaudación, puso en duda el pago de los sueldos del mes en curso y señaló que “se pedirán recursos a la Nación para hacer frente a la planilla de sueldos”.
Es en ese contexto que los docentes autoconvocados llevaron al Ministerio de Educación un documento que denominaron como la Lista de Emergencia Alimentaria, que contiene los nombres de casi tres mil docentes reemplazantes y otros tantos de asistentes escolares, sólo de la ciudad de Rosario.
Y a escala provincial el número asciende a 35 mil asistentes escolares y 20 mil docentes.
La situación no puede ser más perversa: no tienen trabajo en la actualidad, no los alcanza, desde el punto de vista del encuadre laboral, ninguno de los programas lanzado por el gobierno nacional y el gobierno provincial les debe, desde diciembre, buena parte de su salario.
Como diría un vendedor callejero, como si todo esto fuese poco, tampoco pueden trabajar porque no están dentro de las actividades permitidas.
Los referentes del colectivo coincidieron en señalar la solidaridad y las gestiones del gremio (Amsafe Provincial) al tiempo que también dijeron que “esas prácticas tienen un límite”.
“No podemos vivir así. Queremos cobrar lo que nos deben. Pero lo principal es poder trabajar y cobrar nuestro salario”. Días atrás, la ministra de Educación, Adriana Cantero, había señalado que esperaban ayuda del ministerio nacional.
El intento de presentación del reclamo de los trabajadores en el Ministerio de Educación, no fue menos alarmante. El edificio estaba cerrado y los reemplazantes fueron atendidos por personal de seguridad.
“El edificio está cerrado, no hay nadie. Disculpen pero no puedo tomar los papeles que traen. No estoy autorizado”, les dijo el guardia.
Los referentes señalaron que por toda respuesta recibieron una dirección de correo electrónico para hacer el reclamo pero todo se complica porque no hay “sintonía fina” entre el gobierno nacional y el provincial. Los recursos en educación, casi en su totalidad, provienen del Estado nacional que en algunos rubros ha triplicado la ayuda.
Cuando la pandemia pase se hará inevitable la necesidad de un debate a fondo sobre el rol del Estado como garante de los derechos de lxs trabajadores. Pero, ¿quién se hace cargo del presente, del estado de necesidad de estos trabajadores?
