Marcelo Maisonnave **
En su libro El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo (Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2015, p. 122), Eugenio Raúl Zaffaroni señala: “…La desconfianza en el derecho equivale al descreimiento en la posibilidad de una coexistencia mínimamente razonable y respetuosa de la dignidad de todos los habitantes. Lo peor que puede suceder es que se profundice esta desconfianza hasta el límite en que el derecho sea arrojado lejos, como una herramienta inútil”.
Un sistema sin actualización
El aislamiento social, preventivo y obligatorio que atravesamos expuso, quizás como nunca antes, las carencias cotidianas que ostenta el Poder Judicial en nuestro país, y en nuestra provincia en particular.
En Santa Fe, observamos sorprendidos las discusiones internas dentro de la Corte Suprema de Justicia provincial, no porque las consideremos inoportunas o innecesarias, todo lo contrario; el asunto es que tales debates se plantearon incorporar las realidades de la comunidad y de los operadores jurídicos.
En realidad, lo que vemos en esta cuarentena no es ajeno a lo que experimentamos cotidianamente en el tránsito por los pasillos del Tribunal.
Un sistema sin actualización en el uso de las tecnologías de la comunicación y la información; juzgados desbordados de trabajo, especialmente en los fueros laborales y de familia; explotación laboral a practicantes que son imprescindibles para el funcionamiento de los juzgados y que no reciben las remuneraciones de ley; selección de magistrados mediante procedimientos que cuentan con escasa participación comunitaria; falta de perspectiva de género y de atención a las necesidades de la población más vulnerable; funcionarios judiciales que merced al privilegio de su rasgo vitalicio permanecen décadas en lugares de decisión fundamentales y se alejan de las realidades de abogados/as y usuarios/as del sistema judicial.
Remover los obstáculos
Consideramos, desde Unión de Graduados, que es hora de poner en discusión el servicio de justicia en toda su dimensión, porque está lejos de cumplir su mandato constitucional y convencional.
La pandemia que nos toca vivir, nos debe comprometer a darnos un debate profundo que vaya más allá de los problemas de la coyuntura.
Sin cargar culpas en personas puntuales, pero sí con el rigor que se merece el análisis. Los problemas de la justicia santafesina y argentina no pasan sólo por si se usa un correo electrónico para enviar un escrito o si hay teletrabajo en los juzgados.
Es prioritario comprender la necesidad de que se adopten políticas judiciales que remuevan los obstáculos que imposibilitan el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
No sólo aquellas barreras que afectan a los abogados o abogadas para el ejercicio de su profesión, sino además y prioritariamente, políticas que garanticen el servicio jurídico como necesidad social por su exigibilidad para el ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales de los/as ciudadanos/as.
Una tarea urgente
Repensar y reconstruir la confianza en el Poder Judicial no es una tarea fácil, ni rápida, pero sí es urgente y es una discusión democrática que como pueblo soberano nos debemos.
No podemos permitir la desidia, el desinterés, la lentitud, el desvío de prioridades. Es el momento de situar en el centro de la función judicial a los derechos humanos.
En Unión de Graduados estamos seguros que existen dentro del sistema judicial infinidad de personas muy valiosas, formadas e inteligentes para abrir estas discusiones.
Necesitamos convocar a todos/as, porque sería un fracaso que cuando la cuarentena se termine, volvamos al mismo lugar donde estábamos al empezarla, sólo que con más expedientes y papeles acumulados.
**Abogado y Maestro en derechos humanos (Unión de Graduados. Facultad de Derecho, UNR)
