El comisario Cristian «Chamuyo» Di Franco consintió un acuerdo abreviado en el cual asumió su responsabilidad como parte de una asociación ilícita encabezada por Esteban Lindor Alvarado, también investigado en la Justicia federal por tráfico de estupefacientes. El uniformado fue acusado de omitir conductas tendientes a promover la persecución de delitos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El convenio fue homologado por el juez Mariano Aliau, quien dictó una condena en su contra de 3 años de cárcel y 6 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Di Franco se desempañaba como subjefe de la comisaría 3ª de Carcarañá en el año 2012 y para los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, formó parte de la organización criminal encabezada por Alvarado y sus aportes permitieron construir un permiso estatal contrario a la ley para beneficiar al jefe de la asociación.
Di Franco puso a su disposición parte de los recursos materiales y humanos que se encontraban bajo su responsabilidad como policía para posibilitar el funcionamiento de la asociación ilícita; procuró la impunidad a los hechos ejecutados por los integrantes de la organización, desvió investigaciones judiciales; aportó información reservada que tenía por su función que permitió la comisión de delitos, enumeraron desde la Fiscalía.
Además, Edery y Schiappa Pietra lo sindicaron por omitir investigar los delitos cometidos por los miembros de la asociación ilícita y por llevar a cabo acciones policiales de recolección de información para dirigir la pesquisa contra personas que mantenían rivalidades con la banda garantizando la continuidad del negocio criminal de la organización.
Puntualmente, los fiscales le achacaron ingresar en junio de 2012 y dos veces en julio de ese año al sistema de Plana de Secuestro y del Registro Nacional de la Propiedad Automotor a pedido de Alvarado con el fin de brindarle información de los dominios de algunos autos facilitando así su comercialización en forma ilegítima.
Alvarado fue arrestado en agosto de ese mismo año, y luego condenado en la provincia de Buenos Aires como líder de “la banda de los Rosarinos”, como se llamó a un grupo de robaba automóviles en el norte del Conurbano bonaerense y los desarmaba en la ciudad santafesina.
Los fiscales determinaron también que “Chamuyo” Di Franco habló con un policía de la seccional 14ª de Rosario, que había sido su compañero de promoción, e intercedió para que liberaran a un detenido a pedido de Alvarado.
Según la investigación, el comisario le dijo a su colega que el detenido, David Gargarella “era visitador médico, que trabajaba en una agencia y que era amigo de la infancia suyo”, cuando eso era falso. Gargarella contaba con un pedido de captura de la Justicia de La Plata por estafas millonarias con medicamentos oncológicos.
Chamuyo se presentó ante la Justicia el 21 noviembre pasado tras un allanamiento a su casa. Fue imputado y desde entonces permanece detenido.
Este martes, los fiscales Edery y Schiappa Pietra junto al abogado defensor Paul Krupnik presentaron un acuerdo abreviado ante el juez Aliau. En él, Di Franco reconoció su responsabilidad en los hechos imputados y brindó su consentimiento para una condena al respecto.
Aliau homologó el convenio y dictó sentencia en su contra. Lo condenó a 3 años de cárcel y 6 de inhabilitación especial por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El otro policía condenado
A finales de diciembre pasado, el suboficial santafesino Pablo Emilio Báncora fue condenado a un año de prisión efectiva, inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y obligado a pagar una multa de cinco mil pesos también por ser miembro de la organización narcocriminal de Alvarado. La sentencia, que por el monto de la pena le permitió recuperar la libertad, fue acordada en el marco de un juicio abreviado que alcanzó la defensa del uniformado – José Luis Giacometi– con los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y que homologó el juez Juan Carlos Curto.
Báncora brindó servicios en el Organismo de Investigaciones (OI) hasta su detención, en junio pasado, luego de que se comprobara que sacaba información de la oficina de los fiscales para suministrársela a la banda de Alvarado y procurarle impunidad.
Su detención estuvo a cargo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) en el marco de una serie de operativos en los que también fueron apresados Martín Rey, jefe operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), y su hermano Marcelo, su principal colaborador. También cayó Jorgelina Chávez, una suboficial de la comisaría 24ª de Granadero Baigorria vinculada con Alvarado, según la acusación fiscal.
Las sospechas sobre Báncora comenzaron hace un año cuando el policía dejó su WhatsApp Web abierto en una de las computadoras de las oficinas del Centro de Justicia Penal y detectaron que enviaba mensajes relacionados a la causa que investigaba a Alvarado y a su banda.
Según la investigación, el policía anticipaba lugares que se iban a allanar y brindaba datos falsos a la Fiscalía, como números telefónicos falsos para despistar a los pesquisas o inculpar a miembros de la banda enfrentada a Alvarado, Los Monos. También el uniformado acercó información apócrifa para vincular a Hugo Maldonado, hermano del prestamista asesinado, con un grupo de colombianos a fin de incriminarlos.
Así, además de dilucidar en la organización de Alvarado como se conformaba su brazo armado y el grupo de empresas y testaferros, se abrió otra rama relacionada a la cobertura policial que le garantizaba impunidad y entre los que figuran Báncora y Di Franco.
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