La población travesti trans, una de «las más vulnerables» sobre todo en el contexto de pandemia de coronavirus, está siendo incluida en programas sociales, planes alimentarios y protocolos de salud, y se están realizando gestiones ante situaciones de desalojo y en procesos migratorios, informó este martes el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) que conduce Elizabeth Gómez Alcorta.
En el marco de la emergencia sanitaria, 3.536 personas de ese colectivo fueron incluidas en el programa Potenciar Trabajo, en «un trabajo conjunto» del MMGyD, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi) y organizaciones territoriales, detalló el organismo.
En tanto, 2835 recibieron refuerzos alimentarios en distintas provincias del país en articulación con organizaciones sociales y gobiernos locales.
«Hay muy buenas iniciativas en las provincias» en materia de género, dijo la ministra Gómez Alcorta
También, el MMGyD y el Ministerio de Salud «elaboraron en conjunto recomendaciones y se realizaron intervenciones para garantizar el acceso a los tratamientos hormonales, oncológicos y para personas con VIH».
Además «se realizaron intervenciones» para evitar desalojos y «se atendió la situación» de personas travesti trans privadas de su libertad en el penal federal de Ezeiza.
Por otra parte, desde la subsecretaría de Políticas de Diversidad a cargo de Alba Rueda, «se está brindando asistencia para la regularización de los trámites migratorios de 223 personas travestis trans».
El aislamiento social «evidenció las condiciones de vida en las que subsisten las personas travestis y trans, que sufren un alto índice de desocupación que asciende a más del 80%, la expulsión de los ámbitos de salud, del sistema educativo y otros modos de estigmatización que las convierten en un colectivo altamente vulnerable», dijo Rueda.
El Ministerio explicó que la implementación de Potenciar Trabajo «se realiza a través de la asignación del salario social complementario correspondiente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el fin de satisfacer las necesidades básicas y de fortalecer las iniciativas productivas implementadas por las personas beneficiarias y tiene como otro de sus objetivos el acceso a la terminalidad educativa formal».
Sobre los riesgos de desalojo para quienes viven en hoteles y pensiones en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, el MMGyD «está trabajando en una mesa de articulación» junto al Ministerio Público de la Defensa nacional y de CABA y la Defensoría del Pueblo porteña.
«Al momento se abordaron 120 casos de intentos de desalojo de personas LGBT+ que atraviesan, además, situaciones de violencia, amenazas o estafas», señaló el informe ministerial.
Rueda resaltó que el MMGyD «desde el primer día trabajó en forma articulada con los distintos ministerios y agencias del Estado para implementar políticas que permitan modificar esta situación estructural. Desde el gobierno nacional estamos implementando diversas políticas públicas para la atención integral de este colectivo”.
